El Ayuntamiento de Algeciras supera la treintena de reclamaciones por falta de transparencia desde 2019

Algeciras/El Ayuntamiento de Algeciras acumula una treintena de reclamaciones resueltas por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desde 2019 por falta de acceso a la información pública. También al menos un expediente sancionador actualmente en curso y cuatro reclamaciones por posibles infracciones de la normativa de protección de datos, principalmente por filtraciones, que igualmente pueden derivar en procesos sancionadores.

El expediente sancionador se ha abierto este mismo mes de marzo a raíz de una reclamación de la sección sindical de la CGT, mientras que las reclamaciones por protección de datos se corresponden con tres interpuestas el pasado diciembre por una funcionaria municipal y la cuarta por un particular. A su vez, la mayoría de las reclamaciones ya resueltas en los últimos seis años se basan en restricciones aplicadas por el Consistorio a la hora de facilitar información pública a terceros (partidos políticos, particulares o sindicatos) e incumplimientos de publicidad activa por no difundir datos que deberían estar disponibles para todos los ciudadanos sin necesidad de solicitud, según la recopilación efectuada por Europa Sur.

El equipo de gobierno, a través de los concejales Jacinto Muñoz y María Solanes (PP), ha defendido esta misma semana la puesta en marcha de un nuevo sistema para el acceso a los decretos de Alcaldía por parte de los miembros de la Corporación municipal "para el equilibrio entre el derecho a la información de los concejales y el derecho a la intimidad de los ciudadanos". El sistema obliga a los ediles a firmar un acuerdo de confidencialidad con el que la entidad local busca atajar las posibles filtraciones de información. "Instamos a todos los grupos a asumir con responsabilidad este mecanismo y a comprender que la transparencia no puede ser sinónimo de desprotección. Estamos abiertos al diálogo y a seguir fortaleciendo las garantías democráticas, pero siempre dentro del marco legal que nos obliga a proteger la intimidad de nuestros ciudadanos”, según Muñoz. Solanes, por su parte, justificó el sistema para evitar las posibles sanciones por parte del Consejo de Transparencia.

La Ley de Transparencia, en vigor desde el año 2014, recoge que dado que el acceso a la información puede afectar de forma directa a la protección de los datos personales, se aclara la relación entre ambos derechos estableciendo los mecanismos de equilibrio necesarios. Así, por un lado, en la medida en que la información afecte directamente a la organización o actividad pública del órgano prevalecerá el acceso, mientras que, por otro, se protegen los datos que la normativa califica como especialmente protegidos (datos de salud, condición sexual, ideología, afiliación sindical, religión o creencias, entre otros), para cuyo acceso se requerirá, con carácter general, el consentimiento de su titular.

El anunciado mecanismo de equilibrio por parte del equipo de gobierno se ha implantado con más de diez años de retraso y toda vez que la entidad local arrastra numerosos incumplimientos de la Ley de Transparencia en forma de reclamaciones y sanciones, así como filtraciones de información que han puesto en evidencia una deficiente gestión de la información. Además, en el organigrama del gobierno municipal ningún edil tiene atribuidas específicamente las competencias en transparencia municipal para la gestión, entre otras atribuciones, del portal de transparencia.

El Partido Socialista había denunciado a principios de marzo las trabas sufridas a la hora de recibir el millar de decretos de Alcaldía que se firman cada mes en el Consistorio, que alegaba, precisamente, la protección de datos personales hasta el punto de entregarlos a horas vista antes de cada pleno. Los socialistas también habían reclamado recientemente por falta de datos en la web municipal como dos ejemplos de deficiencias en la materia. A lo largo de esta semana, el encontronazo entre el gobierno y el principal partido de la oposición fue a más ya que los socialistas solicitaron la suspensión del Pleno del viernes por entender que el nuevo sistema de confidencialidad para tener acceso a los decretos conculca el derecho de los ediles a fiscalizar la acción del gobierno.

Con todo, la entidad local mantiene abiertos numerosos frentes y expedientes por una deficiente gestión en materia de transparencia.

Un expediente sancionador abierto

El sindicato CGT denunció en 2023 ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía una filtración masiva de información producida durante las elecciones sindicales en el Ayuntamiento de Algeciras. En mayo de ese año, un agujero en la gestión de los datos dejó al descubierto la información profesional de toda la plantilla municipal, conformada por alrededor de 700 personas. Los nombres completos de los empleados, sus fechas de nacimiento y de ingreso en el Consistorio y las categorías profesionales estuvieron accesibles para cualquier internauta durante cinco días en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal.

La información se difundió en tres listas en formato PDF: una con la plantilla de técnicos y administrativos (personal laboral e interinos), otra con los funcionarios y una tercera con los miembros de la Policía Local provocando un gran malestar entre los empleados públicos.

A raíz de esta situación, la sección sindical de la CGT llevó el caso al Consejo, que este mismo mes de marzo ha notificado la apertura de un expediente sancionador que tendrá un plazo de resolución de varios meses.

La CGT también tiene una reclamación en curso contra el Ayuntamiento por la solicitud de información sobre los criterios de selección del personal que forma a la Policía Local. Según CGT, la información reclamada se les ha ofrecido cercenada, sin todos los datos a los que consideran que deberían tener acceso.

Tres reclamaciones de una funcionaria municipal

El pasado mes de diciembre, una funcionaria municipal del Ayuntamiento de Algeciras presentó tres reclamaciones contra el Consistorio ante el consejo andaluz por supuestas faltas de medidas de seguridad de los datos personales en el proceso de selección de la Policía Local (del que formó parte como miembro del tribunal evaluador); otra por el supuesto uso de datos de salud "con finalidades no relacionadas con la original" así como falta de confidencialidad y falsedad de dichos datos y, en tercer lugar, por una copia no autorizada del contenido del disco duro de su ordenador municipal.

En los tres casos, a cuyas reclamaciones ha tenido acceso Europa Sur, el Consejo se da por enterado de la queja e informa de que se analizarán los tres supuestos. Si bien es un procedimiento que suele demorarse varios meses entre la solicitud de información al Consistorio sobre el caso, la recepción de la misma (sujeta a unos plazos determinados) y el análisis por parte de la Comisión antes de emitir un dictamen que puede derivar en la incoación de un expediente sancionador.

Filtración de datos

El Ayuntamiento algecireño reconoció este mes de marzo una violación de seguridad en su sede electrónica que permitió la exposición de datos personales de un vecino en el marco de un expediente de disciplina urbanística. La filtración, confirmada en un informe oficial del delegado de Protección de Datos del Consistorio, motivó una reclamación por parte del perjudicado ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que ya ha iniciado una investigación.

El afectado, cuyas iniciales son A.M.T., interpuso en noviembre de 2022 una denuncia urbanística contra la comunidad de propietarios de la urbanización Montemar, en la zona de San García. En mayo de 2023, el Ayuntamiento inició el correspondiente expediente en sede electrónica, pero el denunciante detectó que sus datos personales habían quedado expuestos a los denunciados, permitiéndoles acceder a información privada sin su consentimiento.

Según el informe del delegado de Protección de Datos municipal, el sistema de gestión de expedientes asignó erróneamente la condición de "interesado" al denunciante, lo que posibilitó que la parte denunciada tuviera acceso a sus datos identificativos. “Pudiese haber sido posible que el otro tercero definido en el expediente haya podido conocer los datos identificativos del reclamante”, concluye el citado documento. La brecha de seguridad ha generado una gran preocupación en A.M.T., quien expresó que el incidente le ha afectado psicológicamente.

Falta de acceso a la información

Entre los años 2019 y 2025, el Ayuntamiento de Algeciras fue requerido en al menos 32 ocasiones por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía por incumplimientos en materia de transparencia. En seis casos, por no ofrecer información en el portal municipal relativa a la empresa Algesa, Emalgesa y el propio Ayuntamiento. La información no difundida abarcaba cuestiones como contratos laborales, información financiera y presupuestaria que debería estar disponible para cualquier ciudadano. En las resoluciones se instaba al Consistorio a publicar de inmediato dichos datos aunque sin imponer ninguna medida sancionadora.

Y en otros 26 casos, a instancias de terceros (ciudadanos, partidos políticos o colectivos), el Consejo resolvió estimando en su totalidad o en parte la entrega de otros tantos expedientes sobre trámites municipales y de las empresas públicas que no se habían ofrecido tras las correspondientes peticiones formales. En varios casos, el Consejo instaba a la entidad local a facilitarlos disociando los datos personales como solución para garantizar la protección de la información personal frente al criterio del Consistorio de denegar sistemáticamente las solicitudes.