Competencia propone sanciones millonarias por el acuerdo de la estiba

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pone en tela de juicio el acuerdo alcanzado el 6 de julio del año pasado entre las empresas y los sindicatos portuarios para la subrogación de los contratos de los estibadores tras el decreto que liberalizó el sector. En la resolución a la que ha tenido acceso esta redacción, la CNMC propone sanciones millonarias a las partes implicadas.

La CNMC abrió un expediente el 7 de noviembre de 2017 y es ahora cuando ha concluido su redacción. En este documento, la CNMC establece una propuesta de sanción de 6.190.000 euros a la patronal Anesco, de 300.000 euros para UGT y otros tantos para CCOO, en tanto que para Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, la organización mayoritaria en el Puerto de Algeciras, la cifra baja a 4.000 euros.

El resto de organizaciones sindicales también serían objeto de posibles sanciones: 200.000 para la Confederación Intersindical Galega (CIGA), 120.000 para la vasca Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) y 40.000 para la tambien vasca Eusko Langileen Alkartasuna (ELA).

La CNMC es el organismo independiente encargado de garantizar la competencia efectiva entre las empresas y de que exista una regulación eficiente en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores. En el caso de la estiba, la Comisión considera que el convenio que garantizó la subrogación de los trabajadores, una vez acabado el monopolio en el sector y abiertas esas labores a nuevas empresas, vulnera sin embargo tanto la normativa de defensa de la competencia como el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.

El pacto empresas-trabajadores permitió la paz social rota durante meses en los puertos por la obligación de reformar el sistema de contratación en el sector y la propuesta formulada por el Gobierno para ello. Como punto fundamental de ese acuerdo estaba la garantía de contratación de los estibadores manteniendo sus condiciones laborales.

Para ello, se aprobó una modificación en el IV Acuerdo Marco, por la que se obligaba a las empresas que decidieran abandonar la Sagep (la sociedad de gestión de los trabajadores hasta ese momento) a subrogarse a los estibadores de la plantilla en proporción a su participación accionarial en la sociedad. Y a que estos mantuvieran las mismas condiciones laborales individuales y colectivas hasta la negociación del V Acuerdo marco.

Algunas de las empresas estibadoras, que habían abandonado Anesco para no firmar el acuerdo, acudieron a Competencia. Y ahora este organismo considera que existen "indicios racionales" de la comisión de prácticas anticompetitivas por la "restricción de la libertad de contratación de trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías y en la limitación de la libertad de las empresas titulares de la licencia para la prestación de dicho servicio de participar o no en sociedades cuyo objeto social sea la puesta a disposición de los citados trabajadores".

La situación no es nueva. En 2009 la entonces CNC ya multó a patronal y sindicatos con más de un millón de euros por la firma del IV Acuerdo Marco. La sanción más elevada correspondió a Anesco, 901.518,16 euros. También fueron multadas Coordinadora, con 168.000 euros; CIGA, sancionada con 3.900 euros; y LAB, con 3.000 euros.