El Consorcio de Seguros rechaza indemnizar a dos policías arrollados por un narcotraficante en Algeciras

La Sección 7ª de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, iniciará hoy el juicio contra Isaías M.S. por, entre otros, dos delitos de intento de asesinato contra un inspector y un agente de la Policía Nacional a los que, el 5 de septiembre de 2020, arrolló con un todoterreno cargado de droga. La Fiscalía reclama para el acusado penas de prisión que suman 36 años y el abono de una indemnización de 1,5 millones de euros para el inspector Francisco Javier G.S. por las gravísimas lesiones sufridas. La acusación particular eleva la pena a más de 46 años de reclusión y la indemnización, a 3 millones.

Una de las claves del juicio, que se prolongará durante dos jornadas, será dilucidar no solo la cuantía de las indemnizaciones (que en el caso del policía sería de 3.000 euros, según el fiscal) sino a quién corresponde abonarlas. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular entienden que, en el caso de que Isaías M.S. se declare insolvente –como parece probable– sea el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) quien las asuma, pero este último ya ha adelantado que se niega a hacerlo.

"Tal y como viene declarando reiteradamente nuestro Tribunal Constitucional, en los supuestos de seguro obligatorio las Compañías Aseguradoras o, en su caso, el Consorcio de Compensación de Seguros, tienen únicamente la condición de terceros civiles responsables, su derecho o interés se limita exclusivamente a discutir la responsabilidad civil”, expresa el abogado del Estado que representa al CCS en un escrito dirigido a la Audiencia, al que ha tenido acceso Europa Sur.

El Consorcio alude a que la ley establece que “no se considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes”

“No nos encontramos ante ninguna de las funciones atribuidas legal o reglamentariamente al Consorcio de Compensación de Seguros, pues los hechos descritos no constituyen un hecho de la circulación, parámetro éste imprescindible para que entre en juego el seguro obligatorio de vehículos, seguro obligatorio a cuyo ámbito se ciñe la responsabilidad del Consorcio de Compensación de Seguros”, añade a renglón seguido el organismo estatal.

En sus argumentos, el CCS alude a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y mantiene, según este texto, que “no se considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes”.

“Es evidente que en el supuesto que nos ocupa, de acuerdo con el relato de hechos del Ministerio Fiscal y de la acusaciones personadas, se utilizó un vehículo a motor para cometer un presunto homicidio”, señala el CCS. Añade que tanto el fiscal como la acusación popular del Sindicato de la Policía Nacional Jupol, mantienen, respectivamente, que el atropello se hizo “con conocimiento de la capacidad homicida del vehículo e intención de acabar con la vida de los agentes”.

“Al exceder el presente supuesto del ámbito del seguro obligatorio, concluimos con que el Consorcio de Compensación de Seguros está exento de cualquier tipo de responsabilidad”, declara el CCS.

En contra de esta posición se expresan la Fiscalía y la acusación particular del inspector, que entienden que, en caso de que el CCS se desentienda de las indemnizaciones, las dos víctimas quedarían desamparadas pese a haber sufrido heridas en el desempeño de sus funciones como policías nacionales. De hecho, el CCS había abonado ya al inspector 282.596,29 euros, entre julio de 2021 y mayo de 2023.

El inspector está apartado del servicio con una discapacidad del 60% tras pasar en una treintena de ocasiones por el quirófano, aunque aún le quedan algunas más

Junto a Isaías M.S., que cuenta en su haber con antecedentes penales, serán también enjuiciados otros cinco individuos: Alexis O.M., Mohamed A.A., Ibrahim B.A, Francisco Javier M. F. e Iván L. A., detenidos en la misma operación antidroga y también con experiencia penal a sus espaldas. Las peticiones de condena contra ellos son variadas y responden a delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y receptación de vehículo robado.

En el todoterreno se encontraron 17 fardos de hachís con un peso bruto de 556 kilos, valorados en 845.914 euros. Además de las indemnizaciones, el fiscal pide para Isaías M.S. una multa de 3 millones de euros por la droga que le fue incautada, al igual que para el acusado que le acompañaba en el todoterreno.

Los hechos

En torno a las 6:35 del 5 de septiembre de 2020, la sala del 091 recibió el aviso de un alijo de droga en el entorno de la playa de la Ballenera y del faro de Punta Carnero. Un vehículo todoterreno había emprendido una fuga a toda velocidad hacia la rotonda de Los Pastores, por la carretera de Los Yanquis, una vía muy estrecha y bacheada. Era aún de noche y a bordo de un patrullero, los dos policías acudieron a la zona para tratar de interceptar a los narcotraficantes y detenerles. Tras ellos, otros dos compañeros les acompañaban en otro zeta policial.

"Los agentes, debido a las características de la carretera, la cual no permitía el paso de dos vehículos, se echaron al lado derecho, viendo cómo el vehículo, conducido por el acusado Isaías M.S., se dirigía directa y violentamente a embestirlos”, relata la fiscal jefe Antidroga de Algeciras, Macarena Arroyo, en su escrito de acusación.

El impacto del todoterreno contra la parte delantera izquierda del zeta fue tremendo, sin dar margen a los policías para ponerse a salvo. La fiscal no alberga duda alguna de que la intención del narcotraficante, con “conocimiento de la capacidad homicida del vehículo”, no fue otra que “acabar con la vida de los agentes”. En el instante del golpe, Francisco Javier G.S. trataba de salir del patrullero, pero apenas le dio tiempo: salió despedido varios metros, quedando inerme sobre la calzada. Su compañero, Santiago, sufrió también importantes lesiones.

Pasados casi cuatro años, el inspector de la Policía Nacional está apartado del servicio con una discapacidad del 60% tras pasar en una treintena de ocasiones por el quirófano, aunque aún le quedan algunas más; su compañero, que permaneció 39 días de baja, también sufre las terribles secuelas físicas y psicológicas de lo ocurrido. A ambos se les diagnosticó síndrome de estrés postraumático.