West Team reclamará 11,5 millones si se rechaza el parking de Fuerzas Armadas
PSOE, IU y PP afirman que son contrarios a que se construya el aparcamiento · Señalan que retomaron el procedimiento por mandato judicial pero que la decisión final se adoptará en pleno con los nuevos informes
Los partidos de la Corporación consideran innecesario construir el parking subterráneo de la avenida Fuerzas Armadas. PSOE, IU y PP recalcaron ayer que en el pasado pleno sólo dieron luz verde, por mandato judicial, a que se retomara el procedimiento administrativo para la aprobación definitiva del proyecto. Así, acordaron solicitar nuevos informes técnicos para comprobar la viabilidad del aparcamiento, ya que éste se adjudicó a la sociedad West Team hace más de una década y las necesidades han cambiado. Por tanto, será en una nueva sesión plenaria, una vez recabada toda la información, cuando se vote si se construye el parking. No obstante, los partidos dejaron ya ayer claro que su postura es contraria, por lo que todo indica que rechazarán la edificación. Esta negativa podría acabar de nuevo en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, al verse la empresa desamparada por la administración al negarse a cumplir el contrato. Según ha podido saber este diario, West Team ya cuantificó en 11,5 millones el lucro cesante de la concesión. Una cantidad que reclamará por vía judicial al Ayuntamiento si el Pleno le impide ejecutar el proyecto.
El alcalde, Diego Sánchez Rull, recordó ayer que este procedimiento se remonta al año 2000 cuando la mesa de contratación -"que estaba representada políticamente por José Ortega (PA) y Luis Ángel Fernández (PP)"- adjudicó el proyecto del parking a West Team. Posteriormente, se llevó a Pleno, donde el equipo de gobierno (PA-PP) dio el visto bueno a la concesión administrativa. El trámite siguiente era la aprobación del proyecto definitivo, pero la presión vecinal de Fuerzas Armadas y la proximidad de las elecciones motivaron que el Pleno dejara el punto sobre la mesa.
El primer edil del PSOE explicó que West Team recurrió entonces al Contencioso-Administrativo y reclamó 11,5 millones por el lucro cesante de la explotación de la concesión. El Juzgado consideró que no procedía, ya que el Pleno todavía no se había pronunciado sobre el proyecto, por lo que requirió al Ayuntamiento que lo hiciera.
Sánchez Rull afirmó que el requerimiento se paralizó ya que el exalcalde Tomás Herrera inició conversaciones con el administrador de West Team, José María Aycart, -que también lo es de Nautagest, la concesionaria del parking Escalinata- a fin de llegar a un acuerdo. La negociación no llegó a buen puerto, por lo que la sociedad pidió que se retomara el procedimiento, algo a lo que instó el Juzgado en un auto a finales de 2008.
El alcalde señaló que, para cumplir con el mandato judicial, llevó este lunes a pleno un decreto en el que se solicitaba a la empresa informes que garanticen su solvencia económica y técnica, ya que el proyecto está obsoleto y debe adaptarse a la nueva normativa. Luego, dijo, se decidirá en pleno si se aprueba o no la construcción. Sobre esto, Sánchez Rull dejó claro que la voluntad política del PSOE ya quedó reflejada en su momento, al votar en contra de la actuación, y que esta postura "no ha cambiado".
IU, por su parte, también se posicionó a través del responsable del Área Económica, José Luis Alcántara: "Mantenemos nuestra oposición al parking que ya expresamos en su día con nuestro voto contrario en el pleno y que hemos mantenido a lo largo de los años". IU quiso también tranquilizar a los vecinos al asegurar que acometerá "cuantas actuaciones estén en nuestras manos para evitar esta construcción, desde el convencimiento de que existe plazo legal".
Asimismo, el secretario general del PP, Jacinto Muñoz, quiso despejar cualquier duda. "Para el PP, el parking es absolutamente innecesario". Muñoz reseñó que esta posición política en estos momentos "es común a toda la Corporación y por tanto no existe ningún problema en este punto, salvo el que algunos malintencionados quieran crear por intereses partidistas".
El Ayuntamiento, por tanto, se posicionará de lado de los vecinos de la avenida y tendrá que evitar en los juzgados el pago de la indemnización millonaria a la empresa.
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