La huelga de hambre de un interno del CIE de Algeciras hace saltar las alarmas de las ONG

Centro de Internamiento de Extranjeros

Mohammed lleva 40 días sin comer en protesta por su internamiento y orden de expulsión

Algeciras Acoge, Apdha y Claver recurren al Defensor del Pueblo para que se le traslade a un centro hospitalario

Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras.
Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras. / Jorge Del Águila
Raquel Montenegro

25 de marzo 2022 - 05:00

El 7 de febrero, Mohammed fue ingresado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras con una orden de expulsión y con la determinación de iniciar una huelga de hambre contra esta y cómo se había tramitado. Desde entonces este interno solo ingiere agua y glucosa y su estado de salud va empeorando. Cuarenta días después, las ONG que se encargan de la atención a los internos del CIE alzan la voz de alarma y reclaman que Mohammed sea trasladado a un centro médico para recibir atención especializada ante su "preocupante" estado.

Algeciras Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y Claver han estado siguiendo el empeoramiento del estado de salud de este interno, hasta que ha llegado a un punto en que supone "una amenaza real para su integridad física, entendiendo que carece de las condiciones necesarias para su permanencia en el centro de internamiento o para someterse a un desplazamiento para su expulsión", algo para lo que quedan 20 días de plazo. Mohammed está muy débil e incluso necesita ayuda para caminar, explican. Por ello, han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para reclamar que intervenga y se determine el cese del internamiento para que sea trasladado a un centro hospitalario. Algeciras Acoge hará la misma petición al juzgado de control del CIE, explica su presidente, Jesús Mancilla. Porque "está dispuesto a seguir con el ayuno hasta el final", asegura. "Estamos hablando de una cuestión humanitaria".

El propio Mohammed confirma que prevé seguir en huelga de hambre a pesar del tiempo transcurrido. Su intención es "que me escuchen los de arriba". Llegó a España desde Marruecos siendo menor de edad y lleva 20 años residiendo en el país. Está asentado en Málaga, donde tiene un negocio que pudo abrir gracias a que le prestaron dinero. Y asegura que "no entiende" por qué le llega una orden de expulsión en este momento, cuando estaba rehaciendo su vida tras pasar por la cárcel por delito de falsificación de moneda y contra la salud pública (esa condena originó el expediente de expulsión). "Lo que tengo es mi negocio", lamenta desde el CIE. Tarda en explicarlo, va y viene. Los 40 días sin alimento hacen mella.

En el centro tiene una revisión médica diaria en la que le miden la glucosa, su peso y hacen seguimiento de su estado de salud. También ha visitado tres veces el hospital para que le hicieran análisis y radiografías. Desde las ONG se asegura que el trato ha sido adecuado, "la actuación de la directora ha sido impecable", explica Josep Buades, coordinador del área Frontera Sur del Servicio Jesuita a Migrantes. No hay críticas por el cuidado al interno, sino que la petición llega por considerarse que es el momento de dar un paso más y derivarlo a un centro médico. Está contemplado en el reglamento del CIE, recuerdan: si el interno padece una enfermedad que "a juicio del facultativo, hiciera aconsejable su ingreso en un centro hospitalario, elevará propuesta motivada en tal sentido al director, quien adoptará las medidas necesarias para llevarlo a efecto, dando cuenta al juez o tribunal a cuya disposición se encuentre el extranjero”.

La situación de Mohammed abre un debate complicado en el CIE, remarca Buades. Por un lado, está "la libertad de decidir de una persona mayor de edad, pero al estar privado de libertad también está el deber de custodia del Estado". La cuestión tiene un precedente: la jueza Victoria Rosell dictó, cuando era la encargada del control del CIE de Las Palmas, un auto en el que autorizó la intervención para preservar la vida y la salud de dos internos en huelga de hambre, limitándose a la administración de medicación y alimentación por vía parenteral, nunca por vía bucal, por parte del personal médico de un centro hospitalario y con prohibición de cualquier tipo de trato degradante o que menoscabe la dignidad personal. Y advirtiendo que no podría realizarse con la finalidad de que se encuentren en las condiciones de salud imprescindibles para que se ejecute la expulsión (fit to travel).

En el fondo, destaca Buades, está otra cuestión para reflexionar: "¿Por qué se puede expulsar a una persona que tiene arraigo en España a un país en el que no lo tiene?".

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