"Debe haber unidades policiales con singularidad para investigar los delitos de narcotráfico"

García San Martín -Sevilla, 1978- ha logrado el respaldo de sus compañeros de Algeciras para que les represente en una demarcación sobrecargada por múltiples y complejas causas de narcotráfico. Como titular del Juzgado de Instrucción nº5 tramita una veintena de ellas.

-Por su afinidad y amistad, entiendo que en el decanato habrá una línea de continuidad respecto a su antecesor, Alberto Ruiz.

-Sí. Alberto marcó una línea en todo lo que es la demanda de mejoras de las infraestructuras y dotación de medios personales y materiales. Son cosas que no dependen de un decano, pero todos esos aspectos suponen un beneficio para el servicio público de la justicia y, en definitiva, para la ciudad de Algeciras. Se necesita una sede judicial para todos los juzgados, para que no estén desperdigados, y que todos ellos cumplan unos principios mínimos de de salubridad, de espacios para las esperas del ciudadano, que los ascensores tengan todas las medidas… Es una zona en la que la justicia necesita más medios en casi todos los órdenes.

-¿Cuál es la carga de trabajo de los juzgados y en que proporción excede sobre sobre lo recomendado?

-La carga de trabajo es muy alta y difícil de controlar en todo el Campo de Gibraltar. Los módulos fijados como adecuados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se superan de sobra, por el doble en muchas ocasiones. Los asuntos se cuentan por números en lugar de por clase o por su complejidad, factor que no se ha tenido en cuenta a la hora de rechazar la creación de nuevos órganos. Hay muchas macrocausas relacionadas con el narcotráfico que computan como una sola, aunque suponen una carga de trabajo enorme.

-¿Es la justicia un cuello de botella en la lucha contra el narcotráfico?

-Hacen falta más medios en todo el poder jurisdiccional, incluidos la Fiscalía, los letrados de la Administración de Justicia y la plantilla de funcionarios. La justicia está afecta a la celeridad y eficacia de los procedimientos, a que los justiciables sean enjuiciados en un tiempo razonable. Eso no solamente lo establece la propia Constitución, sino también el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Como reverso de esa exigencia está la atenuante de dilación indebida.

-¿En qué se traduce eso?

-En que si la pena prevista es de 3 a 6 años de prisión, por la bajada de la pena en un grado será de un año y medio a tres años; si es en dos grados, sería de siete meses y medio a un año y medio. La rapidez o la tardanza de los procedimientos tiene consecuencias y, en ocasiones, la falta de medios personales y materiales hace que, inevitable e indeseablemente, se produzca esa dilación inoportuna.

-¿Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también tienen carencias?

-Sí, tienen carencia de medios para luchar contra el narcotráfico y les afecta. En general son necesarios más medios personales y materiales, aunque la frase es ya un tópico y casi produce insensibilidad escucharla.

-¿El desmantelamiento del dispositivo del OCON Sur ha afectado a la eficacia de la lucha policial?

-Ahora mismo no se puede llegar a una conclusión porque es aún pronto, pero sí es necesaria la provisión de más unidades policiales con singularidad propia para la investigación de los delitos relacionados con el tráfico de drogas. Debe haber unidades comisionadas con ese fin, lo que supondría un incremento de los salarios de sus integrantes en forma de pluses compensatorios por su especial dedicación. Es absolutamente necesario por la forma de investigar este tipo de delitos, que exige seguimientos y vigilancias difícilmente compatibles con unos horarios. Los agentes se ven afectados a nivel personal y familiar y eso tiene que ser compensado, si no es insostenible.

-Su antecesor en el cargo reclamó también incentivos para los jueces.

-Hay cinco complementos de destino, regulados por ley desde 2003. Un criterio es por grupos de población. Es un complemento cuya cuantía es apreciable. Algeciras está en el Grupo 4. Sin embargo, en el Grupo 3 hay localidades con una población notablemente inferior a Algeciras.

-Y con una litigiosidad bastante inferior a Algeciras.

-Eso es aparte, pero en lo que se refiere exclusivamente y de forma muy objetiva al grupo de población, se advierte que hay más de cuatro localidades que forman parte del Grupo 3 que tenían menos habitantes que Algeciras a diciembre del 2022. Eso sin contar con lo que lo usted comenta: la sobrecarga de trabajo y la singularidad de los asuntos que se que se llevan aquí.

-¿Cómo se pasa de un grupo a otro?

-Lo fija una ley y debe ser el Gobierno el que impulse su reforma, aunque entiendo que lo haría a la vista de informes del CGPJ. Para Algeciras sería muy conveniente dar ese salto del Grupo 4 al 3 porque hay un problema de rotación de jueces muy importante. La plantilla rota demasiado y hay que incentivar a los jueces para que se queden aquí.

-La tramitación de sumarios complejos se resiente de tanto cambio.

-Sí. Además, hacemos guardias propias de capital de provincia, con muchos detenidos y atestados.

-¿Cuántos juzgados nuevos deberían crearse en Algeciras?

-Desde mi punto de vista, existe la necesidad de crear un juzgado más de lo Social. Hay dos y uno más nos permitiría señalar las vistas con más prontitud de la deseable porque hay mucha sobrecarga. Haría falta también uno más de Primera Instancia y es muy importante la creación de un segundo juzgado de Violencia sobre la Mujer.

-¿Habría que crearlo en Algeciras o en La Línea?

-Bueno, ya que se han comarcalizado, en Algeciras. Y uno más de Instrucción, porque con cinco tampoco estamos sobrados.

-¿Y una segunda sección a la Audiencia de Cádiz?

-No es competencia del decano, pero creo que a simple vista se advierte que harían falta, al menos, una o dos secciones más de la Audiencia porque es uno de los órganos con sede en el Campo de Gibraltar más sobrecargados.

-¿Trabajan ustedes con independencia?

-Con total independencia.

-¿Jamás ha recibido una petición por parte de nadie, sea un político, un acusado…? ¿Se ha sentido amenazado por instruir casos complejos como los del narcotráfico?

-No me he sentido nunca amenazado y tampoco he tenido noticia de compañeros que se hayan sentido así.

-Doy por hecho que jueces y fiscales echan muchas horas de trabajo y que se llevan trabajo a casa, pero el sobreesfuerzo para sacar adelante los casos también corresponde a los funcionarios.

-En el partido judicial de Algeciras tenemos la suerte de contar con funcionarios con un gran sentido vocacional, de servicio público, y lo hacen con una experiencia adquirida de muchos años. Es una plantilla muy consolidada que se entrega a los asuntos con especial dedicación, mucho más allá de lo que resultaría exigible.

-¿Sienten ustedes el apoyo, el aliento general de la población, o ven que su trabajo es incomprendido?

-El CGPJ ha hecho una una encuesta y yo me siento satisfecho por el resultado de la confianza de la ciudadanía en la justicia. Son sumamente altos los porcentajes de quienes confían en la justicia.

-¿Mantiene usted contacto con las ONG que trabajan con las personas afectadas por la drogadicción?

-Llevo aquí tres años y he tenido contacto con algunas, que hacen un trabajo muy necesario. Los jueces de instrucción nos hemos reunido con la asociación de Francisco Mena para conocer bien sus puntos de vista y la problemática que tratan. Y también para que conozcan un poco nuestras carencias y nuestras deficiencias a la hora de poder administrar justicia.

-¿Qué sensaciones les transmiten?

-Tienen una enorme implicación con toda la problemática del tráfico de drogas y con todos los efectos colaterales que conlleva: las toxicomanías, los problemas psiquiátricos, los delitos relacionados indirectamente con el tráfico y consumo de droga, cómo afecta la droga a las familias, a los menores...

-La droga genera un círculo vicioso de problemas que desembocan en la justicia: robos, delitos con violencia...

-Claro, pero el Derecho Penal tiene un alcance limitado. En ocasiones, se le quiere dotar de una capacidad de la que carece, que es retrotraer a la víctima al espacio anterior a la comisión del hecho delictivo. Y el Derecho Penal no tiene capacidad para para ello. El Derecho Penal sirve para muchas cosas: cumple finalidades de prevención, para que el delincuente se inserte conforme al artículo 25 de la Constitución, para que la víctima consiga una cierta satisfacción o una cierta reparación del daño, para evitar que continúen los efectos del delito, para evitar reiteraciones delictivas... Pero todo en un plano de última ratio y, por supuesto, con una capacidad limitada.

-¿Se pagan las indemnizaciones que se fijan en los juicios?

-Hay legislaciones que establecen que el Estado asume la indemnización en caso de insolvencia de los condenados. Cuando se condena y hay una responsabilidad civil derivada del delito, pues se procede al requerimiento de pago del acusado, se averiguan sus bienes y se le embargan.

-¿Y en el caso de los grandes narcotraficantes?

-Se les imponen multas, el delito contra la salud pública no tiene responsabilidad civil. No hay un perjudicado individualizado por el delito. Es un delito que el bien jurídico protegido es la salud pública general.

-¿Y pagan las multas que se le imponen?

-En ocasiones, sí y otras no. Al ser una pena, si se produce la insolvencia, se convierte en otra pena, que es la responsabilidad personal subsidiaria: conlleva una pena privativa de libertad.

-Y lo que se preguntan muchas personas. Estos grandes narcos, que se declaran insolventes: ¿Cómo pueden pagar bufetes de abogados tan afamados y tan caros?

-Es difícil de explicar.

-La Fiscalía Antidroga pone el acento en el papel clave que juegan los paraísos fiscales a la hora de blanquear el dinero del narcotráfico.

-El blanqueo de capitales tiene una singularidad en el Código Penal. Es un delito que hace no muchos años se modificó para tipificar también la posibilidad del autoblanqueo. Las exigencias que establece la Oficina Letrada del Supremo con relación al blanqueo de capitales del narco son limitadas. El autor de un delito consigue un lucro, que lo utiliza y lo gasta, pero eso no es blanqueo de capitales, eso es la ganancia del delito y por tanto es el agotamiento del delito. Para que haya ese salto y esa compatibilidad entre el delito contra la salud pública y el de blanqueo deben darse algunos condicionantes, como la creación independiente de una estructura financiera que permita convertir lo ilícito en lícito.

-Y cuando entra en juego un paraíso fiscal, la complejidad aumenta muchísimo a la hora de poder demostrar la conexión entre el delito de narcotráfico y el de blanqueo.

-Pues obliga a que las resoluciones que se acuerdan durante la instrucción sean realizadas a través de los mecanismos de cooperación internacional: mediante comisiones rogatorias, si no es dentro del espacio Schengen, o a través de la Orden Europea de Investigación, si el presunto blanqueo se produce en la UE.

-¿Cómo es la colaboración de Gibraltar?

-Yo no he tenido ningún asunto relacionado con Gibraltar, pero, por lo que me comentan, la relación es buena.

-¿Y con Emiratos Árabes?

-He visto alguna noticia en la prensa, pero no tengo más datos. Cuando nos hemos servido de instrumentos de cooperación internacional han sido efectivos.

-¿Tipificaría como delito la tenencia y traslado ilegal del combustible destinado a las narcolanchas?

-No quiero pronunciarme sobre aspectos que son parte de la funciones del legislador, que entiendo que tiene que valorar esa oportunidad tras un estudio de política criminal: ver qué es lo que se proyecta y cómo se consigue.

-Ya se prohibió la navegación de las narcolanchas. Esa medida sí se ha demostrado eficaz.

-Y cambió el iter criminis: ya no pueden navegar embarcaciones semirrígidas con total impunidad.