Fraude en la estiba de Algeciras: tres acusados, 6 años de cárcel para cada uno y 1,1 millones de euros en indemnizaciones

La Fiscalía de Algeciras acusa Ángel Fernández Cortés, empresario e hijo del ex concejal de Algeciras Luis Ángel Fernández, y a dos estibadores, José Manuel C. P. y David C. M., padre e hijo, de haber cometido un delito continuado de estafa entre los años 2008 y 2018 con 53 víctimas, a las que engañaron para que les entregasen diversas cantidades de dinero con la promesa de darles puestos de trabajo en los muelles de la ciudad. El ministerio público solicita 6 años de prisión para cada uno de los acusados y el pago de un total de 1.118.000 euros en indemnizaciones a los estafados, además de multas de 12 meses, con cuotas diarias de 20 euros.

Así consta en el escrito de acusación -firmado por el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, y fechado el pasado 23 de abril- al que ha tenido acceso Europa Sur, en el que la Fiscalía hace un breve relato de las fechas en las que fueron cometidas las supuestas estafas, las cantidades cobradas por los acusados y su modus operandi. Los tres acusados carecen de antecedentes penales y se encuentran en libertad provisional a la espera del juicio.

El fiscal concluye que Ángel Fernández Cortés, alias Winston y el pequeño Nicolás;José Manuel C. P., alias Cafelito, y el hijo de este, David C. M., “se dedicaron desde el año 2008, de forma ininterrumpida, a extender el rumor de que tenían potestad para conseguir que, las personas que previamente les abonaran el precio convenido, fueran contratadas de forma definitiva para un puesto de trabajo en el sector de la estiba en el puerto de Algeciras. Crearon así en determinados círculos la falsa creencia de que tenían ese poder con el ánimo de captar a personas que les abonaran las cantidades de dinero pedidas, promesa que, en realidad, no tenían ninguna intención de cumplir, al carecer de poder alguno para hacerlo. Este dato sin embargo no era conocido por las personas que aceptaron sus propuestas”, indica el escrito de acusación.

En relación con Ángel Fernández Cortés y según el fiscal, “se tiene constancia” de que “en todas” las operaciones en las que participó, “el acusado hacía valer su condición de hijo del llamado Luis Ángel Fernández, concejal del Ayuntamiento y conocido político local, ajeno a estos hechos, haciendo creer a la gente que su padre podía mediar y conseguir puestos de trabajo en el puerto, concretamente en el sector de la estiba”.

En la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional y en el auto de cierre de diligencias firmado en enero de 2023 por el entonces juez instructor, Alberto Ruiz, quedó constancia de que Fernández Cortés ofreció también puestos de trabajo a cambio del cobro de comisiones en la empresa municipal Actividades de Limpieza y Gestión SA (Algesa), de la que su padre, concejal entonces del PP, fue consejero delegado, si bien el escrito del fiscal no alude a esta última circunstancia.

Tampoco considera el ministerio público que existan los delitos de blanqueo de capitales o de corrupción entre particulares, que sí fueron planteados a lo largo del procedimiento por los instructores de las diligencias.

Ángel Fernández Cortés se enfrenta al pago de las mayores indemnizaciones, hasta sumar 775.500 euros, ya que la Fiscalía le acusa de haber engañado a 25 personas a las que reclamó cantidades de dinero que oscilaban entre los 1.500 y los 55.000 euros. No obstante, a algunas de las víctimas les devolvió una parte de lo recaudado.

En varios casos, el dinero recaudado por Ángel Fernández no estaba destinado a garantizar trabajo en la estiba, sino a “inversiones”, bajo la promesa de devolverlo con altos intereses. También constan en las actuaciones otros siete individuos que sí lograron recuperar la totalidad del dinero entregado previamente a Ángel Fernández.

En el caso de Cafelito y su hijo, el volumen de la estafa continuada perpetrada, a juicio de la Fiscalía, se eleva a 342.500 euros. Los afectados, en su caso, se elevan a 28 individuos, a quienes pidieron entre 34.000 y 3.000 euros.

Opacidad en la contratación

En el escrito de cierre de las actuaciones, el instructor mantuvo que José Manuel C. P. y David C. M., “trabajadores del Puerto de Algeciras, aprovechándose de la opacidad y la desinformación total, por parte de la población, de los requisitos y forma de acceder a un puesto de trabajo en la estiba y de la rumorología extendida a lo largo de los años de que se puede conseguir un puesto de trabajo en la estiba pagando determinadas cantidades de dinero, y siendo conscientes de que no tenían poder alguno de selección y no conocían a otra persona en un escalón superior con poder de decisión, engañaron a una multitud de personas, identificadas en autos, para que les entregaran cantidades que, en conjunto, superan holgadamente los cincuenta mil euros, sin que se haya acreditado y justificado el destino de dichas cantidades”. Ambos fueron detenidos por la Policía Nacional el 4 de septiembre de 2018.

“Asimismo”, añadía a renglón seguido el juez, “resulta indiciariamente que Ángel Fernández Cortés, aprovechándose de las mismas circunstancias que los anteriores, a lo que sumó el aprovechamiento de la posición de su padre, en ese momento, concejal de Hacienda, de Limpieza y presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, engañó a una multitud de personas, identificadas en los autos, prometiéndoles conseguirles puestos de trabajo en la estiba, o en la empresa de limpieza municipal Algesa, obteniendo con ello cantidades muy por encima de los cincuenta mil euros, sin que se haya acreditado y justificado el destino de dichas cantidades”. Fernández Cortés fue detenido por la Policía Nacional el 28 de diciembre de 2018.

Tanto el juez como el fiscal exculpan de los hechos a los padres de Ángel Fernández Cortés, Luis Ángel Fernández e Inés Cortés, abogada y asesora del PP en el Ayuntamiento de Algeciras, ya que no se deduce la participación de ninguno de los dos en el delito fraude. Inmersos durante años en el procedimiento en calidad de investigados, el instructor dedujo a posteriori -en una apreciación ratificada ahora por la Fiscalía- que solo habrían ayudado a su hijo a devolver parte del dinero que este había recaudado, especialmente tras haber recibido graves amenazas de muerte por parte de algunas de las supuestas víctimas de la trama.

Junto a ambos, se exculpa a otras ocho personas, en su mayoría vinculadas de una forma u otra a la estiba o a Algesa.