El Consistorio da luz verde a la obra de la Casa Millán con la oposición de la Junta
El Ayuntamiento considera que el informe de viabilidad es suficiente para la demolición interior
Cultura advierte de que no ha otorgado autorización y estudia las medidas a adoptar
Algeciras/La demolición interior de la Casa Millán va camino de enconarse. El consejo de gestión de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras concedió ayer (con la abstención de la oposición) el permiso para el derribo de los muros interiores y forjados del céntrico edificio como primer paso del proyecto de reconstrucción y rehabilitación del mismo. Lo hizo a pesar de que, como adelantó Europa Sur el pasado viernes, la Consejería de Cultura asegura no haber dado autorización para los trabajos. Los técnicos de ambas partes difieren sobre la tramitación que es necesaria para iniciar la obra y la polémica está, una vez más, servida.
La Casa Millán está incluida con un grado 2 en el catalogo municipal de patrimonio, por lo que solo se permite la rehabilitación con reforma, no su demolición total. Pero el inmueble tiene un grado de protección añadido por encontrarse en el entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC), la Iglesia de la Palma. Por este hecho, la Junta de Andalucía tiene que autorizar cualquier actuación que se ejecute en el edificio.
Los promotores de la obra de rehabilitación se dirigieron a la Junta para informar de la intención de realizar una demolición parcial de la vivienda, un ejemplo de arquitectura modernista de finales del siglo XIX. Destacaban en su informe el mal estado del edificio y detallaban los elementos decorativos que podrían ser desmontados o reproducidos y concluían que era necesaria la demolición de todos los forjados, los muros interiores y de los paños de fachada en mal estado, en los que se procedería al desmontaje de los elementos ornamentales para su recolocación o reproducción.
Ante esa petición, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico emitió un informe de viabilidad, en el que señalaba que se permitía la reposición o sustitución de elementos estructurales deteriorados (excluyendo la reestructuración) y la introducción de forjados de entreplanta o nuevos pisos, manteniendo siempre la tipología estructural del edificio. Y admitía que el edificio podría ser declarado en ruina. "Una vez decretada esta por el Ayuntamiento, podría autorizarse en esta delegación un proyecto de rehabilitación con reforma que recoja todas y cada una de las premisas mencionadas a lo largo del presente informe". Sobre esa base, se informaba la viabilidad urbanística de la demolición.
Es ahí donde llegan las discrepancias. Para el Ayuntamiento algecireño, ese informe de viabilidad es suficiente para comenzar la obra. Pero la Junta advierte que no ha recibido proyecto de rehabilitación alguno, por lo que no ha podido dar su preceptiva autorización, algo que fuentes de la administración ya explicaban la semana pasada después de que el Consistorio anunciase que concedería la licencia. Los técnicos de cada parte difieren.
El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Diego González de la Torre, señalaba ayer que desde el comienzo se advirtió a la propiedad que debía realizar un trámite ante la Junta de Andalucía y que así se hizo, y destacó que este proyecto nada tiene que ver con el de la rehabilitación posterior, que habrá que remitirlo nuevamente a la Consejería de Cultura para obtener su autorización. "Se trata de dos proyectos y cada uno tiene su trámite. Ahora estamos hablando tan sólo del de la demolición interior y estabilidad de la fachada, que ya cuenta con todos los requisitos. Y después habrá que tramitar el de la rehabilitación", aseguró.
De la Torre señaló que esa postura ha sido corroborada por el secretario general y los técnicos de Urbanismo, así como por la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, quien señaló que este asunto pasó por una Comisión Informativa de Patrimonio sin que el PSOE pusiera ninguna objeción.
El grupo socialista, como el resto de la oposición, se abstuvo en la votación de la licencia en pro de un principio de prudencia, pidiendo dejar el tema sobre la mesa hasta que no se dilucidasen las diferencias entre administraciones.
La Junta de Andalucía también insistía en su postura. El delegado territorial de Cultura, Daniel Moreno, recordaba al Ayuntamiento que "el derribo de la Casa Millán carece de la autorización preceptiva de la Junta de Andalucía". "La Administración competente para dar luz verde a una actuación como esta es la Consejería de Cultura. Y hasta la fecha la delegación territorial no ha recibido ningún proyecto de rehabilitación por lo que no se ha otorgado autorización ninguna para actuar sobre el edificio", explicaba. Ahora, los servicios jurídicos de la Consejería estudian los pasos a adoptar.
Según la normativa, las licencias otorgadas sin contar con la autorización de la Junta serán consideradas nulas y las actuaciones realizadas ilegales. Ante ellas (o si no se cumplen los requisitos exigidos), la Consejería puede ordenar la suspensión inmediata de las obras y en el expediente que se instruya para averiguar los hechos podrá "autorizar las obras o modificaciones, ordenar la demolición de lo construido o la reconstrucción de lo destruido sin autorización o sin haber efectuado la comunicación previa u ordenar las reposiciones necesarias para recuperar la situación anterior, todo ello con independencia de la imposición de las sanciones pertinentes".
Las sanciones por incumplimiento pueden ir desde leves (hasta 100.000 euros), hasta graves (de 100.001 a 250.000 euros) o muy graves (de 250.001 a un millón de euros).
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