La concesionaria de la grúa se escuda en Garrido para justificar las tasas

Servicios Generales del Estrecho S.L., concesionaria del servicio de grúa, consideró ayer que la apertura de la investigación por parte del Ayuntamiento respecto a la supuesta aplicación de tarifas superiores a las que determinan las ordenanzas "es precipitada y falta de rigor". El administrador único de las empresa, Juan Guillermo González Rodríguez, dijo ayer que la actuación de la empresa se ha realizado en todo momento "conforme a las instrucciones y conocimiento de la responsable del área de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Algeciras", Cristina Garrido.

González Rodríguez añadió que la Ordenanza Fiscal no es de aplicación dado que el 29 de enero de este año se notificó "una revisión de las tarifas correspondientes a varios años anteriores, según pleno de 26 de diciembre de 2008, debido a que no se habían realizado los incrementos en su día, a pesar de haber sido solicitados en tiempo y forma".

El administrador se extrañó de la apertura de la investigación "máxime cuando la normalidad ha presidido la relación" entre Ayuntamiento y la concesionaria el tiempo en que viene prestando el servicio, actualmente en período de prórroga hasta junio.

El administrador añadió que, las cifras respecto al número de vehículos, "no se ajustan a los datos que obran en los archivos de esta empresa, mezclándose vehículos en estado de abandono, correspondientes a este contrato que nada tiene que ver con el servicio de grúa".

En opinión del responsable de esta empresa, esto puede estar motivado porque el 3 de abril pasado presentó un recurso contra la adjudicación provisional del concurso de retirada de vehículos al licitador Nicolás Luna León, "instando la nulidad" de la misma, "por la falta de solvencia económica y técnica del mismo, así como a la posible revisión de la puntuación del referido concurso". La empresa no descartó acciones "por los daños y perjuicios que se produzcan".

Por su parte, la responsable municipal de Protección Civil, Cristina Garrido negó categóricamente "que haya dado autorización o instrucción para cobrar por encima de las tarifas recogidas en las ordenanzas municipales". La concejala añadió que las "pocas conversaciones" que ha podido tener con el responsable de la empresa Servicios Generales del Estrecho han sido siempre con los técnicos como testigo, "jamás he tenido una entrevista a solas".

Garrido insistió en que no es cierto lo que dice el administrador de la empresa y que las únicas ordenanzas fiscales en vigor desde enero de 2009 son las aprobadas en 2008. Por ello, incidió en que "todo lo que haya cobrado de más, es evidente que lo ha hecho sin el acuerdo de esta delegada".

Asimismo, la concejala consideró que sería un contrasentido que ella hubiera propuesto medidas contra las que se ha promovido una investigación por parte de la delegación que ella preside.

La adjudicación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública se adjudicó provisionalmente, y está pendiente de la definitiva. Además del recurso presentado por Servicios Generales, del que Garrido dijo no tener constancia, se une un segundo.