La Inspección de Trabajo fuerza al Ayuntamiento de Algeciras a aprobar el protocolo de acoso laboral y sexual

Algeciras/El Ayuntamiento de Algeciras aprobó apremiado por la Inspección de Trabajo su primer protocolo de prevención y actuación ante posibles situaciones de acoso laboral, acoso sexual y ante cualquier discriminación en el ámbito laboral. La entidad local anunció el pasado 24 de febrero que la Comisión de Hacienda y Personal había dado el visto bueno al documento, refrendado por la junta de gobierno el día 27 de ese mismo mes.

Pero el protocolo llegaba con 18 años de retraso respecto de la normativa, porque este instrumento es obligatorio para las empresas -de cualquier tamaño- y entidades públicas desde la aprobación de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres (artículos 45 y 48) del año 2007, además de ser una materia regulada explícitamente en el Estatuto de los Trabajadores (artículo 4). Pero, además, la entidad local lo aprobó sobre la bocina, dado que días antes había recibido un requerimiento de la Inspección de Trabajo al respecto, documento al que ha tenido acceso Europa Sur.

La Inspección de Trabajo se dirigió a la entidad local algecireña el 21 de febrero para solicitar una copia del protocolo (que entonces no estaba aprobado) en el marco de una de sus actuaciones. Entonces, le dio al Consistorio hasta el 20 de marzo para remitirlo; margen en el que el Consistorio aprobó el plan para cumplir con la Inspección el 17 de marzo, días antes de que expirara el plazo.

"Reforzamos nuestro compromiso con la creación de un entorno laboral seguro y respetuoso para todos, un paso significativo hacia la promoción de una cultura de respeto y dignidad", expresó el Ayuntamiento el 24 de febrero, tres días después de recibir el requerimiento.

Fue una denuncia de la sección sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) la que propició que el Consistorio se pusiera en marcha para solucionar la carencia, si bien en febrero la entidad local aseguró que llevaba un año y medio trabajando en la materia. Hasta ese momento, la entidad local tenía un protocolo por escrito, aunque no había sido refrendado por ningún órgano colegiado o comisión municipal, lo que para CGT carecía de validez legal a todos los efectos. Según la jurisprudencia, en el caso de las administraciones públicas este tipo de protocolos deben aprobarse en cada mandato (cada cuatro años).

Los representantes de la CGT explicaron el pasado mes de noviembre a Europa Sur que en mayo solicitaron la activación del plan contra el acoso laboral para dar amparo a una trabajadora municipal ante una supuesta situación de este tipo. Fue en el seno del comité de seguridad y salud, donde CGT tiene voz aunque no voto al carecer de representación en la junta de personal y el comité de empresa. "En esa reunión planteamos la activación del plan y solicitamos que nos dieran una copia por escrito, lo cual se nos facilitó a los pocos días. Nuestra asesoría jurídica lo examinó y determinó que no se ajustaba a la legalidad, porque no nos constaba cuándo y cómo se había aprobado dicho documento. Así que, a los pocos días, solicitamos a través del registro de entrada que se nos informara de cómo y cuándo se había aprobado el plan", relató Anabel Quirós, de la sección sindical de la CGT en el Consistorio.

La respuesta llegó al sindicato a las pocas semanas, a través de un nuevo escrito municipal fechado en julio en el que el Ayuntamiento reconocía que el protocolo disponible en la actualidad "no está aprobado por el comité de seguridad y salud". También se recogía en dicha respuesta que se trabajaba en un nuevo protocolo con el servicio de prevención. "Claro está, lo anuncian una vez que hemos puesto en evidencia la situación y cuando amagamos con ir a la Inspección de Trabajo", subrayó entonces Quirós.

Desde entonces, el documento no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) y tampoco se encuentra disponible en la página web municipal, lo que facilitaría el conocimiento de su existencia entre los empleados municipales para potenciales casos de necesidad. Fuentes consultadas por Europa Sur consideran, asimismo, que no dar publicidad al protocolo igualmente sería constitutivo de una infracción en materia de transparencia por falta de publicidad activa; esto es, la obligación de la entidad municipal de difundir datos que deberían estar disponibles para todos los ciudadanos sin necesidad de solicitud.