Landaluce acata tocar el convenio bajo "amenaza" de inhabilitación

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, informó ayer de que se ha suspendido la aplicación de los artículos del convenio colectivo municipal que la Junta de Andalucía ha instado a cambiar por, en consideración de la administración autonómica, contravenir la normativa de la función pública. El regidor se mostró en desacuerdo con la decisión tomada por el gobierno regional y con los argumentos que ha esgrimido, pero adelantó que acatará la orden porque se ha realizado bajo "amenaza" de inhabilitación en caso de no ser aceptada.

El primer edil precisó que ayer mismo firmó un pliego de alegaciones al requerimiento de la Junta elaborado por los técnicos municipales que contiene las razones del Ayuntamiento para fundamentar que los artículos impugnados cumplen con la legalidad. Una vez recibida la repuesta de la administración autonómica a este recurso, el Consistorio se planteará "si ir a un contencioso o qué", añadió Landaluce.

De cualquier forma, el equipo de gobierno ha elaborado un calendario de encuentros con los representantes de los trabajadores para adaptar los preceptos señalados. Hoy mismo tendrá lugar una reunión. Y, es más, el regidor mencionó que el Ayuntamiento ya ha pensado cómo reformular los artículos en cuestión.

"La amenaza es clara hacia el alcalde: que tramitarán una inhabilitación por malversación de caudales públicos. No voy a darle una excusa a la Junta para inhabilitarme en un juzgado. Cuando me vaya de aquí, quiero hacerlo por haber perdido unas elecciones y no por una inhabilitación", manifestó Landaluce.

El alcalde especificó que los puntos del convenio colectivo impugnados -que no llegan al 5% del total, aclaró- aluden a cuestiones de acuerdos de prejubilación, de bajas por maternidad, de temas de prestación social o de cobertura sanitaria.

El alcalde criticó que la Junta haya ordenado cambiar ahora unas cláusulas que, según remarcó, llevan aplicándose en el Consistorio algecireño desde hace 20 años. En esta circunstancia y en el cariz admonitorio del requerimiento se basó Landaluce para "sospechar" una vez más de una "persecución política" de la Junta de Andalucía contra el Ayuntamiento algecireño.

Así pues, el convenio colectivo municipal, que se firmó con una vigencia de dos años (para 2012 y 2013), cambiará en los preceptos que ha señalado la administración autonómica. Landaluce cifró ayer que la no aplicación de los artículos impugnados de la forma que fueron aprobados supondrá para el Consistorio dejar de ahorrar casi 140.000 euros.

El documento fue respaldado por unanimidad en asamblea de trabajadores el pasado febrero y en el pleno ordinario de marzo todos los grupos de la corporación votaron a favor de su aprobación. Como informó ayer este diario, el requerimiento emitido por la delegación de la Junta en Cádiz está relacionado en concreto con el acuerdo regulador del funcionariado.