El gerente de Algesa niega que haya irregularidades en la compra de camiones y la contratación

Algesa asegura que tanto la compra de camiones como las contrataciones de la empresa de limpieza se han hecho siguiendo los requisitos legales. Esa es la respuesta que el gerente de la empresa, Manuel López, ha dado tras publicar Europa Sur que la Fiscalía ha abierto una investigación sobre estos dos procedimientos de la empresa del Ayuntamiento de Algeciras. Una investigación sobre la que la dirección de Algesa aún no ha recibido notificación, asegura, y que parte de una denuncia presentada por Vox basada en "sospechas absolutamente infundadas".

El gerente desmiente "de manera rotunda" las acusaciones formuladas por Vox, basadas en las denuncias formuladas por trabajadores de la sociedad municipal agrupados en una plataforma ciudadana denominada Paladina. Así, se cuestiona la compra de camiones en el extranjero y su posterior rematriculación en España. Algesa, según los trabajadores, podría haberse beneficiado de ayudas de la UE de hasta 24.000 euros por la compra de cada uno de esos vehículos haciéndolos pasar como nuevos y, por tanto, más eficientes.

López afirma "rotundamente que esta sociedad en ningún momento ha recibido ayudas de la Unión Europea, ni para adquirir cada vehículo de manera individual, ni en conjunto para mejorar e incrementar el parque móvil". "Jamás se ha cometido irregularidad alguna en los procesos de compra de estos camiones, que es cierto que proceden de países europeos, porque fuera de nuestras fronteras se puede encontrar maquinaria de calidad y a buen precio. Todas las adquisiciones se realizan bajo el marco legal de un pliego de condiciones, en el que se hace constar en cada caso que se trata de vehículos usados, que una vez en territorio español, han de pasar obligatoriamente inspecciones documentales y ser rematriculados", asegura en un comunicado.

Por otra parte, rechaza "de plano" las insinuaciones sobre “prácticas clientelares” que esta formación política, "en connivencia con un sindicato y una plataforma que no sabemos bien qué intereses defiende, realiza en torno a las contrataciones de trabajadores". Los trabajadores denuncian la falta de transparencia de los responsables de Algesa a la hora de hacer pública la relación nominal de empleados y sus sospechas de que no hay un sistema reglado en las contrataciones. Ante esto, López señala que "la última oposición estuvo controlada por el magistrado-juez titular del Juzgado de lo Social de Algeciras, aunque habría que preguntar a estos señores si ponen en duda la palabra y la actuación de un profesional de la judicatura".

En relación a los contratos de sustitución por vacaciones y fines de semana, "su tramitación se lleva a cabo en base a los curriculum que llegan a la dirección de la empresa, todo ello dentro de la legalidad vigente en materia laboral".

"Ni que decir tiene que la Fiscalía de Algeciras cuenta con nuestra más absoluta disposición a colaborar en todos los requerimientos que se nos hagan llegar, desde el máximo convencimiento de que en todos los procesos se ha actuado conforme a ley, por lo que esperamos que esta investigación se cierre demostrando todo lo referido en esta nota", remarca el gerente.

Asimismo, señala que una vez sean conocidas las conclusiones finales de la investigación, "nos reservamos el derecho de emprender acciones legales contra quienes han instigado una campaña trufada de falsedades, en la que no solo se pone en entredicho la gestión de una empresa pública, sino que se acusa a personas con nombres y apellidos, de haber cometido actos ilícitos relacionados con la gestión de Algesa".

Defensor y Transparencia

Los miembros de Paladina ya han logrado el respaldo del Defensor del Pueblo Andaluz, que el pasado 17 de febrero declaró como “entorpecedora” la actuación del gerente de Algesa, Manuel López, a la hora de ofrecer la información solicitada hasta en cuatro ocasiones por dicha institución.

También el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en una resolución del 15 de marzo, dio parcialmente la razón a los trabajadores en sus continuadas demandas de información.

El pasado mes de enero, Manuel López aceptó una condena de conformidad por la comisión de un delito contra la propiedad industrial en grado de tentativa y el pago de una multa de 720 euros por intentar vender ropa falsificada que debería haberse destruido por Algesa.

La condena afectó también a otros dos directivos de la empresa municipal. Los tres asumieron la integridad de los hechos que se les imputaban tras la rebaja de la condena propuesta por la Fiscalía, al valorar el grado del delito como tentativa, el más bajo de los tres posibles.