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Algeciras/El Defensor del Pueblo insiste: el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Algeciras "no reúne las mínimas condiciones para la estancia de internos". Encuentra deficiencias en aspectos de seguridad, instalaciones de estancia e higiene, asistencia sanitaria, servicio de orientación jurídica y ocio, y por ello vuelve a instar al cierre del centro y la apertura de uno nuevo. De hecho está planificado, pero mientras esto ocurre, señala el Defensor, es necesario ejecutar una serie de obras.
Así se recoge en los informes elaborados por la entidad sobre los CIE de Algeciras y Tarifa. La oficina de Francisco Fernández Marugán presentó ayer su informe anual, en el que remarca que ha iniciado actuaciones de oficio tras constatar significativas carencias en la asistencia social, jurídica y cultural en los centros de internamiento de extranjeros, con motivo de las visitas realizadas por personal de esta institución. Entre ellas están las dos cursadas sin previo aviso a los centros de Algeciras y Tarifa en febrero del pasado año, tras las cuales la oficina formuló una serie de conclusiones y resoluciones, unas aceptadas y otras no.
Así, el Defensor instó al arreglo del módulo de mujeres en Algeciras; en junio del pasado año dejaron de ingresar mujeres en el centro. También reclamó la instalación de un sistema de apertura mecánica en las habitaciones para aumentar la seguridad, un sistema de climatización en los módulos y espacios comunes o la habilitación de espacios de ocio. También se reclama la instalación de duchas en las habitaciones de dos módulos o que se permita el uso de los teléfonos móviles. Pero aunque la mayoría de las peticiones fueron aceptadas muy pocas (fundamentalmente cuestiones administrativas) se han puesto en marcha. En la actualidad, y pese a su mal estado, cuenta con una treintena de plazas solo para hombres.
El doble de personas son albergadas en Tarifa que, a pesar de ser teóricamente un anexo, funciona como un centro independiente. En el caso del CIE de la Isla de las Palomas, que además ocupa un lugar de alto valor ambiental, el Defensor alerta de la alta masificación en las habitaciones y la necesidad de adoptar medidas que garanticen la intimidad en los aseos de las habitaciones colectivas. También se advierte de la humedad y frío en invierno (de hecho hay paredes deterioradas por la humedad), por lo que se reclama un sistema de calefacción. Estas cuestiones ya han sido solicitadas, responden desde la Dirección General de la Policía, que dirige los centros. También se ha solicitado la ampliación de horario del servicio médico (no hay por las tardes y noches) y se están buscando intérpretes. Asimismo, se busca un servicio de orientación jurídica para ambos CIE.
Muchas de estas cuestiones han sido puestas sobre la mesa en informes anteriores del propio Defensor, de la juez de control de los CIE o de distintas entidades. Y siguen sin resolverse, alertan las organizaciones que trabajan con los migrantes.
En general, el Defensor reclama dotar de manera urgente a todos los centros de internamiento de mobiliario suficiente en la zona de ocio y revisar los términos de la subvención pública por la que se externalizan los servicios de asistencia social y cultural de los centros de internamiento de extranjeros a la vista de las significativas carencias detectadas en las visitas realizadas. También elaborar a la mayor brevedad en cada centro, bajo la coordinación y supervisión del director, los proyectos de actuación que, según mandato reglamentario han de ser elaborados por trabajadores sociales y aprobados en junta de coordinación. Y que se garantice el derecho de los internos a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales.
En su función de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), cursó visita el pasado año a la Comisaría de Policía Nacional de Algeciras, centrándose en el dispositivo de detención de personas llegadas en patera. Y en ella (noviembre de 2017) detectó la falta de espacio suficiente para atender al elevado número de migrantes que llegan a la comisaría; así, los extranjeros tienen que sentarse o descansar en el suelo por no haber espacio suficiente en los poyetes. Los visitantes detectaron 7 personas en una celda (el máximo es seis que sean del mismo sexo). Por ello el Defensor reclama un mayor número de dependencias con los servicios mínimos imprescindibles. Por otra parte, señala que se tuvo conocimiento de lecturas de derechos de forma colectiva, mientras que esta debe hacerse de forma individual.
El Defensor del Pueblo ha trasladado a la Fiscalía el caso de 19 ayuntamientos a los que acusa de entorpecer su trabajo por no responder a sus continuos requerimientos de información. Entre ellos está el Consistorio de Tarifa, sobre el que llegó una queja por la falta de respuesta a un ciudadano. También ha llevado al Ministerio Público al Colegio de Abogados de Guipúzcoa, por una queja contra un abogado de oficio. Los citados expedientes se han trasladado a la Fiscalía General del Estado por la presunta actuación obstaculizadora de la labor del Defensor del Pueblo por parte de los alcaldes de 19 ayuntamientos, a fin de que, en su caso, ejerza las acciones oportunas y valore si es de aplicación el artículo 502.2 del Código Penal. Según el informe del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2017, son los municipios de Arganda del Rey (Madrid), Barbastro (Huesca), Carboneras de Guadazaón (Cuenca), Colmenar de Oreja (Madrid), Cudillero (Asturias), Gilet (Valencia), Gondomar (Pontevedra) y Gozón (Asturias). Asimismo, La Hermigua (Santa Cruz de Tenerife), Matallana de Torío (León), Mojácar (Almería), Noblejas (Toledo), Porto do Son (A Coruña), Reus (Tarragona), Salas (Asturias), Talavera de la Reina (Toledo), Vejer de la Frontera (Cádiz) y Zalamea de la Serena (Badajoz).
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