Sexenio Democrático: nuevos vecinos en San Isidro y un ilegal impuesto municipal contra las quintas

Mientras la situación revolucionaria se acentúa en Ultramar, en dependencias municipales algecireñas, además de obstaculizar las labores de Quintas, se elabora un expediente, que encuentra su resolución en las autoridades provinciales, expresando el texto consultado: “Examinado el expediente instruido para la venta de 21@ (arrobas) de corcho extraídas fraudulentam(te) de los Montes de propios de Algeciras denominados Algamacilla y Majadal Alto [...] se acordó aprobar el remate que aparece celebrado á favor de D. Pedro Alejandro Godoy, por los 12 esc. 600 milésimas que ha ofrecido y que se devuelva el expediente al Alcalde á los efectos oportunos”.

Al mismo tiempo que se finaliza el expediente por la fraudulenta extracción de corcho en los montes de Algeciras, en nuestra ciudad acontecen otros privados hechos como el que sigue: Dña. Josefa Ortega Ortigosa (viuda que fue del importante propietario Manuel Salgado) se interesó por una suerte de tierra de aproximadamente “unas 10 fanegas con su choza, situada en la llamada dehesa de Ceuta, junto a la servidumbre de los Pastores y la llamada vereda de Getares”. Aquella suerte que despertó el interés de la viuda de Salgado, la había adquirido su actual propietario Ysidro Sánchez, por compra que hizo el 21 de septiembre de 1854 a su anterior dueño Antonio Huertas Valdés. Una vez llegados al preceptivo acuerdo económico la compra se zanjó en la cantidad de 800 escudos; teniendo que soportar la Sra. Ortega Ortigosa el anual pago 92 escudos 350 milésimas y correspondientes a: “Un canon á favor de Propios.” Igual o parecido interés mostró el panadero algecireño José Pérez Díaz al conocer la puesta en venta de la vivienda que el también paisano José Cañamaque González poseía en el número 12 de la calle de Las Ánimas; aquella vivienda construida en el antiguo barrio de Matagorda, al parecer cubría con creces las necesidades de su futuro comprador, que en aquellos días del último mes del constitucional 1869 contaba con 35 años de edad, casado, y con más que presumible presencia de hijos, dadas las características habitacionales de la que sería su futura vivienda, a saber: “siete habitaciones, patio, pozo de aguas limpias y negro”. La vivienda en cuestión había sido adquirida por Cañamaque dentro del ejercicio de su actividad profesional como gran propietario local, dueño de varios inmuebles y “cuartos” repartidos por todo el vecindario algecireño. La adquisición por Cañamaque de la citada vivienda se data el 30 de diciembre de 1862, cuando se la compró al también algecireño Antonio Marín Martínez. El acuerdo entre el panadero comprador y el propietario vendedor quedó establecido en la cantidad de 800 escudos, más, el mensual pago en concepto de alquiler de 10 escudos. El barrio de San Isidro (antiguo Matagorda), contará a partir de esos días con una nueva familia que aumentará el número de habitantes de su cada vez más populoso distrito.

Y mientras la familia de José Pérez Díaz hacía la siempre difícil mudanza y se establecía en su nuevo hogar, los municipios con gran influencia republicana como el algecireño, proseguían su particular lucha contra las quintas y el reclutamiento recogiéndose en la consultada acta oficial: “No pudiendo autorizarse otros medios para realizar el importe de la redención de quintos que los aprobados por el Gobierno en su orden de 17 de Abril Ultº y siendo imposible por lo tanto conceder al Ayuntamiento de Algeciras el arbitrio que propone sobre bebidas con tanta más razón cuanto que existe prohibición legal para verificarlo, se acordó no aprobar la propuesta de la Municipalidad y asociados, que se prevenga al Alcalde les convoque de nuevo á sesión extraordinaria y ateniéndose á las disposiciones vigentes proponga bajo la responsabilidad de quién haya lugar medios legales y realizables dentro del plazo de diez días contados desde la fecha de la orden de esta Diputación”. Nuevo intento municipal frustrado para evitar que los jóvenes algecireños fueran alistados.

Aquellos mozos conformaban la estatal solución al constitucional error cometido en 1837, cuando se omitió -corrigiéndose en el texto constitucional del 69-, la clara definición de la nación establecida en la doceañista Pepa, al expresar: “España, es el conjunto de españoles de ambos hemisferios”. El menospreciar el status de ciudadanía de los antillanos en aquella “manipulada” constitución del 37, persiguiendo la creación de territorios donde generar grandes fortunas teniendo como motor la esclavitud, tendría sus graves consecuencias. Como expresara el galdosiano personaje Valentín Malrecado:- Hoy “les toca morir á estos mañana á otros. Es la historia de España que va corriendo, corriendo. Las venas de nuestra nación se están vaciando de sangre siempre; pero pronto, vuelve á llenarse. Este pueblo heroico y mal comido saca su sangre de sus desgracias, del amor, del odio...y de las sopas de ajo (La de los Tristes Destinos, 1907)”.

Dejando atrás a los costumbristas personajes coetáneos de aquella convulsa época y de regreso al navideño y constitucional diciembre del 69, comentar que Algeciras vuelve a tener representación provincial tras la licencia que le fue concedida al progresista Duarte, estableciendo en el acta correspondiente: “El Sr. Gobernador interino dá lectura a dos telegramas que había recibido de los Alcaldes de Algeciras y San Roque, en que se le participan que han sido nombrados Diputados suplentes por los expresados distritos los Sres. D. José Mellado y Estrada y D. José Mª Fita.=Respecto al primero de dichos Sres. teniendo presente que el Sr. Diputado propietario D. Juan Duarte se halla ausente y con licencia por más de treinta días, se acordó oficiar al suplente para que se presente desde luego á jurar y tomar posesión de su cargo”. Recordemos, como se expresó en una entrega anterior, que, Juan Duarte vino a sustituir poco tiempo atrás, y con un talante más “acorde” con el poder establecido, al siempre “controvertido” De la Calle.

Mientras nuestro representante tomaba su asiento correspondiente para defender los intereses de nuestra ciudad en la progresista diputación gaditana, en Algeciras la actualidad local navegaba por derroteros que habían decidido trazar dos algecireños y un tarifeño, siendo estos: “José Sánchez García, Juan de la Rubia Gutiérrez y José Castillo Benítez de oficio, respectivamente, negociante, labrador y administrador”. Castillo Benítez, en aquel momento ejercía como Administrador de los bienes del Estado en el partido judicial, y por tanto legitimado para estar presente en el remate que en su día se llevó a efecto y en presencia del Alcalde algecireño: “En el arrendamiento de la huerta nombrada Realejo de este término municipal y que en favor del primero de los citados José Sánchez García y por la cantidad de 820 reales anuales por término de tres años que principiaron á correr y á contarse desde desde el pasado San Miguel”. El rematante, según el consultado documento: “Con el consentimiento y aprobación del señor Administrador cedió -en aquellos últimos días de 1869-, al Juan de la Rubia el citado arrendamiento en iguales condiciones”. El llamado sitio del Realejo contenía la popular huerta denominada De la Vega, la cual lindaba por el levante con calle Alameda y capilla y jardín del Santo Cristo, por el sur el río de la Miel y por el poniente con la posada propiedad de Domingo López Elvilla y la camino de Tarifa.

El algecireño De la Rubia asumía el arrendamiento de la tan cercana huerta a la plaza de la Caridad, otro algecireño asumió su nueva responsabilidad política cumpliendo con la legalidad protocolaria vigente, cuando: “Examinada el acta relativa al nombramiento de Diputado provincial suplente por el partido de Algeciras recaído en favor de D. José Mellado Estrada [...] se acordó aprobarlo y que conforme á lo resuelto en la sesión anterior se admita al referido Sr. Mellado durante la ausencia del propietario. Hallándose presente dicho Sr. Diputado prestó en manos del Sr. Presidente el debido juramento con arreglo á la fórmula establecida en el decreto expedido por el Poder Ejecutivo con fecha 17 de Junio últº. Tomando acto continuo posesión de su cargo”. Con este nuevo representante nuestra ciudad estaba sobradamente representada y defendida en tan importante institución provincial.

Coincidente con la algecireña toma de posesión citada, se vuelven a reproducir gravísimos incidentes en Cuba cuando los independentistas atentan contra las vías del ferrocarril y líneas del telégrafo; respondiendo el denominado Partido Español -tras el cual se encontraban para defender sus derechos los pequeños y grandes terratenientes de la isla-, conjuntamente con el Banco de la Habana, con la creación de los llamados Batallones de Voluntarios del Orden, llegando a reclutar un número de 30.000 soldados. Estos voluntarios a sueldo cobraba 16 reales diarios, cuando en la península un obrero especializado no llegaba a 7 reales. Frente a este privado ejército creado ante el fracaso de las operaciones de reclutamiento en la península, propiciado por las contrarias políticas municipales, entre ellas las defendidas por el consistorio algecireño, los Estados Unidos pusieron a disposición del movimiento independentista cubano: “300 hombres, 4.000 fusiles, 18 cañones y una imprenta”. Prueba del nulo apoyo municipal a las quintas la encontramos en el siguiente texto, donde se recoge la siguiente: “Reclamación del Comisario de Guerra de Algeciras por haberse negado el Alcalde de dicha ciudad á nombrar un concejal que intervenga en las compras de suministros pª el Ejército, según determina la real orden de 27 de Nbre. de 1861 [...] se acordó se haga presente á dicho Alcalde la obligación en que está de acatar las disposiciones vigentes prestando el servicio de que se trata cuando en los casos que determina la citada real orden le sea reclamado por las oficinas de Hacienda militar devolviéndose el expd(te). al Sr. Gobernador á los efectos q. procedan. Con lo que terminó la sesión de todo lo cual yo el Secretario interino Certifico”.

A la par con el punto final que tan diligente escribano público expresó en la progresista acta, en nuestra ciudad y en el Juzgado de primera instancia del partido se firmaba con igual diligencia profesional, un auto, por el que: D. Miguel Patiño Macias -con la sobrada consideración social de buen hombre-, “casado, Doctor en Ciencias médicas, de más de cuarenta años y de este domicilio de Algeciras [...] como Curador de Bienes que es de la menor Doña María de la Luz Feijoo y Calderón de la Barca, cuyo cargo le está discernido por este Juzgado de 1ª Instancia de este Partido, desde el siete de Setiembre del corriente año, le dá poder y bastante como el Derecho requiera y sea necesario á D. José Castillo y Benítez (Administrador de los bienes del Estado en el partido), para que administre, cuide y gobierne los bienes que dicha menor posee [...] y al Procurador de este Juzgado, D. Juan de Arcos Vera, para que represente a dicha menor en cuantos negocios judiciales pueda ocurrirle”. Recordemos que el Juzgado de primera instancia del partido algecireño había nombrado anteriormente a Patiño curador de la también menor Francisca Cordero Herrera. Desgraciadamente aquella España, a diferencia del tutelaje sobre las menores reseñadas, carecía de la figura de un curador como el avecindado en nuestra ciudad quién, con su necesaria diligencia, supiera complementar las nacionales limitaciones generadas y arrastradas durante siglos oponiéndose al -suma y sigue-, histórico intento de modernización del país.