Las defensas de los acusados del clan del 'Messi de hachís' piden la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se sustenta el juicio

Algeciras/Las cuestiones previas han copado este lunes la primera sesión del macrojuicio por narcotráfico contra más de una veintena de personas del clan del 'Messi del hachís' que se celebra en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras. En el banquillo se han sentado 22 de los 26 procesados -dos de ellos detenidos y el resto en libertad- por delitos contra la salud pública, mientras que otros cuatro encausados se encuentran en busca y captura. Todos están supuestamente relacionados con Abdellah Ell Haj Sadek el Membri, apodado como el Messi del hachís, que no está siendo procesado al encontrarse en situación de rebeldía desde abril de 2019. También se encuentra en esta situación otro miembro miembro del clan, Mohamed A., considerado mano derecha del Messi.

La defensa ha solicitado la nulidad de una gran parte del procedimiento, al considerar que las actuaciones se basan en intervenciones en líneas teléfonicas ordenadas por un juez de Navarra que, bajo su criterio, podrían vulnerar los derechos fundamentales de sus defendidos.

Tras un primer receso, la presidenta de la sala, la magistrada Nieves Marina, ha decidido suspender la sesión y salvar el día de mañana para deliberar. "La mesa necesita tiempo para deliberar porque son 27 tomos y hay cuestiones que hay que ir mirando página por página. La deliberación se hará por viva voz", ha asegurado la presidenta. Por tanto, el juicio se reanudará este miércoles a las 10:00.

El Ministerio Fiscal, al inicio de la sesión, ha solicitado que se incluya en el procedimiento la declaración de varios agentes de la Policía Nacional y unas grabaciones que autorizó el Juzgado número 1 de Algeciras y que no fueron aceptadas, pero que se consideran importantes a la hora de interpretar y reconocer a la persona de Mohamed A., declarado en rebeldía, según el criterio del Ministerio Público.

Los abogados defensores se han mostrado en contra de esta pretensión al considerar que se trata de hechos extemporáneos, no están justificados y supondría una indefensión para sus patrocinados. Algunos abogados han opinado que el Ministerio Fiscal debía modificar el escrito de acusación para incluir que Monhamed A. está en rebeldía, si bien han afeado que la Fiscalía haya tenido siete meses para hacerlo.

Tras rebatir las consideraciones del Ministerio Fiscal, cada uno de los letrados ha justificado su solicitud de nulidad de las grabaciones que aparecen en el procedimiento realizadas por un Juzgado de Navarra. También han pedido que en la última sesión del juicio -inicialmente prevista para el 4 de octubre- presten declaración sus defendidos. "No existen pruebas independientes, toda la información que aporta la Policía es la que se incluye en las grabaciones", ha manifestado uno de los letrados.

Varios de ellos se han sumado a la posible vulneración de los derechos fundamentales al faltar documentación relativa a las escuchas telefónicas y se han acogido a la doctrina del fruto del árbol envenado (desestimar cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas).

Las grabaciones proceden de la autorización de un juez de Navarra cuyo procedimiento se ha puesto en cuestión por la defensa. "Todo el proceso está viciado desde el origen. El juez ha retenido una causa bajo secreto de sumario durante 15 meses y ha intervenido 100 líneas teléfonicas. Consideramos que no es competente. Es el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras el que recepciona la instrucción y es el competente para autorizar las escuchas", ha expuesto otro de los letrados, quien considera que no se puede garantizar si las intervenciones se hicieron con todas las garantías legales.

La presidenta de la mesa ha dado por último la palabra al Ministerio Fiscal, quien ha rechazado la doctrina del árbol envenenado. La fiscal delegada Antidroga de Algeciras, Macarena Arroyo, ha aclarado que se habla de oficios independientes, en los que existen hechos "perfectamente demostrados" por los agentes de policía, tras una vigilancia exhaustiva y por otro lado están las grabaciones.

Además, ha discrepado sobre las competencias del juez instructor y ha añadido que el Tribunal Supremo considera que la falta de competencia no acarrea la nulidad del procedimiento.

Finalmente, la juez ha rechazado cualquier modificación al escrito de acusación sustentando en el artículo 369 de la Ley de Enjuiciamiento criminal. "Nos negamos a hacer un nuevo escrito de acusación cuando se han presentado ya recursos a la actuación que se hacía en el Juzgado número 1 de Algeciras", ha concluido.

Las condenas

Las peticiones de condena para los 26 acusados se establecen por parte de la Fiscalía Antidroga en función del grado de responsabilidad de cada miembro de la organización. No obstante, en cuanto a las multas, se pide para todos ellos la misma cantidad: 40 millones de euros por cabeza, cifra establecida en función del peso de la droga decomisada.

Por 26 delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), la fiscal Arroyo solicita para los cinco principales acusados 15 años de prisión; para cuatro, la pena es de 10 años de prisión y para los 17 restantes se rebaja a 5 años de encarcelamiento.

En el caso de los delitos por depósito de armas de guerra y otras, la petición del ministerio público es de 10 años de cárcel para los cinco principales acusados, en tanto que para los 21 restantes se reduce a 5 años de reclusión.