El Tribunal de Cuentas advierte de que Algeciras no reduce su riesgo financiero pese al apoyo del Estado

Un informe de fiscalización aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas constata que los ayuntamientos de Algeciras, Jerez, Jaén y Parla no lograron disminuir -durante los ejercicios de 2020 y de 2021- su alto nivel de endeudamiento, a pesar de las medidas de apoyo financiero recibidas del Estado.

Estas ayudas proceden principalmente de préstamos con cargo al Fondo de Ordenación y están dirigidas a ayuntamientos que se encuentran en una situación financiera negativa. Para poder adherirse a estos fondos los ayuntamientos deben elaborar planes de ajuste. Entre el 2015 y 2021 los cuatro ayuntamientos analizados recibieron 859 millones de euros procedentes del Fondo de Ordenación.

El Tribunal de Cuentas ha emitido un resumen del informe, pero advierte de que el texto completo estará disponible para consulta pública en los próximos días en www.tcu.es.

El informe concluye que los cuatro ayuntamientos se encontraban en los ejercicios analizados en situación de riesgo financiero. Todos ellos, excepto el de Jaén en el ejercicio 2021, registraban ahorro neto negativo, es decir, siendo los ingresos corrientes insuficientes para atender los gastos corrientes y la amortización de la deuda.

Así, el endeudamiento financiero por habitante en Algeciras durante el 2021 fue de 1.775 euros. Por lo que respecta al endeudamiento total, el Ayuntamiento de Algeciras debía ese año 276 millones de euros. El informe constata que los cuatro municipios fueron los que dispusieron entre 2015 y 2021 del mayor volumen de recursos procedentes del Fondo de Ordenación dentro del tramo de población analizado. El Ayuntamiento de Algeciras recibió 105 millones.

El endeudamiento financiero sobre ingresos corrientes en Algeciras se situó en 2021 en un 202%. Esta cifra fue muy similar en los ejercicios analizados precedentes.

Además, la sostenibilidad de la deuda comercial de los cuatro ayuntamientos se encuentra comprometida, ya que en todos ellos el Periodo Medio de Pago a Proveedores mensual superaba el límite máximo legal de 30 días durante los ejercicios 2020 y 2021, si bien en el caso del Ayuntamiento de Algeciras era significativamente menor que en el resto, mientras que en los ayuntamientos de Jerez de la Frontera y Parla se superaron los 400 días, llegando a un máximo de 693 días en el Ayuntamiento de Jaén.

La adhesión al Fondo de Ordenación exige por parte de todas las entidades locales de la aprobación de un plan de ajuste y de la adopción de determinadas medidas para revertir la situación financiera bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Estos planes de ajuste y la ejecución de sus medidas también han sido objeto de la fiscalización.

El Tribunal de Cuentas concluye que “los ayuntamientos fiscalizados, con carácter general, no han adoptado las medidas necesarias y no han alcanzado los ahorros previstos en los planes de ajuste, especialmente en los últimos ejercicios analizados, lo que ha llevado al incumplimiento de los objetivos planificados y al empeoramiento de las magnitudes representativas de su situación financiera”.

En el Ayuntamiento de Algeciras las medidas adoptadas entre 2015 y 2021 proporcionaron un ahorro total de 1,1 millones de euros frente a los 12,5 millones que se habían previsto.

El informe de fiscalización aprobado por el Tribunal de Cuentas constata que “pese a la situación de incumplimiento generalizado, el Ministerio de Hacienda y Función Pública no ha adoptado ninguna de las medidas para reconducir la situación”. Los requerimientos para la adopción de medidas correctoras del Ministerio a las cuatro entidades no fueron atendidos.

Con el objetivo de contribuir a la mejora de la gestión pública de estos ayuntamientos el Tribunal de Cuentas emite una serie de recomendaciones dirigidas a que estas entidades locales puedan revertir su difícil situación financiera, corregir su elevado nivel de endeudamiento, incluida la deuda comercial, y garantizar su sostenibilidad financiera.

La próxima reactivación de las reglas fiscales por parte de la Unión Europea, hasta ahora interrumpidas por los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19, obligará a las entidades locales con problemas financieros a adoptar todas las medidas necesarias para reconducir la situación.