Sin explicaciones sobre Algesa

El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras celebró su última sesión del año con el debate en torno a la auditoría externa realizada sobre Algesa, la empresa municipal de limpieza, entre los años 2019 y 2022. Los resultados de dicho informe, encargado por el Consistorio a la consultora KPMG y fechado en el mes de mayo pasado tras incorporar las alegaciones de la compañía, no pueden ser más desalentadores porque raro es el aspecto analizado que pasa el corte de los auditores. Las más de cien páginas son el relato de un cúmulo de graves irregularidades de imposible justificación, contrarias a la ley.

Con 22 millones de euros de presupuesto anual, de los que el 88% va destinado al pago de las nóminas de su casi medio millar de trabajadores, la Algesa que describe la auditoría está lejos de ser la joya de la corona que debiera ser como encargada de mantener limpias las calles y de gestionar la recogida de los residuos. Es decir, de procurar no solo una calidad mínima en la prestación de los servicios que recibe la ciudadanía en ese ámbito, sino de velar por la imagen que la ciudad proyecta. El resultado lo hemos venido sufriendo en nuestras calles a lo largo de los últimos años, con contenedores rotos por doquier y barriadas por las que no asomaba una escoba en varios días.

La retahíla de anomalías detectadas es larga y entre ellas destaca la destrucción de datos clave o la ausencia de ellos. A ese respecto se alude en el análisis del sistema de contratación de personal, un auténtico coladero del que no puede concluirse que cumpliera con los criterios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia, imparcialidad, independencia, discrecionalidad técnica y la adecuación de los procesos selectivos a las tareas a desarrollar. Y ello, siempre según la auditoría, porque “la documentación relativa a los procesos selectivos no se conserva”.

La falta de información por parte de la empresa se ha extendido de manera alarmante a los contratos no menores con terceros. De todos los expedientes analizados en 2019 en los que hubo una división en lotes, solo en uno se dieron esos lotes a diferentes empresas; en el resto, todos se adjudicaron a una sola. Además, en gran parte de los expedientes, la empresa adjudicataria había sido la única licitadora admitida; los criterios de valoración subjetivos de las ofertas no cumplían con lo marcado en la Ley de Contratos del Sector Público y, salvo en un caso, no hay prueba de que se requiriese a las empresas la documentación justificativa.

En cuanto a los contratos menores, el despropósito fue tal que, en 2020, “todos” podrían haber sido “adjudicados de antemano”. Igualmente, constan transferencias de pago por parte de Algesa anteriores a las de las facturas, en ocasiones se facturó más de lo previsto en el contrato y hay facturas con fechas anteriores a los expedientes de contratación.

La publicidad de los procedimientos brillaba por su ausencia, no podía ser menos: en 2020, por ejemplo, ni un solo contrato menor fue publicado en tiempo y forma (siempre, después del abono o la adjudicación) y tampoco se requirieron previamente las tres ofertas pertinentes.

La lista sigue, aunque llueve sobre mojado. Desde 2023, la Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador de la Oficina Antifraude de Andalucía indaga en la situación de Algesa tras una denuncia de la que se colegían “unos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad legal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros”.

La aprobación de una bolsa de trabajo reglada y las promesas de cambio hechas por el actual concejal responsable de Algesa, Vicente Palomares, no restan gravedad a lo sucedido, por mucho que su colega María Solanes, responsable de Hacienda, trate de salir al quite. No es o no debería ser su función apagar los fuegos que otros prendieron por inacción e irresponsabilidad manifiesta.

El PSOE, responsable de sacar a la luz estas irregularidades, viene pagando en las urnas desde 2011 su gestión municipal durante los años anteriores, incluida la desarrollada en Algesa. Ahora estamos en otro escenario. Lo que la ciudadanía necesita en este momento son explicaciones, no que se despejen balones fuera, que se asuman responsabilidades políticas y ya veremos si penales.