Obras sin estudio previo, con anticipo de caja y 'discordancia' con lo facturado en los cuarteles de la Guardia Civil, Algeciras entre ellos

La Audiencia Provincial de Madrid aprecia indicios de malversación y falsedad documental en las adjudicaciones de obras de reforma en cuarteles de la Guardia Civil que se investigan en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid, unos trabajos que señala que se hicieron sin "estudio previo", con "anticipos de cajas" y hasta con "discordancia" entre los trabajos realizados y lo facturado.

Así consta en un auto de 20 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Sección Séptima rechazó archivar el procedimiento al desestimar la petición del teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, que fue jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila entre 2015 y 2017 de dar carpetazo a la causa.

Con esta resolución, los magistrados avalaron la decisión de la juez María Isabel Durantez de seguir adelante con la investigación al considerar que el resultado de las diligencias practicadas impedía concluir la "inexistencia" de los hechos.

La Audiencia Provincial apuntó que era "prematuro" archivar el caso porque "la investigación no ha terminado" y "está pendiente de la realización de una pericial". En este sentido, los magistrados incidieron en que la causa revela la "existencia" de indicios de hechos que "podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad documental y de malversación".

En concreto, subrayó varias actividades sospechosas que permanecen bajo investigación: el "aumento de crédito" a final de año para la realización de obras menores en cuarteles en la provincia de Ávila; la "recomendación" de que se adjudicase a un empresario en concreto con domicilio en Lanzarote y cuyas mercantiles tienen su sede en dicho lugar; y la elección del mismo para la ejecución de obras de tales características.

También puso la lupa sobre el hecho de que se formalizaron los contratos de procedimientos administrativos de las características de anticipos de caja fija y contratos de obras menores; así como la "ausencia" de constancia de un estudio previo de necesidad de dichas labores en los acuartelamientos de la Guardia Civil de la provincia de Ávila; y la "inmediatez" entre la presentación de algunas de las facturas, su visado y su presentación al cobro; además de la "discordancia" entre los trabajos realizados y el contenido de las facturas.

Obras bajo sospecha

La Audiencia Provincial hizo referencia al auto de la juez de 18 de julio de 2022, donde se señalan las "presuntas irregularidades en materia de contratación de obras en la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila" durante el período en el que Rodríguez ejercía su jefatura.

También apuntó a la investigación de Asuntos Internos de la Benemérita, que extendió las pesquisas a "otras obras ejecutadas" por el empresario investigado Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon —administrador de tres mercantiles investigadas—, en "otras Comandancias de la Guardia Civil, concluyendo (...) que entre los años 2008 a 2019 se había adjudicado al mismo obras por importe de 3.302.654,42 euros".

Según consta en el auto, los investigadores del Instituto Armado detectaron "en todos los casos trabajos pagados pese a no haberse ejecutado o haberse ejecutado parcialmente, así como que vinieron precedidos de descentralización de crédito a favor de las diversas unidades territoriales por la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, a cargo del investigado Pedro Vázquez Jarava, a quien se relaciona personalmente con el mencionado empresario y a quien puso en contacto o se indicó a las distintas Comandancias".

La petición de archivo

El teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez pidió a la Audiencia Provincial que ordenara el archivo de la investigación al considerar que el informe pericial que se realizó sobre las obras acometidas en la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila que dirigía era "superficial".

El órgano judicial le recordó que las conclusiones de dicho texto estaban apoyadas por "el resultado de otras diligencias de investigación": el informe del comandante interventor jefe, las declaraciones testificales de los comandantes de Puesto de Hoyo de Pinares, Navarredonda de Gredos y Arévalo.

"A ello se ha de añadir que el investigado Ángel Ramón Tejera de León manifestó en sede judicial la existencia de importes en facturas que no se correspondían con lo realmente ejecutado", añadieron los magistrados.

Además, consta en el auto que uno de los testigos relató en sede judicial que era el propio Alonso Rodríguez el que se "encargaba" de la contratación y la administración de los contratos de obra que se investigan y que llegó a firmar una extensión de crédito de 120.000 euros.

Los investigados

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aseguran que, por ahora, permanecen imputados el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que fue subdirector general de apoyo del Instituto Armado; y el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, que fue jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila entre 2015 y 2017.

También figuran como investigados los empresarios Salvador Gutiérrez y Ángel Ramón Tejera de León, que además aparece en el sumario del caso Mediador como persona vinculada al general investigado Francisco Espinosa, que está en prisión preventiva.

Las mismas fuentes detallan que en estos momentos el foco está puesto en Vázquez Jarava, al que los investigadores atribuyen delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.

Este caso lleva al menos ocho meses paralizado en el juzgado madrileño a la espera de un informe pericial sobre las obras efectuadas en 13 comandancias de la Guardia Civil: las de Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo.