Botafuegos, la sexta cárcel en España con más agresiones a funcionarios en 2023

El centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras, registró a lo largo de 2023 cuatro casos de agresiones a funcionarios de prisiones, según una estadística difundida este miércoles por el sindicato CSIF. Dos de estos incidentes implicaron lesiones entre los trabajadores y los otros dos, no.

Estas cifras convierten a la cárcel algecireña, según la formación sindical, en la sexta con más agresiones de España, detrás de Puerto III (la prisión con mayor población reclusa de España), Zaragoza, Dueñas, Puerto I y Puerto II.

El Ministerio de Interior ha publicado que, en 2023, entre las cuatro prisiones de la provincia de Cádiz, se produjeron 27 agresiones a funcionarios de carácter leve y 20 agresiones sin lesiones. Esto supone prácticamente un 10% del total de las agresiones contabilizadas en todos los centros penitenciarios del país.

Para CSIF Cádiz, las cifras oficiales son “inasumibles en un estado de derecho” y “deberían hacer recapacitar a la Administración, aumentando el personal y tomando una serie de medidas que llevamos años reivindicando”. Añade este sindicato que, aunque falta personal en todas las categorías, "hay casos sangrantes" como el tema médico, "con un déficit de personal facultativo que impide el correcto seguimiento y tratamiento de numerosos internos que padecen trastornos y enfermedades mentales".

Además, a juicio de CSIF, son cifras que “están maquilladas por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, pues no se recogen las agresiones verbales, la coacciones o las amenazas, y tampoco los escupitajos o tocamientos, ya que no están contempladas en el protocolo específico de actuación frente a las agresiones”. Si se tuvieran en cuenta estos episodios, “la cifra sería más escandalosa”. Por ello, CSIF también ha reclamado que se actualice dicho protocolo.

A todo esto, CSIF añade que es “crucial que los profesionales penitenciarios sean considerados agentes de la autoridad en el ejercicio de su cargo, ya que, sin este reconocimiento, el trabajador no dispone de un respaldo jurídico ante incidentes graves y lesivos”. “Agredir a un funcionario, en la actualidad, sale muy barato a los reclusos violentos”, apostillan desde la central sindical.