La gestión de las ayudas forestales no convence

La gestión que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha hecho de las ayudas forestales no ha satisfecho al agro andaluz, sino todo lo contrario y tanto Asaja Andalucía como la Fundación Savia se han aprestado a denunciar que el 70% de la superficie de titularidad privada no podrá recibir los fondos comunitarios que necesita. En su descargo, la Consejería responde que ha hecho un gran esfuerzo y que las ayudas que se van a librar este año duplicarán a las del ejercicio anterior.

Se trata de dos convocatorias : la de ayudas e incentivos dirigidas al sector forestal y la de incendios.

La resolución definitiva de estas ayudas se publicó el pasado 23 de abril y Asaja-Andalucía si bien reconoce “la buena disposición mostrada por la nueva directora general de Medio Natural, Araceli Cabello”, califica estas convocatorias de “fracaso sin paliativos y una enorme decepción para todos los titulares de explotaciones forestales que llevaban años esperándolas”.

Explican que en el caso de las ayudas para la Prevención de Incendios (Operación 8.3.1.), tan sólo han sido aprobados 23 expedientes en toda Andalucía, lo que supone el 2% de los presentados. La organización agraria indica que por ello sólo se van a invertir 120.000 euros de los 14,5 millones anunciados, “el 0,87% de lo presupuestado en prevención de incendios en montes privados en toda Andalucía”.

También mantienen que “el 98% ha sido rechazado con motivos totalmente incongruentes e incluso erróneas”. Asaja Andalucía entiende que se debe “a un grave error por parte de los técnicos de la administración a la hora de comprobar y grabar la documentación aportada por los propietarios” y afirman que en tan sólo unos pocos días, los Servicios Técnicos de Asaja han podido cotejar un buen número de expedientes en los que las causas utilizadas para rechazar las solicitudes no se han producido.

En cuanto a las Ayudas Forestales (Operación 8.5.1), Asaja señala que de los 106 millones de euros presupuestados, la Consejería ha anunciado ya que sólo llegarán al campo 63,3 millones, “aunque es probable que acaben llegando finalmente muchos menos”. Afirman que entre la resolución provisional, publicada en marzo de 2020, y la definitiva del pasado 23 de abril, “la Consejería ha dejado al 36% de las explotaciones por el camino, pues de los casi 900 expedientes que figuraban en la resolución provisional, se han rechazado 330”. Unos rechazos que, según la organización agraria, “responden en la mayoría de los casos a la inoperancia de los responsables técnicos de esta partida, puesto que hemos detectado numerosas faltas e irregularidades, como la forma irregular de elaborar las actas de no inicio, la supuesta falta de documentación que no es tal, puesto que en muchos casos esta documentación se encuentra completamente subida a la aplicación y con acuse de registro; o la denegación de actuaciones por no tener la autorización correspondiente para ejecutarla, cuando las bases reguladoras especifican que se subvencionarán las actuaciones si en el trámite de audiencia se acredita al menos la solicitud de los permisos, autorizaciones y licencias”.

Por todo ello, Asaja-Andalucía insta a la consejera, Carmen Crespo, a que arregle de oficio todos estos errores, “fruto de la incompetencia de la propia administración, y si no, a que revoque las resoluciones, las examine de nuevo con el preceptivo tramite de subsanación, y publique una nueva resolución”.

Fundación Savia

La Fundación Savia, que preside Paco Casero también ha destacado que el monte andaluz esperaba con mucha atención la resolución de la convocatoria de ayudas e incentivos dirigidas al sector forestal y la de incendios. “Una actividad -dicen- muy necesitada de inversión, que echaba en falta estos incentivos públicos, necesarios para una actividad fundamental para nuestro territorio, pero con enormes problemas económicos y de viabilidad”.

Agrega que en el marco 2014-2020 sólo se han publicado en la Junta de Andalucía dos convocatorias de ayudas e incentivos dirigidas al sector forestal, la de incendios, convocada en 2018, y la del incremento del valor ambiental de los ecosistemas forestales, convocada en octubre de 2019.

Para Savia el comunicado con la resolución definitiva de los expedientes “ha dejado desconcertado al sector”, por ello instan a la Junta de Andalucía “a que, a la mayor brevedad posible, se habiliten mecanismos que permitan solventar el máximo número de expedientes que en estos momentos han decaído, muy probablemente, muchos de ellos por pequeños errores administrativos, burocráticos o cambios de titularidad, seguramente subsanables si se les hubiese dado a los interesados una posibilidad de audiencia y enmienda que no llegamos a entender por qué no se ha producido”.

“Hay que buscar una solución que no sea la de los recursos contenciosos administrativos que resultan engorrosos, pesados, largos, caros y que, desde luego no favorecen el objetivo que entendemos que todos tenemos en común, la viabilidad del sector forestal andaluz”, agrega Francisco Casero, quien propone a la Consejería la creación de una comisión de seguimiento de la situación en la que participen los afectados y tenga como objetivo resolver los expedientes pendientes a la mayor brevedad posible.

Respuesta de la Junta

El secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, Francisco Gutiérrez, se ha mostrado “muy sorprendido” por las “injustas” declaraciones realizadas por la organización agraria. Ha dicho que Asaja no ha valorado el trabajo desarrollado por la Consejería “para revertir la caótica situación heredada del Gobierno anterior” y convocar unas ayudas “después de siete años olvidadas en un cajón de la Junta”.

Ha remarcado que “no solo el actual Gobierno ha sacado adelante una convocatoria más simplificada y asequible” para los propietarios forestales, sino que además ha logrado pasar de los 33 millones de la convocatoria anterior a los 63,3 millones de euros de la actual. “Esto ha permitido que se hayan beneficiado un total de 554 solicitantes repartidos por toda la geografía andaluza”, ha detallado.

Agrega que las subvenciones ahora resueltas suponen una media de inversión de alrededor de 110.000 euros por resolución, siendo los beneficiarios personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes, unidades económicas o de patrimonio y ayuntamientos que poseen este tipo de terrenos.

“El objetivo es eliminar trabas burocráticas y así se lo hemos trasladado siempre a Asaja, con quien trabajamos de la mano en pro de políticas que beneficien a Andalucía en materia medioambiental”, concluyó.