Las diligencias por el fraude de la estiba se cierran con tres imputados y diez exculpados

Después de casi cuatro años, el Juzgado de Instrucción nº1 de Algeciras ha dado por finalizadas de forma provisional las diligencias en torno al fraude de la estiba en el Puerto de Algeciras con tres imputados, a cada uno de los cuales se les atribuyen dos delitos: estafa continuada y agravada y blanqueo de capitales. El juzgado, en un auto notificado este viernes a las partes y al que ha tenido acceso Europa Sur, dicta a su vez el sobreseimiento también provisional de la causa que se sigue contra diez personas, entre las que figuran el exconcejal del PP Luis Ángel Fernández y la asesora del PP en el Ayuntamiento de Algeciras Inés Cortés.

Los imputados son Ángel Fernández Cortés, empresario e hijo de los anteriores, y dos estibadores, José Manuel C. P. y David C. M., padre e hijo. En los tres casos, habrían ejercido supuestas labores de intermediación entre decenas de personas que trataban de encontrar trabajo en la estiba algecireña e individuos con capacidad de facilitarles un empleo en los muelles. En el caso de Fernández Cortés, el titular del juzgado, Alberto Ruiz, concluye que se sirvió de los cargos públicos que ostentaba su padre para ofrecer trabajo en los muelles y en la empresa municipal Actividades de Limpieza y Gestión SA (Algesa).

En concreto y según indica el auto, de las diligencias se deduce que José Manuel C. P. y David C. M., “trabajadores del Puerto de Algeciras, aprovechándose de la opacidad y la desinformación total, por parte de la población, de los requisitos y forma de acceder a un puesto de trabajo en la estiba y de la rumorología extendida a lo largo de los años de que se puede conseguir un puesto de trabajo en la estiba pagando determinadas cantidades de dinero, y siendo conscientes de que no tenían poder alguno de selección y no conocían a otra persona en un escalón superior con poder de decisión, engañaron a una multitud de personas, identificadas en autos, para que les entregaran cantidades que, en conjunto, superan holgadamente los cincuenta mil euros, sin que se haya acreditado y justificado el destino de dichas cantidades”.

“Asimismo”, añade a renglón seguido el juez, “resulta indiciariamente que Ángel Fernández Cortés, aprovechándose de las mismas circunstancias que los anteriores, a lo que sumó el aprovechamiento de la posición de su padre, en ese momento, concejal de Hacienda, de Limpieza y presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, engañó a una multitud de personas, identificadas en los autos, prometiéndoles conseguirles puestos de trabajo en la estiba, o en la empresa de limpieza municipal Algesa, obteniendo con ello cantidades muy por encima de los cincuenta mil euros, sin que se haya acreditado y justificado el destino de dichas cantidades”.

Las exculpaciones de Luis Ángel Fernández e Inés Cortés se basan en que de las diligencias, según fuentes judiciales, no se deduce su participación en el fraude o en el blanqueo del dinero. En su papel de padres, solo habrían ayudado a su hijo a devolver parte del dinero que este había recaudado, tras recibir graves amenazas de muerte por parte de algunas de las supuestas víctimas de su trama. Junto al exconcejal y la asesora municipal aparecen exculpadas otras ocho personas, en su mayoría vinculadas de una forma u otra a la estiba o a Algesa.

El auto del juez da oportunidad a la Fiscalía y a las partes personadas para que, en el plazo de diez días, formulen escritos de acusación en los que soliciten la apertura de juicio oral o bien insten al sobreseimiento total de la causa, sin perjuicio de que puedan pedir, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

El comienzo: 2018

A partir de las denuncias de varios particulares que se consideraron estafados y como desveló Europa SurEuropa Sur, la investigación de los hechos se inició en 2018 por parte de la Policía Nacional, en concreto, por el Grupo 1 de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) y el Grupo 4 de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de Algeciras, además de la Udyco de Cádiz.

El 15 de mayo de 2018, la Comisaría de la Policía Nacional en Algeciras remitió al Juzgado de Guardia de Algeciras una diligencia inicial a fin de solicitar “la apertura de una investigación” bajo secreto de sumario, un escrito en el que ya apuntaba a la existencia de un trama fraudulenta en la estiba.

Una vez iniciadas las investigaciones, los agentes llegaron a la deducción de que, más allá de un caso de corrupción o de estafa entre particulares de grandes proporciones, los hechos indicaban que se hallaban ante un intento de las grandes redes del narcotráfico para asentarse en el Puerto de Algeciras mediante la colocación como trabajadores de personas de su estrecha confianza.

En un informe fechado el 15 de junio de 2018 y remitido al juzgado, los responsables de la investigación policial subrayaron sus sospechas de que las mafias pretendían introducirse en la estiba de Algeciras “para la distribución de sustancias estupefacientes, más concretamente, como se está detectando, cocaína, y comenzar a regular una nueva vía de distribución en una zona geoestratégica tan importante” como el Estrecho.

Sin embargo, a la vista de las conclusiones provisionales del juez y de las imputaciones que realiza, las diligencias no han logrado determinar de forma nítida una conexión entre la venta fraudulenta de empleos y los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas. Tan solo los posibles recursos de la Fiscalía y de las acusaciones particulares podrían alterar ahora esta situación.