Minería de criptomonedas, empresas pantalla y maletas con billetes: así se lavaban los millones de la cocaína que entraba por Algeciras

Algeciras/Minas de criptomonedas escondidas tras una exportadora de frutas, empresas ficticias con sede en Panamá, alquileres de lujo en Mónaco, despachos llenos de billetes envasados al vacío y confidentes oficiales del Ministerio del Interior reconvertidos en operadores financieros. Así funcionaba la organización criminal que dirigía presuntamente el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Óscar Sánchez Gil, en prisión provisional desde el 8 de noviembre por uno de los mayores escándalos de corrupción policial y narcotráfico destapados en España.

En el epicentro de la investigación, coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, está el alijo de 13 toneladas de cocaína intervenido en el Puerto de Algeciras en octubre, el mayor jamás incautado en un puerto español. Pero detrás del cargamento, que llegó oculto en contenedores marítimos tras negociar con exportadoras de Latinoamérica, se esconde una compleja arquitectura financiera diseñada para lavar millones de euros procedentes del narcotráfico.

El sumario judicial revela que la red criminal tejió un sistema casi imposible de cuantificar, con ramificaciones en al menos cinco países y una doble vía para blanquear capitales: la más tradicional, mediante empresas pantalla y circuitos bancarios en paraísos fiscales; y la más moderna, a través de criptoactivos obtenidos mediante minería virtual.

En una nave de una empresa de exportación de frutas —utilizada para introducir los alijos— la Policía Nacional descubrió tres servidores de minería de criptomonedas bautizados como Aguacate, Granada y JasMiner. Estas máquinas generaban bloques de criptoactivos que luego podían ser vendidos en el mercado sin necesidad de intermediarios. La red se ahorraba así el “peaje” de los cajeros, los encargados de convertir el dinero físico en moneda digital. Además, en la misma instalación los agentes hallaron una cámara acorazada y una máquina de contar billetes.

El responsable de esta infraestructura era Eduardo Montero Salgado, socio de confianza de Óscar Sánchez y detenido durante los registros. Su nombre figuraba además como confidente oficial del Ministerio del Interior, según los archivos de la propia Policía. Montero es primo de Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, considerado el mayor narcotraficante de España y actualmente fugado en Dubái, epicentro de las operaciones internacionales de la organización.

También en Dubái se cree que se esconden otros dos hombres clave en la trama: Juan Ángel Cervera Muñoz, apodado Juan el financiero, y Daniel Yuste, conocido como Pumuki o Peque. El primero se encargaba de gestionar el flujo de dinero en criptoactivos y desapareció justo antes de los arrestos, aunque fue visto en una cafetería de Madrid tras un vuelo procedente de Emiratos Árabes. En uno de sus móviles, incautado en manos de Montero, se localizaron monederos virtuales con más de 20 millones de dólares.

Yuste, por su parte, era el intermediario directo con los carteles latinoamericanos, según la investigación. Negociaba las salidas de droga y su entrada en España. Fue citado a declarar en febrero, pero no compareció. Su abogada pidió hacerlo por videoconferencia alegando que se encontraba en el extranjero por “motivos de trabajo”. El juez Francisco de Jorge ha dictado ya una orden internacional de detención contra él.

En paralelo, los investigadores siguen el rastro de una telaraña empresarial y financiera diseñada por el abogado Mario Pestaña, considerado el arquitecto del sistema de blanqueo. En su despacho, registrado por la Policía, se localizó un “plan de blanqueo” para reintroducir al menos 14 millones de euros en el mercado legal, así como documentos del alquiler de oficinas en Mónaco y Panamá, países clave en el circuito del dinero sucio.

El epicentro del escándalo sigue siendo la figura de Óscar Sánchez Gil, exjefe de la UDEF, experto en perseguir delitos económicos y hoy acusado de liderar una red que él mismo debería haber investigado. En su chalé de Villalbilla (Madrid), los agentes hallaron 18,9 millones de euros en efectivo envasados al vacío. Al seguir sacando fajos, dejaron de contar. Además, encontraron cerca de medio millón de euros en una vivienda de Alicante y casi 900.000 más en su despacho en la Jefatura de Policía de Madrid.

La clave para desentrañar la organización fue el acceso a los mensajes encriptados de la aplicación Sky-ECC, recuperados con ayuda de las autoridades francesas. En ellos, según el sumario, Sánchez Gil aparece cobrando un 40% por cada operación de entrada de droga en España. Esos beneficios debían luego ser lavados a través del entramado que la Audiencia Nacional aún trata de reconstruir.

La investigación sigue abierta y su mapa es aún incompleto. Mientras Sánchez permanece en prisión, y varios de sus socios fugados en Dubái, los agentes de la Udyco y Asuntos Internos intentan tapar los agujeros del entramado.

Una libertad polémica

En paralelo, la Audiencia Nacional ha ordenado la puesta en libertad de Ignacio T., considerado uno de los cabecillas de la red. Su detención en noviembre de 2024 se produjo en la misma operación que condujo al descubrimiento del alijo de Algeciras. Sin embargo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha estimado que el juez instructor vulneró su derecho de defensa al rechazar su petición de libertad sin presentar los indicios incriminatorios a su abogado. La Fiscalía ha recurrido.

Mientras tanto, los investigadores siguen intentando cerrar los flecos del entramado y seguir el rastro de un dinero que parece multiplicarse por cada puerta que se abre. Al fondo, en las terminales del Puerto de Algeciras, el contenedor que lo cambió todo: trece toneladas de cocaína que destaparon una de las tramas más graves de corrupción policial y narcotráfico que se recuerdan en España.