El Ayuntamiento de Algeciras vulneró el reglamento de protección de datos al no colaborar con Transparencia en una reclamación

Algeciras/Otro tirón de orejas para el Ayuntamiento de Algeciras en materia de transparencia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía considera probado que el Consistorio cometió una infracción por falta de colaboración en la reclamación de un particular contra la entidad local. Un hecho que supone una infracción del artículo 58.1 del reglamento comunitario de protección de datos que, aunque no conlleva sanción económica ni más acciones más allá del apercibimiento, evidencia nuevamente las amplias lagunas del Ayuntamiento en la materia.

Así consta en una reciente resolución publicada por el Consejo, que abrió el expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Algeciras por no atender los requerimientos de información realizados por la autoridad de control (el propio Consejo) durante la tramitación de una denuncia sobre la comunicación sin consentimiento de datos personales de un ciudadano.

El caso se remonta a marzo de 2021, cuando el Consejo recibió una reclamación por una presunta infracción de la normativa de protección de datos personales. Un ciudadano denunció una filtración de sus datos personales contenidos en una queja presentada contra el Consistorio. A los pocos días, el Consejo reclamó a la entidad local información sobre el caso, así como las medidas de protección existentes y acciones tomadas al respecto, sin recibirse respuesta en el plazo de un mes concedido para ello.

Ya en mayo de 2021, el Consejo requirió al Ayuntamiento para que le enviase información y documentación sobre las causas que habían motivado la incidencia y las actuaciones llevadas a cabo en relación con la reclamación. El requerimiento consta como recibido, sin que nuevamente hubiera respuesta. En marzo de 2022, un año después de la primera queja, el Consejo de Transparencia volvió a requerir información al Ayuntamiento avisando de las consecuencias legales del silencio mantenido hasta el momento. Por tercera vez, no hubo respuesta.

En noviembre de 2023, el director del Consejo acordó el inicio del expediente sancionador que ahora se ha resuelto de forma desfavorable para el Consistorio. "Notificado el acuerdo de inicio al órgano reclamado, éste presentó alegaciones en las que, en síntesis, no hace referencia alguna al presente procedimiento de falta de colaboración con la autoridad de control, únicamente responde al contenido del expediente original, cuyo contenido no es objeto del presente procedimiento", resume la resolución. Es decir, a la cuarta comunicación, el Ayuntamiento respondió sobre el caso de origen, pero ya era tarde. Sobre la propuesta de resolución, la administración municipal tampoco interpuso alegaciones.

"La entidad reclamada no procuró al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía la información requerida reiteradamente en el marco de la tramitación de la reclamación referenciada y que resultaba necesaria para desarrollar la potestad de investigación que confiere el referido artículo 58.1 del reglamento, en relación con el expediente", cita la resolución como hechos probados. No obstante, el Consejo no estima necesario que el Ayuntamiento adoptase medidas adicionales para proteger los datos respecto de las ya adoptadas.

Un cerro de reclamaciones

El Ayuntamiento de Algeciras acumula una treintena de reclamaciones resueltas por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desde 2019 por falta de acceso a la información pública. También al menos un expediente sancionador actualmente en curso y cuatro reclamaciones por posibles infracciones de la normativa de protección de datos, principalmente por filtraciones, que igualmente pueden derivar en procesos sancionadores.

El expediente sancionador se ha abierto este mismo mes de marzo a raíz de una reclamación de la sección sindical de la CGT, mientras que las reclamaciones por protección de datos se corresponden con tres interpuestas el pasado diciembre por una funcionaria municipal y la cuarta por un particular. A su vez, la mayoría de las reclamaciones ya resueltas en los últimos seis años se basan en restricciones aplicadas por el Consistorio a la hora de facilitar información pública a terceros (partidos políticos, particulares o sindicatos) e incumplimientos de publicidad activa por no difundir datos que deberían estar disponibles para todos los ciudadanos sin necesidad de solicitud, según la recopilación efectuada por Europa Sur.