El PSOE acusa a Landaluce de prevaricación y pide a la Fiscalía del Supremo que investigue

El PSOE de Algeciras ha trasladado a la Fiscalía del Tribunal Supremo documentación para que investigue presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, en la contratación de una empresa, Garancruz, al margen de los procedimientos legalmente establecidos, para la prestación de servicios de vigilancia en diferentes dependencias municipales. "Yo veo aquí un caso claro de prevaricación, pero lo someteremos a mejor y mayor criterio y que sea la Fiscalía la que se pronuncie”, ha señalado este martes la secretaria general del PSOE algecireño, Rocío Arrabal.

La dirigente socialista de Algeciras entiende que desde la alcaldía se ha podido hacer un “uso fraudulento” de procedimientos administrativos como el de la convalidación, lo que puede estar dando lugar a hechos tipificados por la jurisprudencia como delitos de prevaricación administrativa, según expone la responsable socialista.

Según ha informado Arrabal en una rueda de prensa, Garancruz presta desde hace años servicios de vigilancia para el Ayuntamiento -aun estando dada de alta en un epígrafe que no es el de seguridad- de forma periódica y para distintas delegaciones municipales, sin que se haya llevado a cabo la correspondiente licitación pública, vulnerándose así “la libre concurrencia entre empresas y la igualdad de trato”.

“Las leyes y los procedimientos administrativos están para cumplirlos y el alcalde de Algeciras se ha saltado esos procedimientos, consciente y evidentemente, de forma periódica y continuada en el tiempo. Consideramos que se trata de algo lo suficientemente grave como para denunciarlo ante la Fiscalía, y también ante los medios de comunicación”, ha advertido Arrabal.

Según la secretaria general del PSOE de Algeciras, a la empresa Garancruz se le están abonando facturas por servicios de vigilancia y control en distintas dependencias municipales, como el parking ya cerrado de La Escalinata o el Mercado Ingeniero Torroja, mediante un procedimiento opaco y al margen de la Ley.

"Esta empresa, constituida en 2016, con un capital social de 3.000 euros y sin estar dada de alta como empresa de vigilancia, sino como organizadora de eventos, está siendo beneficiada con miles de euros desde hace años. ¿Qué es lo que ocurre para que esta empresa reciba estos privilegios?”, ha señalado Arrabal.

"Lo que se está realizando es un fraccionamiento del gasto, es decir, dividir contratos en prestaciones que podrían constituir por su naturaleza un único contrato. Algo que está prohibido por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, que dice textualmente, en su art.99.2, que no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía de éste y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda", ha afirmado Arrabal.

Esos presuntos servicios, según los socialistas, se realizan por debajo de los 18.000 euros, como si correspondieran a un contrato menor, para "así encargarlos de una manera directa a la empresa y evitar el procedimiento de adjudicación pública".

La dirigente socialista mantiene de que “no se trata, ni mucho menos, de un hecho puntual”, sino de algo que “llevan años haciendo, fraccionando el gasto y repartiéndolo entre distintas delegaciones para evitar el seguimiento, eludir los controles de la intervención y ocultar esa presunta irregularidad”.

“¿Qué hay detrás de todo? ¿Qué esta pasando con esta empresa elegida a dedo y sin contrato según Ley?”, se ha preguntado también Arrabal, que teme que detrás de todo esto haya “asuntos turbios, que nada tengan que ver con la necesidad de que se preste o no dicho servicio”.

Arrabal ha insistido en la extrañeza de que se recurra, de forma reiterada, a la convalidación como medio de pago, cuando se trata de un procedimiento excepcional, fijado para casos muy particulares y puntuales. A este respecto, ha aclarado a preguntas de los periodistas que en las Bases de Ejecución del Presupuesto existe la figura de la convalidación, pero que estas no pueden ir al margen de las normas y las leyes: “Esta figura supone el hecho de reconocer las facturas en el mismo año (el reconocimiento de crédito es al año siguiente) para proceder al abono, pero es algo para usar de manera puntual. Sin embargo, con esta empresa están utilizando esta vía de pago de manera reiterada, omitiendo controles y trámites legales y con el consiguiente perjuicio para el Ayuntamiento, al no poder tener éste la posibilidad de obtener ofertas de menor cuantía, quedándose al margen de la concurrencia competitiva”.

Explicaciones

Arrabal se ha mostrado convencida de que, “en este y otros asuntos, el señor Landaluce y su equipo de gobierno deben dar muchas explicaciones a la ciudadanía, y también ante la Justicia, y mucho nos tememos que no sea éste el único expediente que vaya a tener que ir camino de los tribunales”.

Arrabal ha añadido que se va a registrar en el Ayuntamiento una petición de documentación y facturas relativas a todo este asunto, “algo que ya hemos hecho en otras ocasiones en relación a otros temas, aunque sin resultado; la diferencia es que en este caso a nosotros nos podrán negar la documentación, pero a la Fiscalía no se la van a poder negar”.