Transparencia inicia un proceso de sanción por infracción "muy grave" al Ayuntamiento de Algeciras

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha instado al Ayuntamiento de Algeciras a incoar un “procedimiento sancionador o disciplinario” interno a los responsables municipales que, pasados siete meses desde la primera petición, no han facilitado información sobre el uso que el grupo municipal de Vox hizo de las asignaciones en el mandato municipal 2019-2023.

En una resolución fechada el pasado lunes, día 19, a la que ha tenido acceso Europa Sur, el citado órgano advierte que la falta de una respuesta adecuada por parte del Consistorio es calificada como una “infracción muy grave”, la cual, de acuerdo a la Ley de Transparencia de Andalucía de 2021, conlleva una sanción de entre 30.001 y 100.000 euros.

El paso dado por el Consejo de Transparencia es el último de un proceso iniciado el 5 julio de 2023 por Jorge Domínguez, ex concejal de Vox en Algeciras, cuando registró ante el Ayuntamiento un petición para que, de acuerdo a la normativa sobre transparencia, se le diera información sobre tres aspectos: las cantidades abonadas al grupo municipal de Vox en concepto de asignación o dotación económica entre junio de 2019 a junio de 2023, el uso que Vox hizo de esos fondos públicos y los soportes documentales (facturas, recibos...) presentados por dicho grupo para justificar los gastos.

Dado que el gobierno local ofreció la callada por respuesta, el ex edil recurrió el 4 de septiembrede 2023 al Consejo de Transparencia, que, a su vez, trasladó la petición al Consistorio el 27 del mismo mes. A raíz de ello, el Ayuntamiento sí dio una respuesta, aunque se quedó lejos de satisfacer los requerimientos de Domínguez y de Transparencia. Como detalló esta redacción, fue el secretario municipal el encargado de dar contestación: el Ayuntamiento de Algeciras carece de un reglamento para controlar los gastos de los grupos políticos, por lo que no hay rendición de cuentas -ni por parte de Vox ni de ningún otro grupo municipal- del uso que hicieron de las citadas asignaciones en el pasado mandato. Que se sepa, tampoco en los anteriores ni en el presente.

En su respuesta, el secretario municipal dejó constancia de la necesidad de que el Ayuntamiento de Algeciras apruebe un procedimiento para que los partidos con representación municipal rindan cuentas sobre el uso del dinero público. Esas asignaciones, destinadas a cubrir los gastos de funcionamiento de los grupos, se establecen al inicio de cada periodo corporativo, al amparo de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Los grupos políticos pueden emplear este dinero -cuyo destino debe ser justificado debidamente- para material fungible (por ejemplo, gastos de oficina o cartelería) y otros fines, salvo para el pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o para la compra de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, como un local.

"En cuanto al control y justificación de estas asignaciones, la Ley de Bases impone a los grupos políticos el deber de llevar una contabilidad específica, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que este lo pida", recoge el documento del secretario. Sin embargo, el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Algeciras no establece un procedimiento para dicha rendición de cuentas, por lo que el control de los gastos (y su frecuencia) queda exclusivamente al criterio discrecional del gobierno municipal.

"Sería recomendable que el Pleno de la Corporación fije no solo las asignaciones a los grupos políticos municipales, sino también sería aconsejable que determine el destino que puede darse a dichas asignaciones, así como el procedimiento de rendición de cuentas de los grupos políticos", añadía el secretario.

Ordenanza municipal incumplida

La respuesta del Ayuntamiento no satisfizo al Consejo de Transparencia, que en su acuerdo del pasado día 19 tacha de “infracción muy grave” la ausencia de los datos solicitados. La gran pregunta ahora es sobre quién recaerá la responsabilidad, dado que en el organigrama de gobierno del Consistorio no hay un área de transparencia como tal ni tampoco hay un concejal que asuma esa función, extremo confirmado por fuentes municipales a preguntas de esta redacción.

“La transparencia es prioritaria para el Ayuntamiento de Algeciras y pone a disposición de los ciudadanos información sobre su gestión y actuaciones, para mejorar el buen gobierno, la calidad de los servicios y la eficiencia municipal”, recoge, sin embargo, la web municipal.

Ese vacío de funciones supone un incumplimiento de la ordenanza municipal de transparencia de Algeciras, en vigor desde agosto de 2016 tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. “El Ayuntamiento empezará a aplicar una norma que establece que tendrá que contestar las peticiones de información en un mes”, comunicó entonces el gobierno local.

"...en el plazo de seis meses"

La ordenanza municipal incluía una “disposición transitoria única de medidas de ejecución”, según la cual “en el plazo de 6 meses […] se llevará a cabo la adecuación de las estructuras organizativas para su ejecución”. “A tal efecto”, añadía, “la Entidad local iniciará el correspondiente proceso de rediseño interno y de revisión del reglamento orgánico, así como cuantas disposiciones, circulares o instrucciones internas pudieran resultar afectadas por la norma, dictando las instrucciones precisas para su adaptación”. De aquello han pasado siete años y medio.

Jorge Domínguez mantiene un pulso con la dirección local de Vox y alberga dudas sobre el uso que su excompañero de partido y concejal, Antonio Gallardo, hizo de las asignaciones que el Ayuntamiento de Algeciras concedió al grupo municipal para su funcionamiento durante los cuatro años del mandato pasado.

Aliados inicialmente, su enfrentamiento con Gallardo situó a Domínguez fuera de Vox y de su grupo municipal, aunque mantuvo el acta de concejal como no adscrito. Prácticamente, los cuatro años del mandato, Gallardo permaneció como único edil de Vox y fue el encargado de gestionar las asignaciones.