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El nuevo adjudicatario del proyecto de demolición del parking La Escalinata renuncia

Eduardo Duro, que se hizo con la adjudicación con la oferta más baja, aduce "motivos personales"

El proyecto pasará a la segunda oferta mejor valorada, con un presupuesto de 82.294 euros, el doble

El parking La Escalinata. / J. A.

Algeciras/El estudio de arquitectura de Eduardo Duro Almazán, propuesto por la mesa de contratación del Ayuntamiento de Algeciras para que se haga cargo de la redacción del proyecto y dirección de obra del derribo del parking La Escalinata, ha presentado su renuncia al contrato por motivos personales. La empresa jiennense presentó la oferta más económica, por un importe de 39.930 euros (IVA incluido).

Según han informado a Europa Sur fuentes municipales no será necesario sacar un nuevo concurso, sino que el contrato será propuesto para adjudicación a la empresa que presentó la segunda oferta mejor valorada, Spaniarq T10, que contempla un presupuesto de 82.294 euros, el doble que la empresa que ha renunciado.

El Ayuntamiento de Algeciras debe decidir ahora si reclama al estudio de Eduardo Duro Almazán una indemnización del 3% del contrato por su renuncia a la adjudicación de este.

Segunda renuncia

La redacción de proyecto, coordinación de seguridad, gestión de residuos y dirección de obras en la demolición del aparcamiento Escalinata vive de esta manera un nuevo escollo. Esta es la segunda adjudicación del proyecto, ya que la primera se produjo en noviembre de 2019 a la UTE Vsing Innova 2016- VS Servicios y Urbanismo por 54.326,13 euros, sociedad que no lo ejecutó alegando su complejidad técnica.

El contrato había salido a concurso por 91.438,26 euros (IVA incluido). El adjudicatario final tendrá tres meses desde la firma del contrato para ejecutar los trabajos y posteriormente saldrá a licitación la ejecución de la demolición con los parámetros técnicos que decidan los arquitectos.

El derribo del aparcamiento lleva pendiente desde el año 2016, cuando el TSJA denegó definitivamente la petición del Ayuntamiento de Algeciras para evitar la demolición (el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación en 2017).

Desde entonces, el Alto Tribunal andaluz ha reclamado al Consistorio la ejecución de la sentencia en diferentes pronunciamientos. A finales de 2017, el Ayuntamiento comunicó al juzgado que carecía de medios técnicos para la redacción del proyecto, por lo que encargaría el trabajo a una empresa especializada, pero no convocó el concurso para la redacción del proyecto hasta agosto de 2018.

La adjudicación del contrato se produjo en noviembre de 2019. En septiembre de 2020, el TSJA volvía a advertir al Ayuntamiento de Algeciras: tenía que cumplir la sentencia de derribo. Y además lo apercibía: si no cumplía, los encargados de la ejecución de la sentencia se enfrentan a multas e incluso a la delimitación de responsabilidades penales por no hacerlo.

El contrato existente no se había ejecutado y se decidió resolverlo de mutuo acuerdo, sin imponer penalización alguna al adjudicatario, que alegaba que no lo había cumplido por "la enorme complejidad técnica, la importante repercusión en los edificios colindantes (estado actual de los mismos y su compatibilidad de uso durante las obras de demolición) y las grandes dificultades que implica la ejecución de la demolición del aparcamiento".

Hace unas semanas, el TSJA emitía una providencia en la que reclamaba al Ayuntamiento de Algeciras que informe "pormenorizada y mensualmente" de los pasos seguidos para ejecutar la demolición de forma efectiva.

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