Malestar en Algeciras tras quedarse sin juzgado de lo Mercantil en favor de Cádiz
Precariedad en la Justicia
La Junta y el TSJA plantea la creación del segundo órgano mercantil en la capital, mientras que el Campo de Gibraltar carece de uno pese a la importancia de la actividad portuaria e industrial
La nueva oficina judicial se incluye en el plan de choque de Justicia frente a los efectos de la Covid, que creará cuatro juzgados en Andalucía para atender el aumento de litigiosidad
El plan de choque del Ministerio de Justicia para hacer frente a la crisis económica provocado por la Covid-19 deja una sorpresa desagradable para Algeciras. En él se proyecta la creación de cuatro nuevos juzgados en Andalucía para hacer frente a la sobrecarga de trabajo derivada de la situación sobrevenida y entre ellos se ha incluido, a propuesta de la Junta de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un segundo órgano de lo Mercantil para el partido judicial de Cádiz. Una decisión que ha generado malestar en el sector judicial y en ámbitos políticos en el Campo de Gibraltar, ya que se ha desechado la opción de crear ese nuevo órgano en una comarca con una fuerte actividad industrial y, sobre todo, con el mayor puerto del país; además de la materia concursal, estos juzgados son los encargados de tramitar los asuntos relacionados con la normativa de transportes y los relativos a la aplicación del Derecho marítimo.
El Ministerio de Justicia aprobó el pasado mes de mayo un plan de choque que entre otras medidas incluye la creación de juzgados que se harán cargo temporalmente de los asuntos (fundamentalmente procedimientos concursales y sus derivados) consecuencia de la Covid-19. A la comunidad andaluza le corresponden varios de esos órganos y para determinar el lugar en el que habilitarlos se le pidió a la Junta de Andalucía un informe. Esta lo ha elaborado junto al TSJA y ha propuesto la creación de cuatro órganos: el Mercantil 2 de Cádiz y el de Granada y lo Social 4 de Huelva y 5 de Córdoba.
Esa propuesta ha sido remitida al Ministerio, que será quien dé el visto bueno definitivo o no a la creación de esos órganos. Fuentes autonómicas apuntan a la premura de tiempo para su creación: los juzgados tendrán que estar en marcha a 1 de octubre y para ello deben disponer de espacio rápidamente y habrá que habilitar un procedimiento de contratación de urgencia. Se trata, señalan, de habilitar un juzgado en dos meses, algo que también se ha tenido en cuenta.
Desde el Campo de Gibraltar se ve la creación de ese Mercantil como un varapalo a las aspiraciones del partido judicial de Algeciras de contar con uno propio que evite los desplazamientos a Cádiz. Como destaca el decano de los jueces de Algeciras, Alberto Ruiz, “nos ha sorprendido que no se haya planteado la posibilidad de crearlo en Algeciras. Por la actividad económica y por albergar el primer puerto del país, uno de los mayores de Europa”.
Fuentes municipales también han mostrado su malestar. El PP ha reclamado en numerosas ocasiones un juzgado de lo Mercantil en Algeciras, una propuesta con respaldo legal: la Ley del Poder Judicial establece que se pueden establecer estos órganos fuera de las capitales de provincia atendiendo a razones de población, “la existencia de núcleos industriales o mercantiles” y la actividad económica. En ambos casos se teme que la creación del Mercantil 2 en Cádiz entierre las aspiraciones algecireñas.
Un tsunami judicial
La paralización provocada por la pandemia de la Covid-19 tendrán una fuerte repercusión en los próximos meses en los tribunales de justicia. Por un lado, por la ralentización de la actividad judicial: se calcula que durante el periodo de alarma, las oficinas judiciales habrán reducido su trabajo al 20%, por lo que con la vuelta al volumen de litigiosidad normal se sumará un 80% de trabajo que ha quedado pospuesto. Por otro están los asuntos consecuencia directa de la crisis causada por la pandemia: según las previsiones del Ministerio de Justicia, el crecimiento de los asuntos ingresados en la jurisdicción social será en 2020 de hasta un 31%; en el ámbito civil, oscilará entre el 30% de 2020 y el 145% en 2021, mientras que en la jurisdicción contencioso-administrativa se estima un incremento del 35% para 2020 y del 125% en 2021.
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