La caída del capitán Joaquín

Algeciras/La última vez que se le vio en un acto público fue el 31 de mayo, en los homenajes rendidos a Fermín Cabezas, el guardia civil de Tráfico fallecido en accidente en la A-7 cuando perseguía a un coche cargado con un alijo de hachís. El capitán Joaquín F. era hasta el pasado jueves el responsable directo de la Policía Judicial de la Benemérita en el Campo de Gibraltar, la figura clave encargada de ejecutar y de velar por las investigaciones ordenadas de los jueces y fiscales. Eso incluía los casos ligados a la lucha contra el tráfico de drogas o a la corrupción, un cenagal en el que es obligado caminar con pies de plomo. Un paso en falso y te hundes hasta la nuez.

“Me he reunido varias veces con este hombre y compartido algún café. Si me hubieran preguntado ayer, hubiera dicho que es uno de los profesionales más íntegros que conocía. Todavía no acabo de creérmelo”, apuntaba el jueves pasado un veterano juez, aún impactado, nada más tener noticia del arresto e ingreso en prisión incondicional del capitán. La sacudida generada por su detención y la gravedad de las imputaciones no son para menos. La magistrada del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Algeciras, Carmen Martínez, le atribuye los delitos de revelación de secretos, omisión del deber, prevaricación y pertenencia a organización criminal, si bien Joaquín F. tiene abiertas en su contra otras investigaciones independientes en los juzgados.

Esos procesos son algunos de los principales quebraderos de cabeza del capitán, pero también lo son las pesquisas que, en paralelo, viene realizando desde hace años el servicio de Asuntos Internos del Guardia Civil. En apariencia, Joaquín F. era un guardia civil de los pies a la cabeza, con prestigio, condecorado en diversas ocasiones a lo largo de su larga trayectoria profesional. Las investigaciones apuntan, sin embargo, a su presunta participación en una amplia red corrupta que implicaba, además de a otros compañeros, a policías nacionales, miembros de Vigilancia Aduanera, trabajadores portuarios, empresarios y, por supuesto, narcotraficantes. Muchos de ellos han sido ya detenidos.

Uno de los episodios en los que trabaja Asuntos Internos, apoyado por la Policía Nacional, está relacionado con un tiroteo ocurrido en Algeciras, en el que un agente de la Benemérita resultó herido de bala. La investigación a la que ha tenido acceso este periódico gira en torno al supuesto pago de 30.000 euros a cambio de la puesta en libertad de los implicados.

Escena primera

Algeciras, 15 de noviembre de 2017. Son las 8:30 y un coche camuflado de la Guardia Civil con dos jóvenes agentes en su interior vestidos de paisano permanece aparcado en la calle Antonio Machado, confluencia con Ponce de León, en la barriada del Saladillo, un territorio habitado por gente modesta y trabajadora donde la droga circula con facilidad.

A unos metros, en la acera, tres hombres conversan cuando se les acercan otros dos que acaban de bajarse de un vehículo de alta gama. Uno de ellos es Emilio Mazuelos Mesa, Emilio El Moro, un conocido y peligroso narcotraficante de 38 años con numerosos antecedentes policiales, incluidos, entre otros delitos, los de homicidio doloso, secuestro y torturas.

El grupo se ha percatado de la presencia del coche y miran con mala cara a los guardias civiles que lo ocupan, quienes optan por arrancarlo y moverlo de sitio para evitar ser descubiertos y que se frustre la operación, aunque al cabo de unos minutos deciden regresar para continuar con la vigilancia. Han reconocido a Emilio El Moro, el jefe, el hombre al que andaban buscando, pero no hay suerte: los narcos confunden a los dos agentes con miembros de un grupo rival y creen que vienen con la intención de darles un vuelco, un robo de droga entre bandas.

Uno de los individuos saca una pistola y comienza a disparar a los guardias civiles sin hacer preguntas. Los agentes salen del coche y se identifican mientras buscan un parapeto, lo cual no evita que uno de ellos resulte herido de bala en una pierna. El caos y el miedo se apoderan del vecindario porque los disparos vuelan en todas direcciones. Un proyectil se encaja en un sexto piso, dejando un agujero en una persiana. Los casquillos de las balas quedan esparcidos en el suelo.

Llegan los refuerzos, más guardias civiles y también policías nacionales y locales. Los narcos se dan cuenta de que han metido la pata hasta la ingle: no solo están a punto de dejar al descubierto una guardería estratégica y de perder un importante alijo, sino que han herido a un guardia civil. Son palabras mayores. Huyen a la carrera en el laberinto de callejones del barrio a pesar de que la zona está acordonada.

Con la ayuda de algunos vecinos, la Policía Nacional da con el piso donde se esconde la droga, 2.800 kilos de resina de hachís valorados en varios millones de euros. Los fardos estaban apilados hasta el techo en dos habitaciones, al fondo de un pasillo. Es el bloque 6, bajo A de la calle Antonio Machado. En el inmueble reside Francisco Javier Fernández Campos, alias El Chino, con 18 detenciones policiales anteriores, quien asume por entero ser el dueño de la droga.

Escena segunda

Venta José Mari, km 101 de la N-340. 17 de noviembre de 2017. Han pasado dos días desde el tiroteo cuando la Policía Nacional recibe el aviso de que en la terraza exterior del popular establecimiento está teniendo lugar en torno a una mesa una peculiar reunión. Las imágenes de vídeo de las cámaras de seguridad de la venta –recabadas esa misma tarde por la Policía– muestran que los primeros en llegar a la barra para pedir un café han sido el capitán Joaquín F. y un conocido abogado algecireño, especializado en la defensa de narcotraficantes, con el que mantiene estrechos lazos. Son las 8:00 y el jefe la Policía Judicial viste de paisano, con pantalón oscuro y un polo violeta; el abogado, de traje y corbata.

Pasan bastante tiempo a la espera de noticias y a las 10:30 llegan dos individuos, posiblemente dos guardias civiles, que visten ropa deportiva oscura. Pasados veinte minutos, a las 10:50, se produce la sorpresa: la Policía Nacional identifica a cinco individuos que se bajan de un coche, tres de los cuales se encuentran entre los presuntos implicados en el tiroteo del Saladillo y con el alijo. Uno de ellos es Emilio El Moro, acompañado de David E. G. –su principal hombre de confianza– junto a José O. F., Francisco Javier F. C. y Diego V. G. El capitán saluda a todos ellos estrechándoles las manos.

Los escoltas David E. G. y José O. F visten de chándal y entran en la venta a las 10:52 para pedir algunas bebidas y asegurarse de que todo está en orden, mirando a un lado y otro, a la búsqueda de alguien que pudiera resultarles sospechoso. Todo despejado.

A las 11:09 llega un motociclista, protegido con un casco integral, para entregar en mano a David E. G. un objeto. El capitán de la Guardia Civil ha vuelto unos instantes antes al interior del establecimiento para hacer tiempo y hablar por teléfono. El aviso de la cita ha llegado ya a la Policía Nacional de Algeciras, cuyos responsables no dan crédito a lo que les han contado. Uno de ellos marca el número de Joaquín F: “¿Qué estás haciendo ahí?”, le espeta. El mando de la Guardia Civil balbucea y responde que está tratando de pactar la entrega a la Justicia de los autores del tiroteo, al tiempo que invita a su interlocutor a participar en la reunión, a lo que el mando policial le replica que para ello existe un procedimiento reglado, que en ningún caso pasa por una negociación ten con ten con unos delincuentes en una venta de carretera. “No queremos nada de ti”, le subraya antes de colgar el teléfono.

La reunión del capitán y el abogado con Emilio El Moro y sus acompañantes dura en verdad pocos minutos. Es el letrado quien permanece más tiempo con ellos, hasta que a las 11:23 entra en el establecimiento en busca del Joaquín F. para comunicarle que la cita ha terminado. Tras una breve despedida, cada cual deja el lugar en sus respectivos vehículos.

Escena tercera

17 de noviembre de 2017. A instancias del abogado presente en la negociación que ha tenido lugar esa misma mañana en la venta, Francisco Javier F. C. y Diego V. G. –dos de los asistentes a la cita– se entregan por la tarde a la Guardia Civil. Al primero, de 47 años de edad en ese momento, se le imputa un delito contra la salud pública, en tanto que su acompañante, de solo 19 y emparentado con El Chino, se atribuye los disparos contra los agentes de la Guardia Civil. Sobre el papel se lleva la peor parte: intento de homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas. Hace entrega de la supuesta arma empleada. Hay un pero que pasa por alto en ese instante. O no: el revólver que deposita ante la Guardia Civil no deja casquillos sueltos y su calibre tampoco coincide con el del tiroteo. Al fin y a la postre, ese parecía el objetivo: cargar momentáneamente con el mochuelo para quedar luego libre por la inconsistencia de las pruebas.

Escena cuarta

Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. El mismo abogado se dirige esta vez a la sede de la Benemérita con Emilio Mazuelos Mesa cogido del brazo. Puro trámite. Su cliente comparece como imputado por un delito contra la salud pública en relación con los 2.800 kg de hachís. Son las 9:50 cuando inicia su declaración. Dice no saber nada del alijo, aunque reconoce que la mañana del tiroteo estaba, efectivamente, en el Saladillo: su tía con alzheimer vive allí y acude a verla “todos los días” a prepararle el desayuno. Relata que la mañana del tiroteo llegó a las 7:30 y se fue cuando su prima acudió para hacerle el relevo, más o menos una hora más tarde. Claro que escuchó los tiros, pero él no sabe nada de lo que pasó, como tampoco conoce de nada a El Chino ni a qué se dedica. Tras prestar este testimonio, quedó en libertad.

Epílogo (momentáneo)

La última noticia que se tiene de Emilio El Moro fue su detención el pasado 30 de enero en Alcobendas (Madrid), donde residía prácticamente escondido, en una operación policial que supuso la desarticulación de su banda, con otras 16 personas detenidas y 23 registros.