El Supremo ratifica que 3 millones decomisados eran del tráfico de hachís

El Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia de la sección algecireña de la Audiencia Provincial que consideró en 2009 que los 3.558.883 euros (unos 594 millones de pesetas por aquella fecha) que M. A., M. D. y E. A. E. H. tenían escondidos en un vehículo y en un domicilio en 2001 procedían del tráfico de drogas y habían sido blanqueados. La condena que se estableció fue un año de prisión a cada uno y la incautación de la cantidad económica a favor del Estado.

El presidente de la coordinadora contra la droga Alternativa, Francisco Mena, se mostró muy satisfecho ayer con el resultado del recurso de casación y destacó el trabajo de la Udyco de la comisaría de Algeciras y del fiscal antidroga del Campo de Gibraltar, Emilio Miró, por demostrar la vinculación de ese dinero con una operación de droga que tuvo lugar en fechas anteriores.

La sentencia consideró que los condenados no acreditaron la procedencia del dinero y además el tribunal entendió que estaba relacionado con el tráfico de drogas al encontrar evidencias de que estaba vinculado con un alijo que se incautó por esas fechas.

Durante la vista oral los tres negaron que tuvieran la intención de viajar con el dinero a Marruecos, coincidieron en que los billetes no eran suyos y que se dirigían a Gerona para hacer la entrega a una tercera persona.

Este caso, bautizado como operación Florín, está considerado como uno de los más importantes golpes, al menos en cuanto a dinero, contra el blanqueo de capitales en la zona.

M. D. y M. A. fueron detenidos cuando salían de un aparcamiento público en un coche. El grueso del dinero iba en el interior del vehículo en fajos de billetes. El resto fue hallado tras el registro de una vivienda en la avenida Bélgica. El dinero iba distribuido en pesetas, francos franceses, liras y florines holandeses.

En 1995 fue aprobada la Ley del Fondo de Bienes Decomisados a Traficantes, según la cual todo el patrimonio que le intervienen a los narcotraficantes, una vez sentenciados, pasa a manos del Estado.

Los fondos confiscados son dedicados íntegramente a la lucha contra el narcotráfico: una parte para la prevención de consumo, otra para tratamiento y reinserción y otra para los medios de represión contra el narcotráfico, como los cuerpos del Estado.