Landaluce anula todos los test psicotécnicos con calificación de "no apto" en las oposiciones a la Policía Local de Algeciras
En juego, 63 plazas
El alcalde destituye por decreto en el procedimiento a las dos psicólogas municipales que descartaron a varios aspirantes y designa a una funcionaria también psicóloga para que evalúe de nuevo los exámenes
Unanimidad del tribunal
Por decreto, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha suspendido todos los exámenes psicotécnicos con calificación de “no apto” en las oposiciones de acceso a la Policía Local de la ciudad y someterá esas pruebas a una nueva evaluación. Para ello, ha destituido como miembros del procedimiento a las dos psicólogas, ambas empleadas municipales, que realizaron dichos test y los evaluaron; en su lugar, ha nombrado a una funcionaria del Ayuntamiento -también psicóloga- que, según fuentes del gobierno local consultadas por Europa Sur, se encargará de realizar una nueva valoración.
La propuesta de anular los exámenes psicotécnicos, según esas mismas fuentes, se realiza a iniciativa de los miembros del tribunal de las oposiciones, formado por funcionarios del Ayuntamiento cuyos nombres y cargos, a preguntas de este periódico, no han sido facilitados por el Consistorio. En juego están 63 plazas de policía local, 51 de ellas por oposición libre y 12 reservadas al sistema de movilidad sin ascenso, por concurso de méritos.
El decreto del regidor algecireño, con fecha de 7 de diciembre y disponible a través de la web del Ayuntamiento, recoge que la Alcaldía resuelve, “teniendo en cuenta el acta del Tribunal calificador de la referida convocatoria, en reunión celebrada el día 25 de noviembre del corriente año […] prestar conformidad a la decisión del Tribunal de anular el acto de revisión de los ejercicios llevados a cabo ante el citado Tribunal el día 15 de noviembre de 2022, y que se declararon no realizados a todos los efectos”.
En el segundo punto del decreto se puede leer: “Cesar de la presente convocatoria a las psicólogas actuantes en la misma Dª. María Victoria del Águila Guerrero y Dª. María Palma Gallego Jiménez, así como nombrar como psicóloga actuante en la referida convocatoria a Dª. Remedios Montoya Navarro, que actuará como colaboradora técnica de dicho Tribunal”.
El decreto del alcalde, en su punto tercero, da también “conformidad a la decisión del Tribunal de la presente convocatoria de proceder a la revisión de todos los ejercicios realizados por los opositores que fueron declarados provisionalmente como no aptos en la prueba psicotécnica, en base a los informes realizados por las psicólogas que cesan por la presente resolución”.
Finalmente, la Alcaldía presta “conformidad a la decisión del Tribunal de esta convocatoria, para proceder a la apertura de la documentación que obraba en poder de las psicólogas, al objeto de su comprobación e inventario, quedando bajo custodia de la Sra. Secretaria del Tribunal, todo ello con objeto de poder continuar con los trabajos necesarios para llevar a buen término la presente convocatoria”.
Sin explicación, por el momento
Las referidas fuentes del equipo de gobierno no supieron concretar los motivos apreciados por el tribunal de las oposiciones para considerar inválidas las evaluaciones con calificación de “no apto” -“eso debe saberlo los miembros del tribunal”, sostuvieron-, aunque, por el momento, se ignora si entre ellos hay algún psicólogo que, debido a su formación, disienta con criterios profesionales del desempeño de las dos psicólogas destituidas. El Ayuntamiento, no obstante, abrirá un expediente informativo para conocer todo lo sucedido, siempre según las fuentes del gobierno local.
Aunque del cese de las dos psicólogas pueda interpretarse como un cuestionamiento a la labor de ambas, el hecho de que se invaliden únicamente los exámenes “no aptos” es debido, según las fuentes, a que "solo han alegado en contra de las evaluaciones psicotécnicas los aspirantes suspendidos".
El gobierno local, a preguntas de este periódico, explicó el pasado miércoles a través de dos de sus miembros que se iba a contratar a "una empresa externa" para que hiciera la nueva evaluación psicológica con total independencia -sin concretar el coste de dicha contratación- aunque finalmente se ha decidido por encargar esa tarea a una psicóloga funcionaria municipal.
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