Condena a Algesa por despido improcedente de una trabajadora

Los tribunales han emitido una sentencia favorable a una trabajadora de la empresa municipal de limpieza de Algeciras -Algesa-, por despido improcedente. Según destaca CSIF en un comunicado, su despido por parte de la dirección de la empresa "se llevó a cabo de forma ilegal, después de que la afectada fuera una de las primeras trabajadoras en denunciar su situación irregular en Algesa". CSIF entiende que su despido "fue una torticera represalia por su denuncia, por lo que el juzgado ha tenido que darle la razón".

Este nuevo revés judicial contra la empresa municipal va a suponer un gasto “escandaloso” para las arcas municipales, superando los 63.000 euros, más las cotizaciones del tiempo en que la trabajadora ha estado despedida. "Esta indemnización, que habrán de pagar todos los algecireños a través de sus impuestos, se suma a las que ya ha habido que pagar anteriormente por sentencias contrarias a Algesa por el mismo motivo", puntualiza.

Precisamente, el pasado 4 de junio se celebró otro juicio contra las malas prácticas de Algesa, las cuales, a juicio de la sección sindical de CSIF, “están encaminadas a castigar a quien no se somete a los caprichos del responsable de la dirección de Algesa y de algún miembro del comité de empresa”. Desde CSIF se recuerda que el denunciante, a la sazón miembro del comité por CSIF, denunció la apertura de un expediente disciplinario que terminó en sanción por negarse a cumplir una irregularidad.

Por su parte, CSIF ha denunciado a Algesa por "discriminar a su sección sindical con representación en la empresa municipal", debido a la negativa y desinterés de Algesa en entregar un local sindical, tal y como tienen el resto de sindicatos con representación.

Desde la sección sindical de CSIF se solicita al Ayuntamiento de Algeciras "que ponga los medios necesarios para que se acaben este tipo de prácticas en Algesa y se cese al responsable de la dirección". En este sentido, recuerda la cantidad de juicios pendientes y la repercusión económica sobre las arcas municipales que tienen las decisiones “dictatoriales” que se toman desde la dirección, además de recordar que el responsable "está inmerso en un procedimiento penal por la presunta apropiación de material incautado por la Agencia Tributaria para su posterior comercialización".