Ojo del muelle
Rafa Máiquez
Ya tenemos el lío formado
Editorial
EL pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, reunido ayer en sesión extraordinaria, decidió suspender con carácter cautelar la exhumación de restos de los desaparecidos en la Guerra Civil que ha ido ordenando el magistrado Baltasar Garzón. La Audiencia ha considerado que en tanto no pueda pronunciarse sobre el fondo de la cuestión -si el juez es competente para instruir esta causa penal- no procede que practique diligencias al respecto, salvo las que el ordenamiento jurídico vigente autoriza: sólo las urgentes y las que sirvan para la comprobación de delitos. Ninguna de las dos circunstancias aparecen en este polémico asunto, en el que el juez Garzón y el Ministerio Fiscal se han enzarzado en una disputa procesal que, al final, habrá de dirimir la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De momento Garzón ha recibido un fuerte varapalo en sus pretensiones. Aunque la legítima demanda de los familiares de quienes padecieron fusilamientos a cargo del bando franquista en la Guerra Civil y la inmediata posguerra de encontrar los restos de sus ascendientes y sepultarlos dignamente merece ser atendida por el Estado, el procedimiento ideado por Baltasar Garzón no puede ser más inadecuado e inconveniente. Los argumentos en contra los ha expuesto y repetido la Fiscalía. El juez pretende enjuiciar como delito de genocidio unos crímenes cometidos hace setenta años, cuando ninguna legislación había tipificado dicha figura penal. Por otra parte, los delitos cometidos en el contexto y a consecuencia de la Guerra Civil fueron colectivamente prescritos por decisión de las primeras Cortes democráticas, en virtud de la Ley de Amnistía de 1977, que abrió paso a la democracia. Juristas solventes sostienen, además, que en el hipotético caso de que los crímenes del 36 se pudieran perseguir actualmente, ello no correspondería a la Audiencia Nacional, sino a los juzgados de Instrucción correspondientes a los lugares en que se cometieron. Baltasar Garzón, un juez con sumarios meritorios y que ha prestado servicios importantes en materia de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, se ha equivocado gravemente ahora. Debe desistir del camino emprendido.
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