El juicio a los cargos de Algesa por intentar vender ropa falsificada, en enero

El juicio contra los cargos de Algesa acusados de intentar vender la ropa falsificada que deberían haber destruido se celebrará en enero. El juzgado de lo Penal número 2 acogerá la vista oral en la que se acusa a tres empleados de la empresa municipal (M. L. L., J. J. G. V. y J. M. C. M.) de un delito contra la propiedad industrial, por el que la Fiscalía pide para cada uno de ellos un año y seis meses de prisión.

El caso se remonta a abril de 2012, cuando el Servicio de Vigilancia Aduaneradetuvo al entonces gerente, a un jefe de servicio y al jefe de taller conduciendo tres vehículos en los que transportaban ropa y complementos que habían sido decomisados y que habían sido depositados en el punto limpio de Algesa en Los Guijos. En dos coches y un remolque había un enorme acopio de prendas, camisetas, chándales, zapatillas, bañadores, relojes, gafas y bolsos falsificados con la enseña de distintas marcas muy conocidas: Adidas, Nike, Ralph Lauren, Quicksilver, Calvin Klein, Dolce Gabbana, Puma, Ray-Ban, Lois, Burberry y Emporio Armani llenaban los vehículos. En total, 3.410 objetos.

El gerente aseguró entonces que las prendas iban a ser donadas a una asociación de mujeres maltratadas; los otros dos acusados, que se dirigían al vertedero con la carga pero finalmente habían decidido trasladarla a las instalaciones de Botafuegos por lo tardío de la hora.

Para el juez de Instrucción todo apuntaba a una posible comercialización de la ropa que debía haber sido destruida. Así lo corrobora el fiscal en su escrito de acusación, en el que explica que los acusados habían preparado la mercancía horas antes, cuando fingieron ante los agentes de Aduanas que había sido destruida. Los directivos habían seleccionado la mercancía que querían llevarse y la prepararon en sacos de arpillera “para su posterior transporte con el fin de comercializar con ella, sin consentimiento de los titulares de las correspondientes marcas”.

El perjuicio económico causado ha sido tasado pericialmente en 226.000 euros, mientras que el beneficio probable total que podían obtener los acusados bajaba hasta los 32.356 euros.

En los años transcurridos desde la detención de los tres directivos el caso Algesa ha generado más de una polémica. Los detenidos fueron despedidos por el Ayuntamiento de Algeciras, pero los despidos fueron declarados improcedentes en dos ocasiones. En uno de los juicios la gerente en funciones llegó a declarar que el arresto y despido de la directiva de la empresa se debía a un “montaje político” del PP.

El Ayuntamiento pidió el sobreseimiento del caso en 2014, alegando que no se había podido “determinar el destino final de la mercancía incautada”, “razón suficiente para solicitar el sobreseimiento, sin perjuicio que por parte del Ministerio Fiscal considere oportuna la apertura del juicio oral”. El Consistorio también destacó en sus argumentos que en la “compleja y laboriosa instrucción no se han personado las marcas, que son las verdaderamente perjudicadas”.

La ex concejal no adscrita María José Jiménez quiso personarse como acusación particular al ser edil y miembro de la junta general de accionistas de Algesa, pero uno de los acusados presentó un recurso contra esa personación que obligó a suspender el juicio.