La huelga de letrados suspende medio centenar de juicios a la semana en Algeciras

La huelga indefinida convocada desde el pasado 24 de enero entre los Letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales) ha supuesto la suspensión de una media de entre 30 a 40 juicios en varios órganos judiciales de Algeciras y mantiene bajo mínimos la actividad en el Registro Civil, donde se viven cada día escenas de tensión.

La mayor incidencia de la huelga se está dando, según fuentes judiciales consultadas por Europa Sur, en los cinco juzgados de Primera Instancia, donde se retrasan cada día hasta 40 comparecencias, vistas y otras actuaciones procesales o judiciales de trascendencia. En los despachos se están acumulando las demandas, solo se proveen escritos que sean urgentes (sobre todo de casos de familias con menores) lo que hace temer a los profesionales por el futuro, cuando acabe la huelga y haya que dar salida a toda esta carga de trabajo.

También se están viendo afectados la mayoría de los cinco juzgados de lo Penal, donde la cifra de suspensiones semanales supera la veintena, mientras que de los dos Juzgados de lo Contencioso Administrativo solo uno funciona con normalidad.

La huelga se está notando bastante también en el Registro Civil. El letrado al cargo está en huelga y solo se hacen los servicios mínimos: inscripciones de nacimientos, defunciones y matrimonios. El resto de expedientes no se tramitan. Esto ha generado, según explican las mismas fuentes, momentos de tensión cada día. Por ejemplo, en las últimas horas una persona había tenido que pedir permiso en su trabajo para desplazarse desde Ibiza para una jura de nacionalidad de un hijo. Como no entra en los servicios mínimos, la certificación se ha quedado sin hacer y el hombre tendrá que irse a Baleares y regresar cuando acabe la huelga.

En los juzgados de lo Social y en los de Instrucción los paros están teniendo una incidencia más irregular que apenas afecta a la actividad diaria. Los letrados son pocos porque hay vacantes y tampoco todos están siguiendo la huelga.

El Ministerio de Justicia ha constituido como servicios mínimos todos los casos que afectan a menores, personas con discapacidad, causas con presos, tutela de derechos fundamentales y medidas de naturaleza cautelar.

El conflicto tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas" a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) por la Ley 13/2009, "e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que según el colectivo ha provocado un "insoportable desequilibrio".

La Unión Progresista de Letrados de Administración de Justicia, la Asociación Independiente de Letrados y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de Administración de Justicia reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa, para que "las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo".

Las entidades convocantes, así, señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que el Ministerio de Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".

Pero el Gobierno central asegura por su parte que merced a dicho acuerdo de 2021, este colectivo veía el pasado mes de enero "un incremento de complementos de 206,87 euros" por persona.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, se ha mostrado partidario de que los letrados de la Administración Justicia avisen "con tiempo" de los juicios que quedan suspendidos a causa de la huelga indefinida de este colectivo para ahorrar a las partes desplazamientos innecesarios a los juzgados y "perjudicar lo menos posible" al ciudadano.

El Consejo General de la Abogacía Española ha señalado que la huelga "está perjudicando seriamente el funcionamiento de los juzgados y tribunales", por lo que ha recordado que tanto el Ministerio de Justicia como los convocantes "tienen la obligación de continuar las conversaciones para alcanzar lo antes posible un acuerdo".