Cruz Roja prestará asistencia social a los extranjeros internados en el CIE

El Ministerio del Interior y Cruz Roja alcanzaron ayer un acuerdo para que la organización no gubernamental preste asistencia social y humanitaria a los extranjeros que ingresen en el Centro Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras y Valencia, y para que lo siga haciendo en el de Madrid.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro, rubricaron un convenido de colaboración por el que la organización recibirá una subvención de 400.000 euros con la que financiar los programas sociales y de atención integral de las personas internadas en estos tres centros.

Ya el año pasado, las dos partes firmaron un acuerdo para que Cruz Roja prestará atención permanente durante 2010 a los extranjeros del CIE de Madrid y para ello le concedió una subvención de 210.932 euros.

Se trataba de una iniciativa pionera hasta entonces, ya que el trabajo de Cruz Roja antes se centraba especialmente en atender a los inmigrantes recién llegados en embarcaciones a las costas españolas, especialmente en Canarias y la zona del Estrecho.

La labor del personal de Cruz Roja abarcará la asistencia social y familiar a los internos de los CIE, el mantenimiento de lazos con el exterior y sus familias, tanto en España como en sus países de origen, la mediación con las autoridades, la tramitación de documentos relacionados con su situación o la interpretación de lenguas.

Rubalcaba, en su tercera visita a la Cruz Roja desde que es ministro del Interior, ha valorado el trabajo realizado en el centro de Madrid, que ha sido de "enorme utilidad" para su departamento porque con la información que les han ido trasmitiendo han podido corregir algunos aspectos relacionados, por ejemplo, con condiciones higiénicas.

Con el convenio de ayer, según Rubalcaba, se extiende "lo que se ha hecho bien en Madrid", a los CIE de Algeciras y Valencia.

Los CIE, según Rubalcaba, son centros en los que "la vida a veces es complicada", en donde los inmigrantes irregulares permanecen desde que se decide la expulsión hasta que se les expulsa. Y están allí "sólo con un derecho restringido, el de moverse, porque el resto los tienen todos intactos. No son centros penitenciarios y por tanto hay que hacer un esfuerzo para respetar esos derechos", ha incidido el titular de Interior, quien dijo que la Ley de Extranjería introdujo una serie de modificaciones para abrir los CIE a las ONG y hacer un ejercicio de "transparencia".

En este sentido, el Gobierno lleva un año de retraso en la elaboración y aprobación de un reglamento específico para ordenar el funcionamiento de los nueve CIE que existen en España, norma que según la Ley de Extranjería aprobada en diciembre de 2009, debió estar lista antes de junio del año pasado. Este reglamento no era el único que la ley imponía crear. La disposición adicional tercera dispuso que el Gobierno, en el plazo de seis meses, aprobaría una reglamentación "que desarrollara el régimen de internamiento de los extranjeros" para establecer, entre otras cuestiones, las condiciones en que se debe prestar atención social y sanitaria dentro de las instalaciones. En la actualidad, el funcionamiento de los centros está regido por una Orden Ministerial de hace doce años.

Tanto la actual Ley de Extranjería como su reglamento, que entrará en vigor el 30 de junio, prevén que los centros "dispondrán de servicios de asistencia social y sanitaria con dotación suficiente" y contemplan que las condiciones para la prestación de estos servicios "se desarrollarán reglamentariamente".

Además, disponen que "las organizaciones constituidas legalmente en España para la defensa de los inmigrantes y los organismos internacionales pertinentes podrán visitar los centros de internamiento", asunto que también debe desarrollarse con un reglamento que aún no se ha publicado. No obstante, el pasado 13 de enero el juez Ramiro García de Dios, en funciones de Control Jurisdiccional del CIE de Madrid, dictó sentencia en el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital sobre este asunto, para que el director de la instalación habilitase un horario de mañana y de tarde para que los representantes de las ONG, fueran o no abogados, pudieran entrar en estos recintos.

Con todo, una veintena de plataformas y organizaciones sociales, entre las que se encuentran Algeciras Acoge, CEAR y APDHA, denuncian el "oscurantismo" con el que, aseguran, el Gobierno está elaborando el reglamento así como la negativa a que puedan acceder al CIE de La Piñera.

En España existen diez CIE en los que los extranjeros pendientes de ser expulsados pueden pasar un máximo de 60 días. Están localizados en Barcelona, Algeciras, Tarifa, Málaga, Madrid, Murcia, Canarias (Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura) y Valencia.

El Defensor del Pueblo, en su informe de 2010, reiteró sobre el CIE de Algeciras su petición de cierre por considerar que las instalaciones son "absolutamente inadecuadas, con un más que deficitario estado de conservación y lamentable higiene".