La defensa de Kanjaa cuestiona la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el atentado con ocho recursos

Algeciras/La defensa de Yassine Kanjaa, el presunto yihadista acusado de matar al sacristán de la Iglesia de la Palma de Algeciras, Diego Valencia, y de herir a otras dos personas en enero de 2023, ha cuestionado hasta en ocho ocasiones la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar la causa a través de otros tantos recursos.

El despacho de abogados García Peña & Andújar, encargado de la asistencia jurídica del joven -que en el momento del ataque residía como okupa en una casa del centro de Algeciras y con limitados medios de vida-, ha centrado buena parte de su acción durante la instrucción del procedimiento en presentar constantes recursos que han dilatado en el tiempo el proceso.

Prácticamente desde el inicio de las actuaciones por parte del juez Joaquín Gadea, una de las líneas de acción seguidas por el despacho de abogados se ha ocupado en solicitar reiteradamente la inhibición de la Audiencia Nacional y el traslado del procedimiento a un juzgado de Algeciras para que un jurado popular procese al joven marroquí. Los abogados de Kanjaa han alegado reiteradamente que la supuesta patología mental de su cliente hace "incompatible" la comisión del delito de terrorismo del que se le acusa. La Audiencia Nacional, por su parte, considera que los hechos encajan como delitos de terrorismo y que, por tanto, deberán ser valorados por ese tribunal durante la vista oral (aún sin fecha).

Así, siete recursos con esta pretensión ya han sido rechazados por la Audiencia Nacional en diferentes etapas de la instrucción, el último el pasado 2 de julio. Como respuesta a esta última negativa, la defensa de Kanjaa ha recurrido ahora al Tribunal Supermo con idéntica pretensión en el que supone el octavo intento para derivar la causa hacia Algeciras. Algo que, según fuentes jurídicas cercanas al procedimiento, provocará que el juicio no se pueda celebrar antes de 2025, dados los tiempos de respuesta del Supremo. Para empezar, el tribunal debe decidir si admite o no a trámite el recurso de casación, lo que ya conlleva unos plazos relativamente prolongados.

Constantes y costosos recursos

Estas mismas fuentes apuntan que el bufete ha recurrido prácticamente todos los actos del procedimiento con el fin de demorar el impulso procesal de la causa. Por ejemplo, el despacho ha recurrido en varias ocasiones para demandar que se tradujeran todos los documentos del expediente al árabe para evitar una posible indefensión de Kanjaa.

Un trabajo que supone un cuantioso coste de defensa sin que haya trascendido de dónde procede la financiación que se hace cargo de la abultada minuta del caso. Abogados García Peña & Andújar, sostuvo en abril de 2023, cuando asumió el caso, que le había contratado la familia de Kanjaa, sin aportar más detalles.

García Peña & Andújar ha participado en asuntos con importante trascendencia jurídica, social y mediática como la Operación Jable, caso Unión, el violador de Pozuelo, el asesinato de los porteros de Alcorcón, caso del Rol, Operación Gürtel, Operación Destello, Operación Tarima, Operación Mito, Vitaldent y el atentado de Las Ramblas, en Barcelona.

Petición de condenas de la Fiscalía

El ministerio fiscal pide 50 años de cárcel para el acusado por el asesinato del sacristán y por herir gravemente con un machete al sacerdote Antonio Rodríguez, que falleció meses después a causa de un cáncer. Por estos hechos se le acusa de un delito de asesinato terrorista y otro en grado de tentativa, más otro de lesiones terroristas por la agresión sufrida por un tercero. La familia de Diego Valencia, que ejerce la acusación particular, solicita 25 años de cárcel por atentado terrorista.

Otras acusaciones como la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) o Dignidad y Justicia elevan sus peticiones a 58 y 65 años de cárcel, respectivamente, por delitos de terrorismo. El partido Vox solicitó, incluso, la prisión permanente revisable.

El acusado, de 26 años, se encuentra ingresado en un centro psiquiátrico penitenciario de forma preventiva y se ha sometido a diferentes exámenes psiquiátricos que han apuntado la posibilidad de esquizofrenia en diversos grados.

Desde prácticamente el inicio de la causa, la defensa de Kanjaa ha planteado que la afectación en sus "capacidades intelectivas y volutivas" impide apreciar que la intención y finalidad del acusado fuese cometer un atentado terrorista, por lo que considera que su caso debería enjuiciarse por un jurado popular en la Audiencia de Cádiz.

Sobre esta visión discrepan todas las acusaciones: desde el fiscal hasta la acusación particular de la familia del sacristán -que ha incidido en que este asunto ya fue denegado por la Audiencia Nacional- y otras como el Obispado de Cádiz y Ceuta o asociaciones de víctimas del terrorismo.

Según el fiscal Emilio Miró, "no es descabellado pensar que el ataque se cometió de forma ordenada y secuencial" y debe ser el tribunal que le juzgue quien determine cuál es la "afectación de sus facultades", algo sobre lo que, en este momento, "no puede establecerse ninguna conclusión".

"Es imprescindible escuchar a los peritos" que han elaborado los informes, sostuvo en su momento el fiscal, en tanto que otras acusaciones han sostenido que si la causa se va a Cádiz se vulnerarían los derechos de las víctimas al no poder acusar de terrorismo y han compartido que todavía debe determinarse si las capacidades del acusado estaban "anuladas o afectadas".

La defensa plantea que se contemple "la patología mental" como eximente completa, si bien la Fiscalía y otras acusaciones plantean atenuantes de anomalía o alteración psíquica.