Los juzgados de Algeciras registran 400 diligencias por drogas en un año

Los jueces de Algeciras vienen denunciando desde hace meses el colapso que sufren los juzgados por el aumento de la actividad policial contra el narcotráfico, que se ha traducido en una “avalancha” de investigaciones policiales que requieren autorizaciones de intervenciones telefónicas o registros y un fuerte incremento en el número de detenidos. Ahora, las juezas de Instrucción han traducido ese colapso en cifras: cada juzgado tramitó el año pasado una media de 100 diligencias previas por delitos contra la salud pública, más de un caso al día relacionado con el tráfico de drogas. Tienen a 45 personas de media en situación de prisión preventiva y atendieron 375 expedientes de internamiento en el Centro de Internamiento de Extranjeros cada uno en 2018. Y en las guardias de verano han llegado a atender a 200 detenidos por juzgado.

Así se recoge en un informe elaborado por el Decanato para poner en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la situación de los juzgados. Los cuatro órganos de Instrucción de Algeciras esperan como agua de mayo la apertura del quinto, prevista para el 30 de septiembre junto al quinto juzgado de lo Penal. Pero aparte de estos nuevos órganos, reclaman un refuerzo de dos personas para hacer frente a una carga de trabajo que tiene a las titulares de los juzgados “sobrepasados”.

Esgrimen para ello una serie de datos que son ejemplos de esa situación: cada órgano tiene una media de 15 causas declaradas secretas, ha dictado 52 autos de prisión en guardia o ha tramitado 210 requisitorias al año.

La situación geográfica de Algeciras, punto clave en el paso entre África y Europa y por tanto en la ruta de las pateras, se refleja también en la estadística del trabajo de los juzgados: cada uno incoó en 2018 una media de 15 asuntos por delitos contra los derechos de los extranjeros y tráfico de personas. Los juzgados de guardia, advierten los magistrados, reciben a los migrantes que llegan a las costas de la zona para que se les tramite la solicitud policial de internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros: 375 expedientes de media por órgano en 2018. Y 584 de control del CIE.

Además de estas particularidades, los jueces destacan el elevado índice de delitos sexuales: se incoaron 12 de media por juzgado el pasado año. Y cinco homicidios. Aparte estarían otro tipo de delitos como atentados contra los agentes de la autoridad, contra la ordenación del territorio, contrabando de tabaco, robo, falsedad documental o robos con violencia, “todos ellos muy comunes en este partido judicial”.

Se trata de asuntos complejos, entre los que destacan los relacionados con el tráfico de drogas y organización criminal, a los que “hay que dedicar mucho tiempo”, remarcan. Se dictan multitud de autos judiciales de relevancia que afectan a los derechos fundamentales básicos, que necesitan un estudio detenido para garantizar que las resoluciones que autorizan una escucha o un registro no queden anuladas, y por ende las pruebas. Así, detallan, se dictan autos de autorización de intervenciones telefónicas, balizas y sonorización; entradas y registros en domicilio de particulares; se acuerdan declaraciones de secreto; se bloquean cuentas bancarias; se intervienen bienes cuyo destino hay que decidir; suele haber varias personas privadas de libertad en cada causa, con los correspondientes recursos que resolver... Al final, “se van acumulando tomos y tomos de la compleja instrucción”.

La falta de recursos provoca que sea imposible “dedicar el tiempo necesario a estas causas”, advierten desde los juzgados. Tienen que atender, además, a muchas otras cuestiones como declaraciones de investigados, juicios por delitos leves, videoconferencias y resolución de recursos variados (una media de 1.800 escritos por juzgado en 2018).

Por otra parte, las guardias en el partido judicial son muy complejas y con un número muy elevado de detenidos y las juezas están afrontando guardias semanales cada tres semanas.

La situación de desbordamiento, advierten, está dificultando la instrucción de otros delitos, mientras que también se corre el riesgo muy importante de que “muchas de las personas participantes en estas organizaciones o grupos criminales salgan absueltas a causa de nulidades de resoluciones a las que no se ha podido dedicar el tiempo que se merecen”. También existe el peligro de que la dilación en la instrucción de las causas provoque la puesta en libertad de las personas investigadas por delitos graves por cumplimiento de los plazos máximos de prisión preventiva.

Por todo ello, el Decanato considera que está justificada la petición de refuerzos de urgencia en este momento, “al menos dos, y ello con independencia del quinto juzgado”.