Las narcolanchas no tienen quien las mueva

El proceso de destrucción de las narcolanchas puesto en marcha por el Gobierno central se ha encontrado con un obstáculo: la falta de candidatos viables para hacerse con el contrato de transporte de las embarcaciones. El Ministerio del Interior licitó el pasado mes de octubre el servicio de recogida, traslado y destrucción de estas embarcaciones en las zonas de Algeciras y Cádiz, dividido en cuatro lotes, pero solo uno de ellos, el de la eliminación de las lanchas de Algeciras, ha sido adjudicado. El servicio de transportes ha quedado desierto.

Interior declaró en octubre del pasado año las narcolanchas como género prohibido. Esta calificación afectaba a semirrígidas y neumáticas (salvo las expresamente autorizadas), pero también a embarcaciones de todo tipo “cuando se acredite la existencia de elementos o indicios racionales que pongan de manifiesto la intención de utilizarlas para cometer o para facilitar la comisión de un acto de contrabando”.

Un año después sacó a concurso la retirada y eliminación de las neumáticas y semirrígidas de alta velocidad para evitar la reutilización de las mismas en el transporte de droga a través del Estrecho, destacando también su necesidad ante la acumulación de narcolanchas en las instalaciones de Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, que está provocando “un grave problema de condiciones de seguridad”.

La eliminación de las embarcaciones es un proceso complejo, ya que cada una de las partes que las componen deben ser tratadas según un método de eliminación de residuos determinado “y cumpliendo con la legislación medioambiental vigente”. De ahí la contratación especializada al no contar con personal cualificado para realizar este tipo de servicios, justificaba Interior.

El Ministerio sacó a concurso el servicio anual en cuatro lotes: dos para la recogida y traslado desde el lugar de incautación hasta el depósito en el que esperar la resolución que le corresponda, en la zona de Algeciras (lote 1) y la de Cádiz (2). Y otros dos para la destrucción de la embarcación, incluido su traslado desde el lugar donde se encuentre depositada, también para cada una de las zonas (lotes 3 y 4). El valor estimado total del contrato era de 192.000 euros incluyendo una prórroga de doce meses y una posible modificación del 20%. No obstante, el coste real lo determinaría el número de embarcaciones que finalmente fueran recogidas y destruidas en el periodo del contrato, ya que el pago del servicio es por narcolancha gestionada.

El resultado del concurso no ha sido precisamente de éxito. Para el lote 2, el transporte en Cádiz, no hubo ofertas. Para el lote 1, transporte en Algeciras, hubo un ofertante inicialmente, pero no entregó la documentación requerida, por lo que la licitación también quedó desierta.

Para el lote 3, la destrucción de las embarcaciones en la zona algecireña, hubo dos propuestas. La mesa de contratación adjudicó finalmente el servicio a la empresa Desguace de Embarcaciones Málaga por 38.500 euros. Esa misma empresa propuso hacerse cargo del lote 4, pero la mesa de contratación rechazó adjudicárselo al considerar que la solvencia económica acreditada documentalmente no era suficiente. Por tanto, es solo el servicio de desguace de las narcolanchas de la zona de Algeciras el que está garantizado, pero pendiente todavía del servicio de transporte.

La acumulación de narcolanchas es una de las quejas constantes de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, que solo en Algeciras tienen almacenadas unas 200 embarcaciones. Y al alza. Aparte del concurso desierto, estos cuerpos apuntan a otra cuestión a resolver: la lentitud de los trámites judiciales. Cada vez que se interviene una se presenta al juzgado una solicitud de destrucción de la embarcación. Hay muchas peticiones esperando a que los jueces de instrucción firmen la autorización de eliminación de las embarcaciones; estos explican que la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a notificar a todas las partes de un procedimiento la solicitud de destrucción de la lancha, algo que ralentiza el proceso, más en unos juzgados saturados de trabajo desde la puesta en marcha del plan de seguridad.

En la base del problema está la falta de un depósito al que llevar las embarcaciones mientras que la autoridad judicial decide su futuro. Hace unas semanas la Agencia Tributaria reclamaba a la Junta de Andalucía que se hiciera cargo de las embarcaciones. Y aunque la Junta ha venido insistiendo (antes con un gobierno socialista y ahora con el popular) en que esa competencia no está recogida como autonómica en los acuerdos existentes al respecto, el director general de Infraestructuras y Sistemas de la Consejería de Justicia, Miguel Ángel Reyes, aseguraba la disposición de la Junta a “resolver el problema puntual del Campo de Gibraltar”. El depósito que se habilite, que todavía tardará, sustituiría al último que funcionó en la comarca, que cerró en 2018 con más de 3.500 vehículos y unas 1.000 embarcaciones en su interior.