"Con los de arriba nunca me he callado"
Francisco Márquez Salaverri, ex director de la cárcel de Botafuegos | Entrevista
Asegura que el Ministerio del Interior no tenía motivos objetivos para apartarle de la prisión algecireña, aunque admite que fue un director "quisquilloso"
A Fernando Grande-Marlaska le dijo que se había ganado "un tirón de orejas" por no visitar el centro penitenciario
"El recluso, como cualquier ser humano, lo que no soporta es la humillación"
Lleva 42 años trabajando para Instituciones Penitenciarias. Cartagena, El Puerto de Santa María, Daroca, Barcelona, Sevilla y Algeciras han sido los destinos de su impecable hoja de servicios. Francisco Márquez Salaverri, oriundo de un pequeño pueblo de Granada, ha sido, durante los 16 últimos años, el director de la prisión de Botafuegos. Asegura que la cárcel no es un zoológico para observar a los presos tras el cristal. Por eso, conoce cada rincón de los pasillos del centro penitenciario y se ha entrevistado con cada interno.
El pasado mes de febrero, sin motivo aparente, el Ministerio del Interior anunció su cese. Actualmente, se encuentra a la espera de que lo recoloquen en el CIS Manuel Montesinos. Cuando llega al mesón La Perseverancia para la entrevista, en pleno centro de Algeciras, parece desubicado. “No estoy acostumbrado a pasear”, explica.
-¿Cómo recuerda su aterrizaje en Algeciras?
-Cuando estaba trabajando en el psiquiátrico penitenciario de Sevilla, un buen día, me llamó doña Mercedes Gallizo, directora entonces de Instituciones Penitenciarias, y me dijo: “Me he enterado de que eres muy bueno y estás aquí muy desaprovechado. Coge la maleta”. Y en el 2006, me endiñó para Botafuegos. Cuando tomé posesión, el 16 de diciembre de 2006, encontré la cárcel muy abandonada. Los dos subdirectores tenían unas ojeras hasta los pies. Les pedí que se largaran y descansaran, y yo me quedé al mando aquellas Navidades. A partir de ahí, empezamos a funcionar.
-Hasta hoy. Bueno, en concreto hasta el 2 de febrero, cuando recibió una llamada donde el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, le comunicó su cese fulminante al frente de Botafuegos.
-Me voy con la satisfacción del deber cumplido y el reconocimiento de la sociedad de Algeciras. No tengo resentimiento alguno porque creo que no sirve de nada. Somos puestos de libre designación. Tampoco hay elementos objetivos para el cambio. Cuando me llamaron, alrededor de las dos de la tarde, yo venía de ver presos. Me dijo el secretario que ya llevaba aquí mucho tiempo y que la decisión se había tomado a raíz de las últimas cosas que habían pasado y de la quema de los coches de los funcionarios. En definitiva, que creían necesario un cambio. Mi respuesta fue: “Mira, como no protesté cuando me pusieron aquí, tampoco pienso protestar ahora que me quitáis”. Se quedó un poco sorprendido. Luego, el 28 de febrero, el día en que cesé, me encontré aquella pasarela de funcionarios aplaudiéndome. No me lo esperaba. Me emocioné cuando llegué a mi despacho, que se me saltaban las lágrimas. En 42 años, eso no lo he visto nunca. Al fin y al cabo, las personas pasamos y las instituciones permanecen.
-Desde Instituciones Penitenciarias argumentaron que su destitución se producía por “pérdida de confianza”.
-Me considero un director un poco quisquilloso porque en las reuniones con los de arriba nunca me he callado. Digo lo que pienso y he luchado toda la vida por dignificar esta institución. Hace varios años, en un encuentro con directores, recuerdo que estaba Grande-Marlaska como diputado por Cádiz. Me levanté, tomé la palabra y le dije, textualmente, que le tenía que tirar de las orejas. “Estoy harto de verlo a usted que viene al Campo de Gibraltar, nosotros pertenecemos también al Ministerio del Interior y nunca se ha dignado a visitar Botafuegos”, le espeté. Me respondió que eran otros los que le hacían la agenda. La gente que viene de Madrid a visitar la cárcel se quedan algo asombrados porque en la prisión me saludan todos los presos. No entiendo a algunos directores que no ponen un pie dentro de la cárcel. Ojo, si nosotros existimos es porque existen los internos.
También me considero una persona muy humana. Eso no me lo quita nadie. Cuando un preso me cuenta sus problemas, yo no pienso de qué banda es. La humanidad es algo que jamás deberíamos perder en este trabajo. Recuerdo una frase que me dijo mi madre, que en paz descanse, en el año 80 cuando entré en prisiones: “Paco, trata bien a los presos, que cuánto sufrirán esas madres cuando tengan que ir a la cárcel a ver a sus hijos”. Nosotros no estamos allí para ser unos segundos jueces. Se hace mejor justicia cuando se conoce a la persona y sus circunstancias. Más que analizar al delincuente, a veces, habría que analizar las consecuencias del delito y sus circunstancias.
-¿Qué consejo le da a su sucesor, Andrés Enríquez Narváez?
-Creo que tiene un perfil adecuado. Yo lo tuve de administrador y de subdirector. Le deseo lo mejor porque eso también revertirá en lo mejor para los trabajadores y los presos. La prisión está estabilizada y cuenta con un buen equipo. Le he presentado a las fuerzas vivas de la ciudad y le he transmitido lo que yo hacía, como que los martes recibía personalmente a familiares de los reclusos o que todas las semanas visitaba a los internos que me lo pedían. Eso es algo que ahora tendrá que decidir él, si continúa con ciertas costumbres. Hay gente que delega estas tareas en otras personas. Cuando los presos solicitaban una entrevista conmigo, nunca mandaba a alguien. Eso también me servía para tomar la temperatura de la cárcel. Bien es cierto que este tipo de quehaceres conllevan un desgaste emocional fuerte.
-¿Cómo gestiona un familiar que un ser querido esté en la cárcel?
-Las madres son incondicionales. Siempre les he guardado un gran respeto. Cuando está el niño en la calle, enganchado, la madre sólo quiere que entre en el cárcel. Pero cuando lleva encerrado un tiempecito, la madre desea que salga otra vez. Las familias son fundamentales. Sobre todo por el tema de la droga. En esas casas se vive un sufrimiento enorme. A los familiares siempre los he intentado aliviar y atender adecuadamente.
-El Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar se tradujo en un aumento policial, además de más operaciones y más detenciones. Sin embargo, no vino acompañado de una ampliación de las instituciones penitenciarias.
-La política criminal de un país, si no cuenta con la institución penitenciaria, está llamada al fracaso. Como ejemplo, en Latinoamérica, la mayoría de los delitos se planifican desde el interior de los cárceles. Esta comarca, con el lastre de la droga, es muy compleja. El contrabando es muy difícil de erradicar porque se trata de un asunto de oferta y demanda. Mientras haya demanda, seguirá habiendo oferta porque mueve mucho dinero. Los planes que se han puesto en marcha hasta la fecha son parches, pero no funcionan.
Sobre su pregunta, aquí se hacen muchos planes, pero siempre olvidan meter a los funcionarios de prisiones que, a mi entender, no es una profesión lo suficientemente valorada, ni por la sociedad en general ni por los dirigentes políticos. Parece que el verdugo, una vez que entra en la cárcel, se convierte en víctima y ya nadie se acuerda de nada. Y luego nos quedamos nosotros luchando con internos que, en muchos casos, sufren enfermedades mentales, una problemática grande... Siempre digo que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las reconoce la sociedad, mientras que a nosotros nos valoran los delincuentes y sus familias. Nuestro trabajo, además de estar mal pagado, no vende mucho porque es una realidad desagradable.
Incluirnos en el Ministerio del Interior, en mi opinión, fue un paso atrás porque nosotros pertenecíamos a Justicia, que es donde se encuentra Instituciones Penitenciarias en todos los países de nuestro entorno democrático. Hubo un tiempo en el que un funcionario de prisiones ganaba 50.000 pesetas más que un guardia civil o un policía nacional. Hoy nos han adelantado por todos lados.
-¿Se está llevando a cabo una política de dispersión de presos relacionados con el narcotráfico?
-En la prisión de Algeciras hay menos reclusos que nunca por delitos contra la salud pública porque se está llevando a cabo una política de traslados considerable, sobre todo de los cabecillas de las tramas.
-¿Es cierto que Botafuegos cerró 2022 como una de las prisiones de España con más funcionarios agredidos por internos?
-No es verdad. Yo siempre le he tenido mucho respeto a los sindicatos, pero no me gusta que mientan. Y, a veces, lo hacen para cumplir con sus objetivos, como un arma. Encima, a nivel de prensa, Botafuegos da mucho juego porque es una cárcel muy significativa. Ellos tienen su papel y yo el mío. La realidad es que el año pasado lo saldamos con tres agresiones a funcionarios. Nada de quince. Se tiende a exagerar cuando lo que habría que hacer es explicarle a la sociedad nuestro trabajo y que cale a través de campañas de sensibilización.
-A Botafuegos se la conoce en prensa como la “cárcel del narco”. ¿Se ha convertido en un destino maldito para los funcionarios de prisiones a la hora de elegir plaza?
-Cuando llegan aquí se dan cuenta de que la realidad es otra. Muchos funcionarios que trabajan en Botafuegos no se quieren ir. Por otro lado, prácticamente ningún funcionario de aquí quiere trabajar en oficina. Todos prefieren trabajar dentro de la prisión por el horario y el salario. Si las cosas estuvieran mal ahí dentro, ya le digo yo que vendrían a mi despacho a pedir un boquete en oficina.
-Deme datos. Botafuegos tiene 1.008 celdas. ¿Hasta qué cifra de reclusos se ha llegado y cómo se encuentra actualmente la ocupación?
-Estando yo, hemos llegado a tener 1.900 internos divididos en 14 módulos residenciales. Prácticamente, a dos internos por celda. Antes de marcharme en febrero, el número de reclusos no llegaba a los 1.100, lo cual está bien.
-¿Considera que falta personal?
-Muy poco. Tampoco estamos mal en ese aspecto. El tema médico es el más preocupante aunque, bien mirado, no hay médicos ni en la calle. La institución penitenciaria no puede tener unos servicios paralelos a los existentes en la sociedad. Desde mi punto de vista resulta impresentable que una persona, por el hecho de estar presa, que está privada del derecho de la libertad, pero no del derecho a la salud, tenga que padecer que las comunidades autónomas se resistan a asumir las competencias de la sanidad penitenciaria. De hecho, cuando un interno va al Punta Europa y tiene que ser atendido, desde el hospital nos mandan una factura que después nosotros rebotamos a Madrid. Los reclusos son ciudadanos con una cartilla de la Seguridad Social que no les sirve de nada. Es una barbaridad.
Cárceles como Botafuegos deberían contar con una especie de ambulatorio propio, con sus médicos generales y especialistas. Siempre se lo he dicho a los gerentes del Servicio Andaluz de Salud: en los años que he pasado en esta cárcel, no he conocido ninguna agresión a un médico o personal sanitario en sus instalaciones. En cambio, me despacho cada mañana el periódico y leo noticias diarias de agresiones en la calle.
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