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El Defensor del Pueblo, en su tarea como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, emitió un primer informe de su actividad, en el que pedía el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), de Algeciras y Málaga porque "no reúnen las condiciones mínimas" para desempeñar su actividad.
Esta es una de las recomendaciones emitidas tras realizar más de 300 visitas preventivas y sin previo aviso, en las que se incluían centros de detención de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cárceles, centros para menores infractores, salas de retención en puestos fronterizos, y seis de los nueve centros de internamiento para extranjeros, los que mayor índice de ocupación tienen.
El informe destacaba la situación del CIE de Algeciras, que "no reúne las condiciones mínimamente adecuadas, por lo que debería procederse a su cierre inmediato y a la habilitación de nuevas instalaciones". Llamó la atención sobre "la marcada impronta penitenciaria" de dichos centros y la "acusada tendencia a priorizar las medidas de seguridad y control policial en claro detrimento de las condiciones de vida de los internos". El Defensor del Pueblo reclamó, también, que se investigasen hasta el final las denuncias por tortura o tratos lesivos. "El caso más paradigmático es el de los extranjeros que van a ser repatriados a su lugar de origen, dónde, con demasiada frecuencia, cualquier investigación por malos tratos se acaba suspendiendo, favoreciéndose así la impunidad», explicó en el informe.
Recogía, además, su "preocupación por la exposición mediática de los actos de detención", exigiendo a las fuerzas policiales que "extremen el celo" con el fin de evitar la difusión de estas imágenes. Solicitó que se extendiese la videovigilancia y la videograbación en los centros de privación de libertad para "prevenir comportamientos indebidos por parte del personal" y advirtió que, en la actualidad, hay una gran disparidad de prácticas en esta materia, cuando el criterio "debería ser extender estos medios técnicos a todas las dependencias".
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