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El Congreso culmina la reforma de la estiba con la convalidación del decreto

Pleno de la Diputación Permanente

El PP, partido impulsor de la reforma, único grupo que vota en contra del nuevo texto por sus dudas hacia el visto bueno de la Comisión Europea

El real decreto regula cuestiones como la subrogación de los portuarios

Ciudadanos y UPN se abstienen

Una de las votaciones favorables a la convalidación de decretos durante el Pleno de la Diputación Permanente. / Juan Carlos Hidalgo / Efe

Algeciras/La reforma normativa del sector de la estiba portuaria queda culminada. La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el nuevo real decreto sobre esta actividad que fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y que regula, entre otras cuestiones, los aspectos laborales en la estiba para dar por cerrada la reforma y la liberalización del sector que impulsó el propio PP durante su etapa al frente del Ejecutivo.

La votación ante el Pleno de la Diputación Permanente se ha saldado con 33 votos a favor, correspondientes al PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y Grupo Mixto; 25 en contra del Partido Popular y siete abstenciones correspondientes a Ciudadanos y UPN.

El PP ha mantenido su postura en contra de la convalidación del decreto por tramitarse fuera del periodo ordinario de sesiones a lo que ha añadido durante el debate sus dudas respecto del aval de la Comisión Europea al segundo texto normativo, complementario al primero.

El Gobierno garantizó antes de llevar el nuevo texto al Consejo de Ministros que toda la normativa cuenta con el visto bueno de Europa. Pese a ello, el PP ha insistido en que con el nuevo real decreto complementario al decreto ley de 2017 se corre el riesgo de un nuevo procedimiento sancionador por parte de la Unión Europea como argumento para anunciar su voto en contra.

Este nuevo texto para la reforma del sector de la carga y descarga de mercancías en los muelles aborda los flecos normativos que se quedaron pendientes en el aprobado en 2017 con Íñigo de la Serna como ministro de Fomento. El decreto regula cuestiones como la subrogación de trabajadores en aquellas empresas que decidan dejar las sociedades de estiba, ahora transformadas en centros portuarios de empleo, a través de los que se gestiona la contratación de trabajadores.

El Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha iniciado el debate solicitando a todos los grupos políticos su apoyo al texto para dar por cerrada la reforma que permita ratificar la paz social en los puertos, la calidad del empleo en la estiba y la flexibilidad requerida por las empresas. "La convalidación del decreto es necesaria para cerrar un proceso abierto, evitar pérdidas económicas, traer la paz social a los puertos y afianzar la competitividad", ha apuntado el ministro en el turno de apertura del debate. Ábalos recordó que el 20 de febrero se aprobó una Proposición No de Ley que instaba al Gobierno a cerrar la reforma de la estiba.

Desde el PP, el diputado Miguel Barrachina ha insistido en que el nuevo texto del Gobierno "deroga" aspectos del primer decreto ley que contaban con el visto bueno de la Unión Europea y ello supone un riesgo para la viabilidad de la ley. "No queremos que una derogación parcial de un texto convalidado por la Comisión Europea dé lugar a un nuevo proceso sancionador. Enseñen el informe favorable", ha instado Barrachina ante el Pleno de la Diputación Permanente.

Momentos antes, el PSOE, a través de Rafael Simancas, solicitaba al PP votar a favor del decreto para cerrar un capítulo normativo abierto desde hace cinco años, cuando se produjo la primera sentencia y sanción a España. "Si tienen dudas, pregunten al PP de Algeciras y a las familias de Algeciras que esperan esta reforma antes de votar en contra", ha instado.

Ciudadanos ha defendido la abstención por estar en contra de los mecanismos utilizados por el Gobierno para tramitar el nuevo texto en las últimas semanas antes de las elecciones generales y por buscar, exclusivamente, apoyos de socios políticos.

La reforma se encontraba pendiente desde hace cinco años, cuando España fue sancionada por los tribunales de la Unión Europea por no permitir la libertad de contratación en el sector.

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