El Manifiesto

HE firmado el manifiesto en favor del castellano como lengua común de España, aunque no estoy muy seguro de que sirva de algo. Bien mirado, también podríamos firmar manifiestos contra la calvicie o el ardor de estómago, y no por ello dejaremos de quedarnos calvos o de tomar bicarbonato. Tampoco tengo claro que algunos argumentos del manifiesto estén bien planteados. "Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas", dice el manifiesto. Y esto sólo es cierto a medias. Cada ciudadano es dueño de la lengua que habla o que quiere hablar, a veces a costa de sus ahorros o de su equilibro mental (mi abuelo me contó la historia de un fanático del esperanto que sólo podía comunicarse, y por carta, con los escasos miembros de su círculo esperantista). Pero también es verdad que los territorios son dueños de las lenguas porque pueden imponer o excluir su uso en virtud de una simple decisión administrativa. Nos guste o no, la lengua es una imposición. La lengua oficial del Brasil es el portugués, pero si los brasileños se guiaran por criterios sentimentales, también deberían ser lenguas cooficiales los centenares de idiomas indígenas de la Amazonia. En Marruecos, el bereber está proscrito de las aulas, aunque sea un idioma hablado por un porcentaje significativo de la población. Y en Irlanda, el gaélico es cooficial con el inglés, y aun así, casi se ha extinguido porque la gente prefiere hablar inglés.

Cuando conviven varias lenguas en un mismo territorio, una lengua se impone sobre otra por razones de peso demográfico o de utilidad o de prestigio social. Y eso explica que los gobiernos autonómicos procuren defender las lenguas que cuentan con menos peso demográfico. Lo que ya no es tan razonable es la instrumentalización política que hacen los partidos nacionalistas de su lengua y de su historia. Es lógico que una parte importante de la enseñanza en Cataluña, Galicia y el País Vasco se haga en catalán, gallego o euskera, pero no es lógico, porque supone una vergonzosa descapitalización cultural, que los estudiantes de esas comunidades sólo reciban dos ridículas horas de enseñanza en castellano, como ocurre ahora en Cataluña y pronto ocurrirá en el País Vasco. Además, los nacionalistas vascos están intentando imponer el euskera en zonas de Navarra donde no se habla euskera desde hace siglos. Y se podrían citar muchos más casos tan delirantes como éstos.

La España constitucional ha sido leal con los demás idiomas hispánicos. Lo que no está tan claro es que los partidarios de esos idiomas -que son tan españoles como el castellano- sean leales con la España constitucional. Por eso he firmado el manifiesto.