Antifraude requiere datos sobre la contratación en Algesa tras una denuncia por enchufismo

Transparencia

La Oficina Andaluza Antifraude solicita informes sobre los métodos de selección de personal y sus posibles vínculos con el personal de la empresa y del gobierno local

Los servicios jurídicos de Algesa ya preparan los informes requeridos por la entidad, según el Ayuntamiento

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Un trabajador de Algesa recoge cajas en el entorno del mercado.
Un trabajador de Algesa recoge cajas en el entorno del mercado.

La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) ha requerido al Ayuntamiento de Algeciras información sobre la contratación de personal eventual en la empresa pública Algesa tras una denuncia ante este organismo por presunto enchufismo. Algesa gestiona en la ciudad los servicios de recogida de residuos, limpieza urbana y transporte urbano.

Así consta en una resolución fechada el pasado 6 de noviembre, a la que ha tenido acceso Europa Sur, en la que la entidad acuerda efectuar actuaciones previas, entre ellas la petición de información al Consistorio y a la mercantil pública, que deben ser atendidas en quince días desde la notificación de la resolución. La empresa pública ya está preparando la documentación, según han especificado desde el Ayuntamiento a consultas de este periódico.

La denuncia fue interpuesta el pasado 22 de junio de 2023 ante la Subdirección Investigación, Inspección y Régimen Sancionador de la OAAF y ampliada a principios de noviembre. En ella, el denunciante sostiene que Algesa, como empresa pública perteneciente al Ayuntamiento de Algeciras, "sigue una política de contratación de personal temporal carente de transparencia, sin procedimientos que garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad". Asimismo, prosigue el denunciante, en esa política de contratación "se manifiestan casos de connivencia entre el Ayuntamiento y simpatizantes del partido político que gobierna el municipio", en este caso el Partido Popular.

El periodo de tiempo denunciado abarca desde mayo de 2021 hasta la actualidad. En ese plazo, el concejal responsable de Algesa fue Jacinto Muñoz, relevado en junio de este año por Vicente Palomares.

A resultas de la denuncia, la OAAF ha solicitado tres informes para decidir si abre una investigación o si, por el contrario, archiva la denuncia. El primero de los informes solicitados se refiere a los procedimientos seguidos en Algesa para la contratación de personal temporal desde el año 2021 hasta la actualidad en el que se especifiquen los criterios de selección de los candidatos, la composición de los órganos de selección y la relación de candidatos seleccionados.

El segundo informe solicita información sobre la existencia de una bolsa de empleo (o instrumentos similares de selección de recursos humanos) en Algesa para las contrataciones temporales desde el año 2021 hasta la actualidad, mientras que el tercero abarca la metodología de los procesos selectivos de personal temporal empleada por Algesa desde 2021 en adelante.

La petición de información se completa con una relación de trabajadores de Algesa "que posean vínculos familiares (por consanguinidad o afinidad), afectivos, de afinidad política o de interés económico, con los órganos de administración y de dirección de dicha sociedad o con los órganos de gobierno de la corporación municipal", reza la resolución.

La Oficina recuerda que existe el deber de colaboración, definido en el artículo 13.2 de la Ley 2/2021 (de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante), cuyo incumplimiento constituye infracción sancionable.

El Ayuntamiento de Algeciras ha especificado que la resolución ya está en poder de Algesa, cuyos servicios jurídicos ya están preparando la documentación solicitada, sin que se hayan aportado plazos estimados para cumplir con el requerimiento.

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción es una entidad de derecho público, adscrita al Parlamento de Andalucía, que actúa con plena autonomía e independencia y sus fines son prevenir y erradicar el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal que perjudique los intereses públicos de Andalucía.

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