El Servicio Jesuita a Migrantes alerta de la presencia de menores en los CIE
En su informe anual destaca que el número de solicitudes de protección internacional creció en un 30,6%, hasta llegar a 1.766
La entidad critica el trato diferencial a las personas de origen magrebí, que a su llegada pasan de la comisaría al CIE para su posterior expulsión
Un total de 89 menores de edad fueron internados en centros de internamiento de extranjeros en 2018, denuncia el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). Según destaca en su Informe Anual 2018 sobre estos centros, la cifra (del Ministerio del Interior) es notablemente superior a la de 2017, cuando fueron 48 menores internos.
Ese es uno de los datos puesto de relieve en el estudio realizado por el servicio, que recorrió cinco de los ocho CIE de España para estudiar las condiciones en las que estaban las personas internadas. También destaca que aumentó el número de solicitudes de protección internacional desde CIE en 2018 hasta un total de 1.776, de las cuales el 30,6% fueron admitidas a trámite. La duración de la estancia en los ocho CIE del territorio se redujo ligeramente hasta una media de 26,08 días.
El informe lleva por título Discriminación de Origen, haciendo referencia al trato diferencial prestado a personas de origen magrebí (para las que existe convenio de repatriación), que en su llegada al país pasan a comisaría policial para acabar en el CIE. Más de dos tercios (un 68%) del total de las personas internadas en 2018 eran de una de estas dos nacionalidades: marroquí o argelina. Por el contrario, desde el mes de agosto, se observa que las personas de origen subsahariano o asiático no han sido internadas en CIE, ya que en su llegada pasan a los Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) y de ahí a recursos de acogida humanitaria ante la imposibilidad de efectuar su retorno al país de origen. Ya en esta fase de detención inicial de 72 horas se observan indicios de trato discriminatorio hacia las personas de origen magrebí.
En 2018 fueron internadas un total de 7.855 personas, lo que supone un descenso del 11% respecto al año anterior. De ellas, el 98% eran hombres. Más del 78% fueron internadas por la apertura de un expediente de devolución por entrada ilegal en el país. Sin embargo, de las 179 mujeres internadas, el porcentaje por este motivo se reduce al 40%.
La cifra total de repatriaciones forzosas (suma de expulsiones y devoluciones) aumentó en un 22%, hasta 11.384, esto es, se repatriaron más de 31 personas al día durante 2018. Es considerable el aumento de ejecuciones de procesos de devolución (un 33% más que en 2017). Además, el porcentaje de expulsión y devolución desde CIE aumentó hasta el 58%.
Los equipos de personas de las entidades de la red SJM visitaron durante 2018 a un total de 807 personas en Aluche (Madrid), Zona Franca (Barcelona), Zapadores (Valencia), Isla de las Palomas (Tarifa) y La Piñera (Algeciras). En estas visitas "se continúan apreciando situaciones de vulnerabilidad y posibles vulneraciones de derechos": deficiencias estructurales en la mayoría de centros; falta de detección de menores de edad y de atención a personas con enfermedades de carácter físico y mental; carencias en la asistencia legal y de interpretación de idioma; limitaciones en el uso de comunicaciones; tratos degradantes y vejatorios; y dificultades y trabas en el acceso a las solicitudes de asilo.
El SJM continúa identificando "serias deficiencias en la gestión de situaciones de crisis dentro de algunos CIE", así como graves episodios de violencia. Frente a esto, "el diálogo que se articula en torno al trabajo de denuncia y defensa desde las entidades que visitan los centros de internamiento, junto a instituciones como el Defensor del Pueblo, los jueces de control y otras instancias de la administración, sigue resultando clave para defender los derechos de las personas migrantes".
En definitiva, "se consolida el uso abusivo del internamiento como herramienta en la lucha contra la inmigración irregular en la Frontera Sur, sin embargo sigue sin tener un efecto disuasorio, generando en cualquier caso mucho sufrimiento". Esta labor de denuncia se dirige a una reivindicación fundamental: "El fin del internamiento y la privación de libertad, el cierre de los CIE y la necesidad de explorar alternativas más humanas que faciliten procesos de integración social".
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