El Consejo de Ministros aprueba el decreto de la estiba

El Consejo de Ministros ha dado luz verde esta mañana al nuevo real decreto del sector de la estiba, que complementa el aprobado en 2017 para asegurar la libertad de contratación en la prestación de este servicio portuario. Este decreto (complementario, puntualiza el Gobierno) tendrá que ser ahora convalidado por la diputación permanente del Congreso de los Diputados.

Este nuevo texto da respuesta a una de las grandes reivindicaciones de los trabajadores del sector (unos 2.000 en el Puerto de Algeciras): regula la subrogación de trabajadores en aquellas empresas que decidan dejar las sociedades de estiba, ahora transmutadas en centros portuarios de empleo, a través de los que se gestiona la contratación de trabajadores.

Según ha explicado la ministra portavoz, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el real decreto habilita legalmente que a través de convenio colectivo "se pueda acordar la subrogación obligatoria", asegurando así algo que "es ya un derecho en otros sectores" y "facilitando la estabilidad en el empleo". La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia había puesto en duda la legalidad de esta fórmula, al proponer sanciones millonarias por el acuerdo alcanzado entre las empresas y los sindicatos portuarios para la subrogación de los contratos de los estibadores.

El decreto también incluye una modificación en la Ley de Empresas de Trabajo Temporal para establecer especificidades sobre los centros portuarios de empleo y del resto de ETT que desarrollen parte de su actividad en la estiba. Así, se establece que los propietarios de los centros portuarios de empleo deban tener la licencia de empresa estibadora, garantizando así la vinculación con la actividad que se realiza. Asimismo, se refuerza la capacidad de los empresarios en la dirección y organización del trabajo.

Además, a través del nuevo instrumento se regula el uso del contrato de aprendizaje para la formación de estibadores y se posibilita la entrada en la profesión de los alumnos que cursan el certificado de profesionalidad del sector.

El real decreto da respuesta a una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el congreso el pasado 20 de febrero y llega, ha señalado Celaá, tras una labor intensa de diálogo tanto con el sector como con la Comisión Europea, "con el fin de esclarecer objetivos y despejar dudas sobre el mantenimiento del marco de libertad de contratación existente a la fecha".