El Ayuntamiento de Algeciras sostiene que los fondos europeos no peligran por la sentencia del TSJA

Las obras en el Llano Amarillo que corresponden al Ayuntamiento de Algeciras no van a frenarse a pesar de la sentencia del El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) donde declara nulo de pleno derecho el estudio de detalle aprobado por el Consistorio en el marco del proyecto del Lago Marítimo.

La concejal de Urbanismo, Yessica Rodríguez, calcula que estas obras "que son absolutamente legales" concluirán en marzo de 2024, y especifica que se trata de las mejoras que "no implican la construcción de los dos nuevos edificios", sino sólo los espacios verdes, los nuevos pavimentos y explanadas frente a la playa de Los Ladrillos y el carril bici, además de la renovación de la red de pluviales, el alumbrado y el sistema de drenaje y riego.

Esta parte del proyecto cuenta con un presupuesto de 3.728.230 euros cofinanciados por la Unión Europea mediante el plan de Recuperación y Resiliencia, Next Generation UE, "unos fondos que no corren peligro, por muchas mentiras que lancen desde el PSOE de Algeciras", ha asegurado en rueda de prensa la concejal, quien ha añadido que ya han recibido el 70% del presupuesto y que la Comisión Europea movilizará de aquí a 2026 la totalidad.

Precisamente, la CE aprobó a comienzos de octubre la Adenda del Plan de Recuperación de España, la cual modifica el calendario y la definición de algunos hitos para asegurar el aprovechamiento de los fondos Next Generation. Eso implica que el Ayuntamiento de Algeciras se acogerá a una prórroga de tres meses para culminar su gran proyecto del Lago Marítimo y "hacer las cosas mejor", ha expuesto este martes Yessica Rodríguez.

"Sobre el edificio de la Universidad de Cádiz, tendrán que hablar los que saben, que son los abogados del Estado, de la APBA y del Ayuntamiento", ha añadido la concejal. "La sentencia del TSJA se limita al espacio de dominio marítimo-portuario, concretamente al área destinada al equipamiento portuario", ha recordado.

Sin modificar el PGOU

Al final de la rueda de prensa celebrada este martes en el Ayuntamiento, Yessica Rodríguez ha declarado que los técnicos municipales "le enseñaron un plano al grupo municipal socialista donde, en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2005, ese espacio estaba ordenado". "La zona a la que se refiere la sentencia del TSJA figuraba ya como espacio de equipamiento", por lo que la concejal no entiende las últimas denuncias lanzadas desde el PSOE.

La responsable de Urbanismo descarta una futura modificación del PGOU porque "cumple perfectamente". "Otra cosa es la actuación que la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras tenga que llevar a cabo", ha respondido a Europa Sur al final de la rueda de prensa.

Dinero público en riesgo

En un nuevo rifirrafe, la secretaria general del PSOE algecireño y portavoz en la Corporación, Rocío Arrabal ha instado a José Ignacio Landaluce a actuar “con prudencia y responsabilidad, como ya ha hecho la Autoridad Portuaria, parando sus actuaciones a la espera de informes jurídicos, porque lo que se está poniendo en riesgo es dinero y patrimonio público”, ha manifestado este martes.

Los socialistas van a llevar al próximo pleno municipal, este viernes 24 de noviembre, una moción por la que se insta al Ayuntamiento a cumplir con su función de “garante de la legalidad urbanística” y reclaman “que se tramite un instrumento de ordenación urbanística que dé plena garantía jurídica a las actuaciones que se desarrollan en lo que se denomina zona B del Llano Amarillo”, como puede ser “una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana”.

En el texto de la moción se insta también a la redacción de un Plan Especial por parte de la Autoridad Portuaria, para que, como dice la sentencia, se proceda a “la completa ordenación de la zona”, así como trasladar a la APBA “la conveniencia de solicitar un dictamen a la Abogacía del Estado sobre las consecuencias de la reciente sentencia del TSJA”. Igualmente, el PSOE aboga por pedir el correspondiente informe al Consejo Consultivo de Andalucía que, pese a ser preceptivo, "tampoco se pidió en su momento".

“Aquí el único que tenía prisa era el señor Landaluce, que tenía que tener algo que enseñar a los ciudadanos en las municipales, y si había que poner en riesgo el dinero y el patrimonio de todos, allá penas. Ahora vienen las lamentaciones y la incertidumbre sobre una actuación muy mal planificada”, ha advertido el secretario de comunicación de la Ejecutiva local, Fernando Silva.

Arrabal ha insistido en la necesidad de “parar este despropósito” y ha recordado que, de momento, la sentencia del TSJA ya condena en costas a los demandados a 2.400 euros más IVA.