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Un jefe policial declara que Gonzalo Boye dirigió trámites de blanqueo para el narco Sito Miñanco

Juicio por blanqueo de capitales del narcotráfico

El inspector de la Policía sostiene que Boye era el abogado que dirigía los trámites para recuperar 900.000 euros incautados al narcotraficante en Barajas

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a Gonzalo Boye, Sito Miñanco y la red que dirigía desde un parking de Algeciras

El narcotraficante gallego, José Ramón Prado Bugallo(3d), conocido como Sito Miñanco, a su llegada a la Audiencia Nacional. / Gustavo Valiente / Europa Press
Agencias

18 de noviembre 2024 - 15:25

Madrid/El jefe policial que coordinó la operación Mito entre 2016 y 2018 ha testificado este lunes en el juicio que el abogado Gonzalo Boye dirigió trámites para que la red del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, recuperara casi 900.000 euros que le fueron incautados en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

La Audiencia Nacional ha iniciado el juicio al cerca de medio de centenar de acusados en esta causa, entre ellos el histórico traficante gallego Sito Miñanco, para quien la Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión por el intento de introducción en España de casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, la ocultación de más de 11 millones de euros y el blanqueo del dinero.

Gonzalo Boye, el conocido abogado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 9 años y 9 meses de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial.

En esta primera sesión del juicio ha testificado el inspector jefe de la Policía Nacional que dirigió la operación, que ha recordado que la investigación se inició en 2016 cuando observaron que Sito Miñanco aprovechaba que se encontraba en régimen abierto en el centro penitenciario de Algeciras -donde cumplía una condena por otra causa de drogas- para retomar su actividad delictiva. "Sito Miñanco es un empresario del tráfico de drogas y no ha habido en España nunca una organización tan potente como la suya, y tenía expertos en todo, hasta de telecomunicaciones, un astillero -en Cambados (Pontevedra)- donde fabricaban sus propias embarcaciones y abogados", ha destacado el inspector, que ha calificado a Prado Bugallo de "gran líder".

Ha recordado que el 5 de febrero de 2017 fueron confiscados en el aeropuerto de Madrid-Barajas a cinco de los acusados casi 900.000 euros de la organización de Sito Miñanco cuando se disponían a viajar a Colombia para realizar pagos a los suministradores de droga colombianos. Una de las personas que llevaba parte del dinero, el acusado Manuel G.R, manifestó en Aduanas del aeropuerto que era dinero de su empresa, pero el inspector ha asegurado que "es mentira".

"Al incautarse el dinero perdieron los nervios y comenzaron a decir que había que recuperarlo y contactaron para ello con abogados, que no les ayudaron desde el punto de vista legal sino que falsearon documentos para recuperar el dinero mediante el uso de unos pagarés que ya fuero usados para justificar otras cantidades ya incautadas en una operación de narcotráfico anterior", ha explicado. Según el inspector de la Policía, Gonzalo Boye era el abogado que dirigía los trámites para justificar el dinero intervenido.

Por otra parte ha destacado que el 2 de octubre de 2017 fue abordado en Las Azores el buque Thoran, en el que se incautaron 3.305 kilos de cocaína procedente de Ecuador que la organización compró a suministradores colombianos. Y ha añadido que el 9 de noviembre siguiente le fueron intervenidos 615 kilos de la misma droga en un almacén en Países Bajos.

A su salida de la Audiencia Gonzalo Boye, que ha representado a Sito Miñanco como abogado en otros casos, ha declarado a los periodistas: "Estoy aquí acusado por hacer mi trabajo como abogado". "El mismo fiscal que tiene paralizado la investigación del caso Koldo es el que pidió en su día que se interviniesen todas mis comunicaciones entre abogado y cliente sin discriminación alguna, desde un caso de divorcio hasta de derechos humanos, lo que ha vulnerado el secreto profesional y el derecho de defensa", ha añadido.

Ha recalcado que se trata de "una acusación totalmente especulativa" y que este lunes ha aportado "más pruebas que demuestran que los hechos no son como los plantea el Ministerio Fiscal, que sostiene su acusación solo en base a un presunto asesino que cambió su declaración a cambio de salir en libertad".

Gonzalo Boye, en el banquillo, este lunes. / Fernando Villar / EFE

El abogado de Boye ha presentado al tribunal nueva documentación para tratar de desmontar la teoría de la Fiscalía de que preparó en 2017 en su despacho el blanqueo para Sito Miñanco. En concreto, unos registros migratorios emitidos por Colombia para demostrar que la reunión entre Gonzalo Boye, Sito Miñanco y Manuel G.R. en el despacho del primero, al que alude el escrito de acusación de la Fiscalía no pudo producirse.

Según los nuevos documentos aportados por la defensa de Boye, Manuel G.R. estaba en Colombia y no en Madrid para arreglar el tema del blanqueo y Sito Miñanco en Algeciras y en Marbella (Málaga) en las fechas señaladas por el fiscal.

Gonzalo Boye ha llegado a la Audiencia Nacional arropado por una veintena de dirigentes de Junts, para quienes el juicio contra él por presunto blanqueo de capitales es "un montaje con claras motivaciones políticas".

La Audiencia Nacional ha ordenado búsqueda y captura de uno de los acusados, Robert M., que se enfrenta a una petición de 12 años de prisión, al no haber comparecido a la vista.

Más de 4.000 kilos de cocaína

Todos los acusados están vinculados a la investigación desarrollada en el marco de la operación Mito, centrada en la red que presuntamente dirigía Sito Miñanco y que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores que le seguían la pista desde 2016.

Esa organización, según el escrito del fiscal, recogido por Europa Press, se dedicaba principalmente a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales, y todo ello mientras el narcotraficante gallego se encontraba en tercer grado penitenciario fruto de una condena previa a 16 años y 10 meses de prisión.

Ese tercer grado le permitía trabajar en un párking de Algeciras, pero "su única y verdadera actividad profesional continuaba siendo la introducción de sustancia estupefaciente en España", dado que mantenía la confianza de las organizaciones suministradoras y contaba con la logística suficiente.

El fiscal explica en su escrito que Sito Miñanco "contaba con (...) una pléyade de individuos que acumulaban una notable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, dispuestos a participar en estas iniciativas criminales, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad" que les pidiera.

Por eso, el Ministerio Público asevera que en realidad Sito Miñanco "había hecho del narcotráfico su modus vivendi de manera continuada y estable" a pesar de las diversas condenas impuestas por delitos contra la salud pública. "Carecía de la más mínima voluntad de rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad", explica.

Varios independentistas, con una pancarta ante la salda de vista bajo el lema en inglés "Never surrender", nunca rendirse, / Gustavio Valiente / EP

Y resalta que tal era la "naturaleza eminentemente personalista" de la red que "todas y cada una de las decisiones eran adoptadas o supervisadas" por Sito Miñanco -que usaba el alias de Mario- pese a las limitaciones que representaba su régimen penitenciario.

Para no llamar la atención de la Policía, explica el Ministerio Público, Sito Miñanco se apoyaba para los contactos y las operaciones tanto en Enrique García Arango, su lugarteniente, como en Juan Antonio Fernández Fernández, hombre de su máxima confianza. Por debajo de ellos, una quincena de personas contribuían a demanda para transporte de droga o dinero, preparar o pilotar embarcaciones, o incluso realizar labores de contravigilancia.

El fiscal apunta que para posibilitar la ocultación de los beneficios procedentes del narcotráfico, Prado Bugallo también había creado una estructura societaria "de la que él era el único titular efectivo pese a que, aparentemente, la propiedad correspondiera a terceros".

Además, se procuró la asistencia de correos humanos "que participaban en la ocultación de los beneficios procedentes de su actividad criminal, que en última instancia se transportaban a Colombia".

El buque 'Thoran' y Países Bajos

El escrito detalla que gracias a la investigación policial se dio al traste con dos operaciones de la red que pretendían introducir "enormes cantidades de cocaína en España.

Una tuvo lugar en octubre de 2017 cuando se abordó el buque Thoran, que transportaba 3.3 toneladas de cocaína; y la segunda fue la aprehensión de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia en noviembre del mismo año.

El fiscal detalla que dada la complejidad de esos movimiento de Sito Miñanco llegó a asociarse con otro de los acusados, Raymond Van Rij, que tenía contactos con suministradores en Ecuador, y capacidad de almacenamiento y venta a terceros en Países Bajos.

Tras detallar los preparativos de la organización para introducir la cocaína en el Thoran, explica que "pese a la apreciable dedicación y esfuerzos de los acusados para culminar con éxito esta operación (...) fue abordado en las proximidades de las Azores", y se detuvo a la tripulación turca y al capitán, de nacionalidad azerbaiyana.

Recuerda que este buque, en las inmediaciones de Guyana "apagó sin motivo alguno el sistema de localización AIS, que permitía transmitir información sobre la identidad del buque, su posición, rumbo, o su velocidad".

En una providencia reciente, además, los magistrados ya han dado luz verde a que Sito Miñanco, y en general los encausados, declaren en el juicio en el último momento, una vez se hayan producido todas las testificales y periciales programadas.

Además, se da la circunstancia que después de presentado el escrito de acusación, dos de los 48 encausados han fallecido. Por lo que la causa quedará extinguida para ellos.

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