La Audiencia se hace mayor

El 1 de diciembre de 1999 varios operarios se afanaban a las puertas del Palacio de Justicia de Algeciras en descargar mobiliario. Eran la única señal visible de un momento histórico para el Campo de Gibraltar: nacía la sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, la sección de Algeciras, una de las más peleadas del mapa nacional que venía a cubrir una demanda del sector judicial, partidos políticos y agentes sociales. Un órgano que hoy está en cabeza en el ranking de carga de trabajo de las audiencias provinciales y que llega a su edad adulta necesitada de la llegada de un magistrado más a Algeciras que permita crear la segunda sección, un refuerzo de funcionarios y mejores medios materiales.

El proceso para conseguir que el Campo de Gibraltar tuviera su propio órgano de la Audiencia Provincial, para evitar desplazamientos de los operadores del sector jurídico, cuerpos de seguridad y ciudadanos, había sido arduo. Como recuerda el presidente de la sección de Algeciras, Manuel Gutiérrez Luna, ya en 1995-96 hubo una primera petición por parte de los jueces algecireños; él era el decano en aquel momento. “Preparé una memoria explicando por qué por población y número de procedimientos era conveniente que el Campo de Gibraltar tuviera su sección de la Audiencia”, rememora. El objetivo era que los casos de mayor gravedad y los recursos de los juzgados de menor rango pudieran verse en Algeciras.

En aquel momento no salió adelante, pero en 1998 se empezó a tramitar una reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que desarrollaba la posibilidad legal de contar con secciones de las audiencias fuera de la capital de provincia. El cambio tenía padrinos: Francisco Álvarez Cascos y Federico Trillo, que quería que sus lugares de origen (Gijón y Cartagena) contasen con ellas.

En el primer borrador no estaba Algeciras, pero el sector judicial y los partidos en la zona no estaban dispuestos a dejar pasar la oportunidad. Comenzaron a moverse con el apoyo del entonces director general de Relaciones con la Administración de Justicia, el popular Juan Ignacio Zoido. Pero se encontraron una oposición dura: Cádiz no quería perder el volumen que le daban los casos del Campo de Gibraltar, tampoco los de Jerez, que también iba a hacerse con una sección propia. Y no solo era cuestión de gestión judicial y de poder: mientras los casos eran juzgados en Cádiz, eran los procuradores de allí los que se hacían cargo de ellos y en muchos casos los abogados también eran contratados allí. El bocado se daba también a los ingresos de los operadores jurídicos. Hubo rebelión en toda España: los procuradores convocaron huelga, recogieron firmas. El cisma se extendió por todas las instituciones: ayuntamientos, Parlamento andaluz, Congreso y Senado, con partidos enfrentados, políticos del mismo partido con posiciones opuestas, amenazas de ruptura de la disciplina de voto... Pero finalmente salió adelante.

Aunque todavía faltaba otro escollo: la sede judicial. La sección se abrió de forma provisional en la tercera planta del Palacio de Justicia a la espera de que se adecuase su actual edificio, el antiguo cuartel de intendencia en el Paseo Marítimo. También esta reforma, que acometió el Ayuntamiento de Algeciras aunque la competencia era autonómica, generó polémica. Cien millones (de pesetas) mediante, la sede era inaugurada en marzo de 2000. El día 30 de ese mes salía de ella su primera condenada, J. R. N., con una pena de cuatro años de cárcel por un delito contra la salud pública.

Con la puesta en marcha de la sección se ponía fin a los problemas de las fuerzas de seguridad, que se veían mermadas con los traslados y comparecencias en Cádiz; se facilitaba que abogados y procuradores de la zona se hicieran cargo de los casos del Campo de Gibraltar y “se beneficiaba al justiciable”. También, remarca Gutiérrez Luna, había una evidente mejora operativa: “Hubo algún caso en el que se perdió un sumario en el traslado a Cádiz”.

Veinte años después, la sección de Algeciras es una realidad rotunda que nadie pone en duda. Pero se ha quedado pequeña. En esos primeros años, recibía entre 900 y 950 asuntos al año; en 2018, entraron más de 1.600. Y además, “si en el año 2000 lo que entraba era un camión con droga y se condenaba al conductor, hoy estamos hablando de organizaciones de narcotráfico y casos con 30 o 40 investigados”, remarca el presidente de la Audiencia (al frente de ella desde su creación). Algeciras destaca año tras año en las estadísticas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: en 2018 entraron 427 asuntos por magistrado (aún cuatro), mientras la media andaluza fue de 325 y el módulo de referencia se establece en 260 por ser una sección mixta. Y pese a ello, las causas penales se resuelven en una media de dos meses; las civiles tardan más, once.

Esos datos avalan a juicio de Gutiérrez Luna la petición de un magistrado más para Algeciras, lo que supondría crear una nueva sección de la Audiencia. La actual se creó con tres magistrados, el cuarto se aprobó en 2009 y el quinto a finales del pasado año tras una intensa reivindicación también por parte del TSJA. Pero la carga de trabajo de Algeciras requeriría crear una segunda sección de forma que pudiese haber una especialización que facilitase la tramitación de los asuntos: una sección quedaría para los penales y otra para los civiles. Para eso hace falta un sexto magistrado, de forma que hubiera dos salas de tres.

También es urgente otro refuerzo: el de funcionarios. La sección abrió con diez y diez siguen en plantilla a pesar de que el número de jueces y de asuntos ha ido creciendo a lo largo de los años. “Este año hemos tenido apoyo durante unos meses, pero necesitamos al menos dos o tres funcionarios más”, explica el presidente. Es necesario en las circunstancias actuales y aún más en las que vienen: el trabajo realizado por los cuerpos de seguridad del Estado contra el narcotráfico está dando sus frutos en forma de organizaciones desarticuladas y múltiples detenidos. Las macrocausas están colapsando los juzgados de Instrucción, pero también repercuten en la Audiencia, en donde no solo desembocarán los juicios con decenas de investigados, sino que también recibe los recursos contra las decisiones de los jueces de Instrucción. Y que después es responsable de la ejecución de las penas.

Los medios materiales también pueden mejorar. Desde la apariencia de la sede, necesitada de una buena mano de pintura y un repaso generalizado, a un reforzamiento de los calabozos, una renovación del sistema de grabación o una reforma de la sala de audiciones para los macrojuicios que vienen. Unos retoques para estar lista para los próximos veinte años.