Botafuegos, la cárcel de España donde más teléfonos se intervienen

Botafuegos se ha erigido en la cárcel de España en la que más teléfonos móviles se interviene a sus internos. Según los datos del Ministerio del Interior facilitados por el sindicato de prisiones Acaip, en concreto las fuerzas de seguridad han aprehendido 690 aparatos en los últimos 5 años.

Se da la circunstancia que en aquellas prisiones donde se albergan más internos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo, es donde más teléfonos se han retirado. En Botafuegos se hallaron en 93 terminales en 2017; 192 en 2018; 138 en 2019; 135 en 2020 y 131 en 2021.

Con un tamaño aproximado de 47x21x12 mm, más pequeño que un mechero y de unos 13 gramos, menos peso que una moneda de 2 euros, permite a los reclusos esconderlos en lugares impensables para cualquier persona, como pueda ser dentro de un hueco practicado al colchón de la cama, el tacón de un zapato, el interior de un bollo de pan, el interior de un marcador fluorescente, el doble fondo de un libro manipulado, las rendijas de ventilación o, incluso, dentro del cuerpo. Con él se pueden hacer llamadas y mandar mensajes de texto y puede comprarse por 20 euros.

"Son prácticamente todo plástico y tienen pocas piezas de metal, por lo que es sencillo el eludir el arco detector de metales, a éste hándicap, habría que añadir la falta acuciante de personal para hacer registros más estrictos y exhaustivos, para intervenir los objetos prohibidos, entre ellos los miniteléfonos", explica el sindicato.

"Como solución, la Administración Penitenciaria en el año 2008, instaló en Algeciras, al igual que en otras macrocárceles de alta seguridad, aparatos inhibidores de frecuencia de teléfonos 2G o 3G, pero posteriormente no se han preocupado en hacerles ningún tipo de mantenimiento, por lo que actualmente unos están operativos y otros fuera de servicio por avería. Desde que hay 4G y el 5G da igual que el inhibidor esté operativo o no, porque no tiene la capacidad de inhibir a los nuevos terminales", subraya Acaip.

Estos pequeños terminales, explica el sindicato, están prohibidos porque van contra la seguridad o el buen orden del establecimiento, "al ser utilizados por internos pertenecientes a bandas organizadas, narcotraficantes, yihadistas... para seguir dirigiendo sus actividades delictivas desde el interior de la prisión. Otros lo utilizan para obtener un beneficio económico, pues se venden por un precio que oscila entre 200 o 300 euros o lo alquilan a otros compañeros de internamiento y cuando no se pueden saldar las deudas, vienen los ajustes de cuentas, amenazas, coacciones, peleas, agresiones, entre ellos".

"También comporta peligro para los propios funcionarios, porque se hacen llamadas avisando al exterior de los días de trabajo y horarios de entrada y salida. Desde hace años se ha luchado por parte de los funcionarios de prisiones para evitar

la entrada y tenencia de móviles, pero el riesgo es pequeño porque el introducir un teléfono no conlleva para el que lo hace ninguna consecuencia. Si se interviene a un interno, es una falta grave que se sanciona con privación de paseos entre 3 y 30 días. A nivel judicial y penal, no tiene ningún tipo de consecuencia para nadie", continúa.

Acaip-Ugt Botafuegos ha presentado una nueva queja a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. "Ponemos en conocimiento de todos los ciudadanos las dificultades para desempeñar nuestra tarea con eficacia mientras esté masificada nuestra prisión, haya falta acuciante y continuada de trabajadores, no se utilicen los medios electrónicos adecuados o éstos estén obsoletos o fuera servicio", concluye.