La Policía Nacional destapa el gran fraude de la estiba en Algeciras

Algeciras/“Ustedes no tienen ni idea, nadie dice lo que está pasando en la estiba. Hay una mafia que vende los puestos de trabajo”. La voz al otro lado del teléfono aportó de forma atropellada los nombres, apellidos, apodos de algunos personajes –“está ese tal Winston...”– y detalles sobre el pago de centenares de miles de euros en comisiones ilegales a intermediarios con supuesta capacidad para facilitar empleos en los muelles de Algeciras. La cualificación profesional de los aspirantes era indiferente. Fue la primera de una serie de llamadas telefónicas realizadas de forma anónima a la redacción de Europa Sur, aportando cada vez más información. Algo parecido sucedía en los chats descontrolados de varias webs locales de Algeciras, donde de las insinuaciones se pasaba a las acusaciones directas y de ahí a las amenazas. Había mucho dinero en juego, muchísimo.

La Policía Nacional llevaba tiempo tras la pista y tomando buena nota de todo. No se trataba solo de destapar un fraude de grandes proporciones, un gran caso de corrupción entre particulares, sino de impedir que las redes del narcotráfico lograsen asentarse en el Puerto de Algeciras, el primero de España y de todo el Mediterráneo en tráfico de mercancías, con 4,8 millones de contenedores despachados en 2018. El temor policial era que las mismas redes que controlan desde hace años el transporte y distribución de hachís en el Estrecho tratasen de extender su negocio a un sector más lucrativo si cabe: el tráfico de cocaína.

Tras varios meses recabando información, el 15 de mayo de 2018, la comisaría de la Policía Nacional en Algeciras remitió al Juzgado de Guardia de la ciudad una diligencia inicial con una somera exposición de los hechos, a fin de solicitar “la apertura de una investigación” bajo secreto de sumario. Las pesquisas previas habían corrido a cargo del Grupo 1 de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev), del Grupo 4 de Blanqueo de Capitales (Udyco) de Algeciras y de la Udyco de Cádiz.

El informe policial que acompañaba la petición, al que ha tenido acceso esta redacción, ocupaba apenas un par de folios, pero su contenido representaba una bomba de relojería: “Se tiene conocimiento a través de fuentes propias de información de sendos Grupos de investigación de Algeciras que al parecer algunos miembros del Comité de los estibadores de la Sagep [Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios], que gestiona el tráfico de contenedores del Puerto de Algeciras (Cádiz), están introduciendo a personas a trabajar en dicha empresa mediante pagos en B, fuera de los cauces fiduciarios legales”.

Más alla de las colocaciones pactadas en la estiba, del negocio entre particulares de cuya existencia siempre se había sospechado, comenzaba a extenderse una sombra peligrosa. La del tráfico de estupefacientes. “Muchos de los que están dispuestos a pagar para poder acceder al trabajo como estibadores y que están siendo incluidos en las listas elaboradas por el Comité [de empresa] son personas que podrían estar relacionadas con el mundo del narcotráfico, y así introducir en la estiba a personal de confianza y acaparar un centro logístico tan importante como es el Puerto de Algeciras para la distribución de sustancias estupefacientes”, detallaba el informe policial.

“Todas estas informaciones”, concluían los agentes responsables del informe en alusión a los datos recabados gracias a personas que conocían de muy de cerca la situación, “se podrían verter en testificales ante esta instrucción si se les asegura su protección y anonimato por el temor que tienen de ser objeto de represalias en los muelles”.

La diligencia policial llegó al Decanato de los jueces y, en el reparto, el caso fue asumido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras, cuya titular es la juez Belén Barranco. Con fama de dura, su figura saltó al plano público justamente en esos días a raíz de la agresión multitudinaria a un grupo de agentes de la Guardia Civil en la barriada del Rinconcillo: los narcotraficantes han convertido el Campo de Gibraltar en “el nuevo territorio ETA”, expuso en el auto judicial por el que ordenaba el ingreso en prisión de las ocho personas detenidas por esos hechos.

El 30 de mayo, la juez firmó el auto de incoación de las diligencias previas con el respaldo de la Fiscalía de Algeciras, en la figura de su máximo responsable, Juan Cisneros. El caso estiba daba así formalmente sus primeros pasos en los tribunales.

La Policía Nacional llevaba mucho trabajo adelantado. La prueba de ello es que solo dos semanas después, el 15 de junio, los agentes que estaban al frente de la investigación remitieron al juzgado una diligencia ampliatoria dando cuenta de sus pesquisas. En su relato describieron que eran “los miembros del comité de empresa los que elaboraban las listas de los trabajadores de la estiba que debían hacer el curso de formación profesional previo y cumplir unos requisitos mínimos para poder desempeñar su labor portuaria”.

Siempre según la investigación, los incluidos en esta lista elaborada por el comité eran posteriormente llamados, tras una suerte de selección simulada, por la empresa de trabajo temporal Adecco, que en realidad debía haber sido desde un inicio la encargada de hacer la selección de los futuros estibadores una vez entrevistados y comprobados sus currículums. No era así.

No es casual a este respecto que la Policía Nacional subrayase en el informe remitido al juzgado la escasa colaboración de Adecco con la investigación. Así, cuando los agentes se dirigieron a esta empresa para pedir a sus responsables las listas de los últimos candidatos para entrar a realizar el proceso de formación de la estiba, la respuesta que recibieron es que precisaban de “un oficio por parte de la Fiscalía”. Una vez librado este, añade el informe, la información aportada por Adecco “no incluía muchos datos personales ni número de DNI, con mucho ocultismo y sin especificar las pruebas de acceso o requisitos mínimos, puesto que la selección depende del comité de empresa”.

Las supuestas pruebas de selección del personal, según consta en el informe citando como fuentes a los informadores policiales, “están repletas de irregularidades”. El listado constaba de 465 nombres, si bien en otro momento del documento la Policía alude a 436. ¿Irregularidades?: nada menos que 43 de los seleccionados como trabajadores carecían de los permisos de conducción requeridos y otros once eran menores de edad. También figuraban algunos candidatos a estibador que no habían aportado “los certificados de escolaridad mínimos o, incluso, los reconocimientos médicos”.

Tráfico de cocaína

Lo más grave, sin embargo, es que la Policía logró identificar en el listado a dos personas “que podrían estar relacionadas con el mundo del narcotráfico”, en concreto con dos de los grupos de delincuentes más implantados en el Estrecho. Se trataba de una mujer, A.G.M., y un hombre, D.P.G.

Los agentes insistían en este informe en un aspecto ya mencionado en el citado de diligencia inicial, aunque ahora ampliaban sus conclusiones: el narco se proponía introducirse en la estiba de Algeciras “para la distribución de sustancias estupefacientes, más concretamente, como se está detectando, cocaína y comenzar a regular una nueva vía de distribución en una zona geoestratégica tan importante” como el Estrecho.

El cotejo realizado por la Policía entre sus bases de datos y el listado de candidatos a estibador facilitado por Adecco ofreció una sorpresa añadida, aunque solo relativa, que apuntalaba sus sospechas. “Hay al menos diez personas que han sido detenidas en los tres últimos años por tráfico de drogas”, subraya el informe policial.

La inmensa mayoría de los alrededor de 1.800 trabajadores de la estiba algecireña, al igual que en el resto de puertos españoles, consiguieron en su día sus empleos cumpliendo estrictamente todos los requisitos y sin necesidad de pagar un solo euro gracias a un sistema de contratación tan legal como particular, a la vieja usanza, donde no era extraño que los padres colocasen a sus hijos y otros familiares.

Dicho método, cuya desaparición fue impulsada por la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por contravenir la libre competencia, daba además espacio al pago de las comisiones ilegales. Incluso el todopoderoso sindicato Coordinadora denunció su existencia y su comité de empresa en Algeciras se desvinculó de dichas prácticas a través de un escueto comunicado.

La sensación de impunidad con la que actuaban los responsables del fraude y su ostentación patrimonial estaba favorecida por la opacidad del citado sistema de contratación. En su informe dirigido al juzgado, los agentes de la Udev y la Udyco exponen negro sobre blanco la existencia hasta ese momento de “una normativa ambigua […] que provoca un ocultismo que facilita todo este proceso de contrataciones corruptas y repletas de un nepotismo inusitado”.

El volumen de las mordidas fluctuaba en función de las circunstancias de cada momento y de la capacidad de decisión de quienes las recibían. La Policía mantiene que las cantidades cobradas por algunos de los antiguos miembros del comité oscilaban presuntamente “entre los 60.000 y los 100.000 euros” y expone el caso concreto de uno de sus integrantes, que habría ingresado 70.000 euros de manos de un vecino de Algeciras.

Hay otros episodios en los que las supuestas coimas cobradas por los intermediarios eran sensiblemente inferiores, tal cual ocurría con los dos estibadores algecireños, padre e hijo, despedidos inmediatamente por la Sagep nada más entrar ambos en prisión provisional.

Observada con frialdad y a cierta distancia, la trama corrupta de la estiba destapada por la Policía Nacional era una chapuza total que se hizo evidente por la avaricia de sus protagonistas a raíz de la aprobación, en mayo de 2017, del real decreto por el que se daba paso a la liberalización progresiva de los servicios de estiba en los puertos españoles. Gracias a él, las empresas podrían contratar a quienes le viniera en gana, al menos sobre el papel.

La Policía Nacional considera que ese hecho impulsó a algunos miembros del anterior comité de empresa de la Sagep a mover ficha de forma precipitada. Hasta entonces habrían manejado el monopolio de los contratos y decidido quiénes merecían trabajar y quienes no, pero ahora veían desmoronarse su castillo. De ahí que, a prisa y corriendo, apareciera ese listado de 465 individuos para tratar de encajarlos como trabajadores en los muelles.

Cerrado ese cupo, los primeros en denunciar la trama fueron quienes, habiendo pagado a los supuestos conseguidores, vieron cómo sus nombres no solo no figuraban en la nómina de agraciados, sino que los presuntos intermediarios no podían devolverles ya el dinero pagado. La juez, la Fiscalía y la Policía consideraron que los testimonios de todos ellos eran lo suficientemente valiosos como para considerarlos víctimas del fraude, no como cómplices de este.

Investigación parada

La investigación, sin embargo, está paralizada totalmente a raíz de que la instructora decretase por sorpresa el pasado 2 de mayo el archivo de la causa por considerar que se habían superado los seis meses fijados por ley para demostrar la existencia de los delitos que de forma indiciaria existían contra los investigados, anulando así todas las pruebas recabadas con posterioridad al 30 de noviembre de 2018.

La Fiscalía de Algeciras recurrió de inmediato esa decisión bajo el argumento de que dicho plazo no se ha visto superado. A su juicio, el reloj de los seis meses no se activa hasta en tanto no se levanta el secreto de sumario. Cisneros cargó además duramente contra la juez en su recurso por no haberle informado del levantamiento del secreto sumarial.

A la espera de que la Audiencia de Cádiz dirima si procede validar la totalidad de las investigaciones llevadas a cabo y si es preciso ampliarlas, la sensación de desánimo es general entre los responsables policiales consultados por esta redacción. Lo mismo ocurre en la Sagep y las empresas portuarias, primeras interesadas en que se produzca una limpia y en el Puerto trabajen solo personas con cualificación y libres de toda sospecha. De momento, lo ocurrido ha servido para hacer una selección adecuada y despejar de intrusos sin preparación el listado de los últimos eventuales.

A día de hoy, tan solo los dos ex estibadores que hacían de supuestos intermediarios tienen cargos en su contra. El resto de personas presuntamente implicadas y cuyos nombres figuran en las actuaciones como partícipes del fraude están, por el momento, exoneradas.